Con la creaci�n de las intendencias se intent� impulsar al gobierno provincial como una alternativa del papel dominante que hab�an cumplido las audiencias y el virrey, dotando al intendente de amplios poderes en los ramos de justicia, guerra, hacienda y polic�a. De esta manera, se constituyeron verdaderas capitales locales con una posici�n intermedia entre los distritos y la ciudad de M�xico. En su estructura y formaci�n territorial, las intendencias se basaron en los l�mites de las di�cesis ya existentes y, en el fondo, fueron las "progenitoras de los estados modernos" de M�xico. As�, en la Nueva Espa�a se crearon 12 intendencias en 1786: Guanajuato, M�xico, Guadalajara, Yucat�n, Oaxaca, Durango, San Luis Potos�, Michoac�n, Zacatecas, Puebla, Veracruz y Sonora. Entre �stas, la Intendencia de M�xico —que integraba los actuales estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero y M�xico— abarc� una extensi�n de 116 843 km� de un total de 2 335 628 km�, que se estimaron entonces para el conjunto de intendencias y provincias de la Nueva Espa�a. Alberg� a una poblaci�n estimada en 1 511 900 personas, es decir, un promedio de 12.9 personas por kil�metro cuadrado.
Por otro lado estaba el Marquesado del Valle, parte del cual se encontraba enclavado en el interior de la Intendencia de M�xico. Despu�s de varios y largos pleitos, en 1707 la Corona embarg� las rentas del Marquesado a los descendientes de Cort�s por la participaci�n de �stos en contra de Espa�a y en favor de Austria; no obstante, fue restituido en 1726 y vuelto a embargar en 1734, tambi�n por problemas pol�ticos, aunque este secuestro s�lo dur� poco tiempo. Luego, en 1809, por su colaboraci�n con los franceses, el gobierno nacional espa�ol orden� la confiscaci�n del Marquesado, orden que se suprimi� en 1816 s�lo para recuperar el derecho a cobrar las rentas de las empresas y los censos de su estado. Al terminar el periodo colonial, en la Intendencia de M�xico s�lo quedaban las plazas de Toluca, el ingenio de San Antonio Atlacomulco, el palacio de Cuernavaca y la casa del corregidor en la primera de las ciudades mencionadas. A esto hay que a�adir la pensi�n que pagaban los abastecedores de carne de Cuernavaca y Toluca, adem�s de otros bienes y rentas ubicados en otras partes del pa�s. Parece claro que en su agitada vida, el Marquesado estuvo sujeto a vaivenes impuestos principalmente por la relaci�n de los descendientes de Cort�s con la Corona. Con la creaci�n del sistema de intendencias, al Marquesado se le respet� su independencia y las reformas en nada alteraron su existencia.
A pesar de los problemas que en el conjunto colonial se presentaron para la ejecuci�n del Plan Borb�nico, particularmente entre 1786-1804 por la aparici�n de graves crisis agr�colas, epidemias o guerras internacionales; las reformas alcanzaron su doble objetivo que fue el incremento de la aportaci�n econ�mica de la Colonia a la metr�poli, por una parte, y por otra, acentuaron la dependencia de �sta. En el interior, no obstante, esas reformas produjeron resultados imprevisibles, ya que el golpe y sangr�a que sufri� la Colonia con el nuevo sistema fiscal y mercantil, as� como el que sufri� la Iglesia con la c�dula de enajenaci�n de los capitales de capellan�as y obras p�as, repercuti� sensiblemente en la propiedad agraria, dada la extensi�n y alcance de las hipotecas que gravaban gran parte de haciendas y ranchos. En el plano social, parece que tambi�n fue generalizado el hecho de que un amplio sector de la clase media criolla hab�a sido constantemente relegado en el control y manejo de los asuntos civiles y eclesi�st�cos. Por su parte, el sector m�s bajo del pueblo, compuesto por indios y castas, hab�a llegado a un estado pobre y miserable agravado por epidemias y crisis agr�colas fuertes. De esta manera, frente a la perspectiva reformista de los criollos de la oligarqu�a y de la clase media, la degradaci�n de la plebe miserable pronosticaba otra eventualidad de cambio mucho m�s amenazadora.
Por otra parte, todo el movimiento de alza de los niveles de la poblaci�n signific� en la realidad que, desde fines del siglo XVII y durante todo el siguiente, se incrementaran tambi�n las tensiones en el interior de las comunidades o de los pueblos de indios debido principalmente a la carencia de tierras, pues, como lo muestra Gibson, todas las tierras de "repartimiento" hab�an sido ya distribuidas, por una parte, y, por la otra, las haciendas se hab�an extendido a lo largo de las de comunidad. Ante la falta de tierras, familias enteras carec�an de ellas para su subsistencia; otras arrendaban a las haciendas vecinas; muchas viv�an juntas en cada casa y, cuando la situaci�n era desesperante, "hu�an al monte improductivo", donde viv�an "sin ley ni rey". As�, a fines del periodo colonial, comunidades enteras carec�an de tierras, con excepci�n de sus propias casas. A esto vino a sumarse el hecho de que para el mismo per�odo tambi�n hab�an crecido los sectores de mestizos y castas que presionaban y, cuando pod�an, se apropiaban de las tierras comunales, al menos en el centro de M�xico.
De esta manera, desprotegidos de la seguridad que pod�a proporcionales la hacienda, los pueblos de indios se convirtieron en gran potencial para un levantamiento. Las crisis agrarias, la crisis de la miner�a regional que atravesaba por momentos dif�ciles y el peso de la tributaci�n s�lo vinieron a agravar las tensiones provocadas por el crecimiento de la poblaci�n en el interior de los pueblos. Se hab�a agudizado la dificultad de encontrar una alternativa en la agricultura. El desempleo de gran parte de sus pobladores determin� que en ciertos momentos, como los de 1810, fueran presa f�cil del movimiento revolucionario.
