SANTIAGO MÉNDEZ Y MIGUEL BARBACHANO, hombres que condujeron los asuntos públicos durante poco más de 20 años, llegaron al ocaso del poder a causa del triunfo de la Revolución de Ayutla en 1855, durante el último gobierno dictatorial de Antonio López de Santa Anna. Una generación había venido reflexionando no únicamente en el acontecer diario, sino también en las aulas del Colegio de San Javier y en el Colegio de San Miguel de Estrada, así como en el desempeño menor de cargos en la administración pública. La encabezaban Pablo García y Montilla y Tomás Aznar Barbachano; atrás de ellos otros jóvenes, quienes, todos juntos, formaron la generación que se rebeló en contra del orden impuesto y consumaron la creación del estado de Campeche.
Las dificultades mayores se presentaron en 1857 a causa de irregularidades en la elección del gobernador del estado, Pantaleón Barrera. Pablo García, que entonces tenía 33 años y había sido electo diputado, abandonó la sala de sesiones del Congreso local en Mérida en el mes de julio, argumentando falseo del proceso electoral. Enseguida comenzaron las sublevaciones en diferentes poblaciones, principalmente del distrito de Campeche, pidiendo que se convocara a nuevos comicios; las fuerzas militares persiguieron a los sublevados, pero aplacados unos, aparecieron otros. La noche del 6 de agosto de 1857 varios campechanos agrupados alredor de García y Pedro Baranda se apoderaron de los baluartes de Santiago y la Soledad, así como de la maestranza de artillería. Al sucederse las negociaciones solicitaron la destitución del Ayuntamiento de Campeche por su filiación mendista, así como la del administrador de la Aduana y otras condiciones no del todo justificadas. Poco después, el 9 de agosto, se desconoció en el acta de esa fecha al Congreso y al gobernador Pantaleón Barrera, por falta de libertad en las elecciones. Cesaron al Ayuntamiento y nombraron a otras personas. Pablo García fue designado jefe político y militar, y comenzó a recibir adhesiones de otros lugares del distrito. Envió circulares a funcionarios federales pidiéndoles su opinión; el titular del juzgado de Distrito, Justo Sierra O'Reilly, respondió —sin dejar de hacer valer su calidad de empleado federal—:
[...] soy republicano de buena fe [...] creo que la acción reguladora de la sociedad sobre sí misma pertenece a ésta de pleno derecho y profeso el dogma de la soberanía del pueblo [...] estoy persuadido de que el pueblo por sí, o por medio de sus representantes, puede cambiar su situación cada vez que lo tenga por necesario [...]
Como las pasiones no distinguen el bien del mal, en la revuelta asaltaron su domicilio y destruyeron la biblioteca, con lo que se vio obligado a cambiar su residencia a Mérida. La turba no diferenció cualidades morales ni méritos intelectuales, solamente supo que era yerno del poderoso político Santiago Méndez.
Creció el apoyo y el nuevo líder tomó decisiones rápidas. Como jefe político y militar de Campeche, asumió la responsabilidad de hacer conocer al presidente de la República, Ignacio Comonfort, la orientación del movimiento del 7 de agosto. En ese sentido, se dirigió a él con fecha 12 de agosto de 1857 y le dijo que lo acontecido en Campeche tenía el apoyo popular, ya que representaba la inconformidad por los manejos de la aduana, así como de diferentes ramos del gobierno.
Las dificultades entre pronunciados y autoridades del estado fueron alejándose de una conciliación inmediata y se pidió la renuncia del gobernador Pantaleón Barrera. Éste envió fuerzas militares jefaturadas por el coronel Manuel Cepeda Peraza, quien llegó a establecerse en Tenabo, y el 8 de septiembre conminó a García a modificar su actitud de rebeldía. Como éste se negó, se suscitaron algunos enfrentamientos sin resultado definitivo. Barrera renunció al gobierno; lo sustituyó Martín F. Peraza y cesaron las hostilidades, mas no la crisis, en cuyo transcurso fue tomando fuerza la necesidad de dividir la península.
Refiere un autor de la nueva generación que cuando se levantaron las barricadas en la ciudad murada, su primera preocupación fue establecer un periódico que sirviera de cauce y divulgación a sus ideas. Así fue como nació El Espíritu Público, órgano liberal que comenzó a dirigir Santiago Martínez Zorraquín.
Las acciones de García para unificar en agosto de 1857 la decisión del rompimiento con Yucatán, así como la adhesión al Acta del día 9, no fueron fáciles y tuvo que ejercer la autoridad que ostentaba. En consecuencia, el día 19 se dirigió al jefe político del Carmen pidiéndole que no impidiera la libre manifestación de los laguneros, de quienes él tenía conocimiento que deseaban adherirse a su proyecto. Le advirtió que para proteger la libre expresión había instruido al capitán Andrés Cepeda Peraza para que con las fuerzas a su mando desembarcara en Las Pilas y, acercándose a la población, diera oportunidad a los habitantes para que expresaran sus opiniones. No dejó de ser ésta una medida de presión por lo que días más tarde, gracias a Nicolás Dorantes y Ávila, García se enteró de que contaba con el apoyo de los laguneros. El hecho no fue pacífico, ya que hubo víctimas: murieron en el marco de la proclamación Jerónimo Castillo y Santiago Brito, quien se había resistido a los objetivos de García. Igualmente, Pablo García separó de la jefatura política del Carmen a José del Rosario Gil y envió desde Campeche a José García y Poblaciones, a quien también concedió la comandancia militar del partido; es decir, no quiso correr el riesgo de que alguna región se opusiera a los designios que el grupo quería alcanzar.
García, enterado del rumor de que Santiago Méndez estaba en el Carmen buscando embarcarse para ir a Veracruz y de ahí a México, sospechó que informaría equivocadamente al presidente Comonfort, por lo que dispuso que le impidieran abordar algún navío. Para movilizarse por el litoral, requisó temporalmente el paquebote Arrogante y el bergantín goleta Unión, cuyos dueños eran empresarios del puerto. Quienes no simpatizaron con el movimiento fueron detenidos, como fue el caso del doctor Gregorio Sauri en Champotón. El 11 de septiembre de 1857, Pablo García ordenó al comandante de la columna volante:
Por la mañana al rayar el día en cualquier punto donde se encuentre la fuerza del mando de usted, dispondrá que a presencia de ella se les dé 50 palos a Hilario López y otros tantos a Hipólito Jardines; después de este acto, bien asegurados, los remitirá en el momento para esta plaza custodiados por la fuerza de la Compañía Echavarría y al mando del Teniente Manuel González.
Este castigo se debió a que los citados, junto con los cabos Luciano Casanova, Joaquín Ribón y Luis Veram, habían promovido voces subversivas; en consecuencia, también estos tres fueron condenados a recibir una paliza igual.
Otros ciudadanos que, aunque pacíficos, habían tenido algún nexo con Santiago Méndez fueron arraigados por disposición del 26 de septiembre. García ordenó al alcalde del pueblo de Lerma que, en virtud de una solicitud de los vecinos del barrio de San Román y teniendo la necesidad de conservar la tranquilidad pública, era necesario notificar a Raymundo Nicolín, Eleuterio Méndez, Justo Sierra y José María Castillo "que a las tres de la tarde deben hallarse sin causa ni pretexto en esta ciudad, en sus casas, dando aviso de su llegada". No quería dejar un cabo suelto y mucho menos si no se era adicto a su movimiento. Impuso préstamos a los comerciantes y enroló en sus filas a un buen porcentaje de los sirvientes de las haciendas. Su estrategia era congruente con la política que deseaba hacer prevalecer, como en el caso de los peones. Así, en un documento del 28 de septiembre, le dice al jefe político de Seybaplaya:
Necesario es que los dueños de dichos establecimientos tengan presente que la salud pública es la primera ley, que el carácter de los sirvientes de un predio no borra la cualidad de ciudadanos ni exime a nadie de las obligaciones que tiene para con su patria; que el servicio va a prestarse solamente durante la necesidad que no puede durar sino pocos días, y que es un rasgo muy marcado del más miserable y punible enemigo negarse a concurrir a la defensa del honor del país y de las libertades públicas por el mezquino interés particular.
Tan enérgica disposición parecía obedecer al encuentro con un enemigo irreconciliable; además, García determinó que si el hacendado no hiciere caso, debía ser aprehendido y remitido a la jefatura política. No dejó más que un camino y una sola dirección: la independencia del distrito, aunque las medidas tocaran los límites de la rudeza.
De agosto a diciembre de 1857 numerosas poblaciones se adhirieron a la proclama de García y Barrera dejó la gubernatura en poder de Martín F. Peraza. Por todo ello, no fue casual que en abril de 1858 hubiera un consenso mayoritario para la creación del nuevo estado. Ciertamente Yucatán no estaba de acuerdo, pero la prudencia se impuso en el conflicto y se consideró que la república había iniciado el camino de la Reforma a los acordes de la guerra civil y que únicamente el gobierno legítimo, a través de los supremos poderes, expediría la solución final, cuando se diera por concluida la lucha entre conservadores y liberales. En consecuencia, el 3 de mayo de 1858 se firmó el Convenio de División Territorial, que entre otros puntos estipulaba los respectivos a línea divisoria, obligaciones en la guerra contra los indígenas, impuestos y aranceles; se publicó en la ciudad de Campeche con la solemnidad del caso el 15 de mayo. Consecuencia inmediata del Convenio fue la expedición de un documento de cuatro puntos por el cual la junta Gubernativa del Distrito de Campeche e isla del Carmen declaró tener la voluntad de erigirse en estado, reconociendo como gobernador a Pablo García y estableciendo que la designación de comandante recaería en Pedro Baranda; además nombraron un Consejo de Gobierno que se integraría con cinco miembros. Así quedó, en el terreno de la controversia regional, solucionado un problema tan antiguo como la república misma; sin embargo, la legalidad federal imponía condiciones diferentes a la manera como se manejó la cuestión, ya que no estaban cumplidos los requisitos señalados en la Constitución de 1857, que en el artículo 43, al referirse a las partes integrantes de la Federación, no reconocía a Campeche sino como parte del estado de Yucatán; es decir, era imprescindible una reforma constitucional.
García envió al presidente Juárez, al puerto de Veracruz —residencia del gobierno liberal—, toda la documentación pertinente para la institución y funcionamiento de una entidad consolidada de hecho. Se le respondió que los papeles serían remitidos al cuerpo legislativo constitucional tan luego como se instalase, en virtud del desfasamiento gubernamental por causa de la Guerra de Reforma; el presidente Juárez admitió los sucesos, pero los condicionó a la respuesta del Congreso. Frente a esto, el gobernador García se apresuró a enviar a principios de 1859 una comisión que se acreditase cerca del presidente Benito Juárez, para referirle la cuestión campechana. Llegó a Veracruz encabezando la misión Federico Duque de Estrada, y aunque fue admitida la representación, el Ministerio de Gobernación lo invitó a que expresara el objetivo de su viaje, el cual sintetizó en cinco puntos: la aprobación del acta del 9 de agosto de 1857, con lo cual García tácitamente pedía su reconocimiento como guía político y militar; la aprobación de los actos de gobierno emanados del movimiento del 7 de agosto, dando a entender que se admitieran los procedimientos para financiar sus acciones (recursos federales que se tomaron de las aduanas y préstamos a particulares). Los otros puntos se dirigían a la destitución y designación de funcionarios de los ramos de Hacienda y Militar. El 29 de abril de 1859 el ministro de Gobernación, Melchor Ocampo, respondió en términos de la política que imponían las circunstancias, pues seguramente no deseaba abrir un frente nuevo en materia de controversia constitucional, y le respondió a García con un acuerdo preliminar, admitiendo conformidad en lo que no se opusiera a la Constitución, y siempre y cuando no se vulneraran las facultades del Congreso de la Unión. Fue una sanción, pero condicionada.
El momento político y los sucesos de la Guerra de Reforma aliviaron las preocupaciones de Pablo García, ya que la paz nacional y la reunión del Congreso iban a requerir de un par de años para su consolidación. Estas circunstancias providenciales le ofrecieron un tiempo valioso para que emprendiera una tarea de agrupamiento en lo político y de adelanto en el gobierno. Expidió una Ley Orgánica para la Administración Pública el 25 de mayo de 1858; declaró día de festividad pública el 7 de agosto para establecer una conciencia cívica irrefutable; en junio de 1859, firmó con el estado de Tabasco un convenio de mutuo auxilio a fin de preservar las instituciones liberales; en abril de 1860, realizó un levantamiento de actas en barrios de la ciudad para que él ostentara el mando político y militar, de modo que Pedro Baranda quedara nulificado. Así comenzó el distanciamiento entre aquellos personajes. Joaquín Baranda fue desterrado en 1862 como consecuencia del rompimiento.
No todos los días fueron de paz: el joven líder necesitó enfrentar los problemas de la Guerra de Reforma pero además dio una atención constante a los asuntos públicos, ya que a mediados de 1859 Pantaleón Barrera, el ex gobernador enemigo, impulsó un movimiento en Hopelchén que pedía la reincorporación de Campeche a Yucatán; no obstante, fracasó y García siguió en el mando político y militar.
A fines de 1860 fueron derrotadas las fuerzas de la reacción y el gobierno del presidente Juárez expidió en Veracruz la convocatoria para la elección de presidente de la República y diputados al Congreso de la Unión. Este documento se publicó en Campeche acompañado de otra convocatoria: la de elección de constituyentes locales, con la misión principal no sólo de elaborar un documento de tal importancia, sino la de presentar un escrito que solamente era facultad de los estados que legalmente eran parte de la Federación. Fue, a no dudarlo, otro golpe de audacia; las principales funciones de la asamblea fueron hacer oír su voz ante el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, para el reconocimiento de Campeche como estado de la Confederación y expedir su Carta Constitucional y leyes orgánicas, ello en un plazo de cuatro meses.
