ESTABLECIDA EN LAS ANTILLAS desde los tiempos de Col�n, la encomienda fue una de las formas de repartimiento de la riqueza. Muy pronto provoc� las protestas de religiosos y juristas, particularmente de fray Bartolom� de las Casas, porque, convertida en explotaci�n, lleg� al grado de originar la despoblaci�n ind�gena de las islas.
Cort�s la implant� en la Nueva Espa�a, para que "los dichos se�ores y naturales sirvan y den a cada espa�ol a quien estuvieren depositados lo que hubieren menester para su manutenci�n" y para el trabajo personal en la agricultura y la ganader�a, exceptuando (aunque te�ricamente) en la miner�a. A�n con prohibici�n real, la encomienda qued� establecida, con modalidades distintas a las de las Antillas. La oposici�n de la Corona a su introducci�n suscit� un serio problema pol�tico y una larga discusi�n legal. El alegato la defini� como un se�or�o limitado sin derechos jurisdiccionales y con percepci�n de tributos, sin menoscabo de la soberan�a real. El encomendero tendr�a obligaciones, como las de contribuir a la defensa del territorio y procurar la paz espiritual del indio doctrin�ndolo; "con inhibici�n de transferido y s�lo si goza del usufructo del trabajo y del producto ind�genas". Mediado el siglo XVII la encomienda hab�a desaparecido casi por completo.
En el Nuevo Reino de Le�n la encomienda fue introducida por Luis de Carvajal. En su capitulaci�n con Felipe II de 30 de mayo de 1579, el rey le autorizaba "para llevar cuarenta piezas de esclavos negros la tercia parte hembras, libres de todos derechos, para el servicio de vuestra persona y casa".
