LOS HECHOS HISTÓRICOS DEL AMPLIO PERIODO de 1857 a 1910 no sólo fueron políticos, también fueron años de injusticia y penurias que alcanzaron a la parte más sensible de una sociedad unas veces indiferente y otras brutalmente parcial. Desde luego, los problemas que afrontó la agricultura tienen sus antecedentes en el territorio común de la península, y se caracterizan por el profundo cambio que sufrió la región —con sus peculiaridades locales— en el momento de la llegada de los conquistadores españoles, quienes despojaron al indígena maya de su legítima propiedad y lo redujeron a una esclavitud no disimulada. Las diferencias sociales y económicas suscitaron luchas constantes entre unos y otros, que culminaron en la Guerra de Castas en 1847, que desquició cualquier vestigio más o menos estable de la agricultura regional. Diferencias irrenconciliables entre españoles, sus descendientes y la familia indígena. Cuadro dramático que Sierra O'Reilly describió como una dificultad casi insuperable, debido al abierto rechazo de ambas razas a mezclarse, a causa de los medios prescritos por la ley y la religión. Se levantó un muro invencible entre las dos sociedades y apareció una especie de extravagante aristocracia, hija de las absurdas pretensiones de nobleza de algunas familias que se envanecieron de carecer de sangre indígena.
Además del injusto reparto de la propiedad rural, la tradicional servidumbre por deudas hizo estallar la lucha fratricida. Los años que se sucedieron fueron de desolación, hambre, horas interminables de pobreza y violencia que se extendió hasta el año de 1901 y que devastó la agricultura regional, como lo apuntó Tomás Aznar Barbachano, agente de la Secretaría de Fomento en la ciudad de Campeche en 1852. Antes de 1847, en Los Chenes, "región conocida como la montaña", se encontraron magníficas tierras vírgenes, adecuadas en especial al cultivo de la caña de azúcar. Como eran baldías, fomentaron la aparición de multitud de ranchos, pero cuando se desbordó la sublevación en 1848 y se detuvo apenas a siete leguas de Mérida y a dos de Campeche, la agricultura perdió cuanto había conquistado. El desastre agrícola fue causado por el odio entre unos y otros.
Después de la Intervención francesa la lucha persistió y el gobernador García destacó fuerzas armadas para sofocar las rebeliones indígenas. En agosto de 1867 Joaquín Baranda escribió un artículo cuyas líneas hablan por sí mismas:
No hay cosa que respire más lástima que la presencia de un indígena. Con su cabeza baja, con su cabeza compungida, sus brazos cruzados, se presenta queriendo besarle la mano a aquel con quien habla, invocando siempre el nombre de Dios y jurando a cada palabra. ¡Lamentable humillación! Al contemplar a esos seres desgraciados hemos reflexionado. Éstos son los que nos hacen la guerra; éstos son los que nos hacen tanto daño; éstos que se arrastran como culebras son los que después vienen a insultarnos y a despedazarnos.
Un legislador, queriendo mitigar la situación, logró que se aprobara el 3 de enero de 1868 la suspensión de los trabajos sin retribución a que se obligaba a los sirvientes de las haciendas y que se denominaban lunes col. Se comenzó a estudiar una Ley Agraria que, después de discusiones en el Congreso local de Campeche, se expidió el 3 de noviembre con el nombre de Ley para el Servicio de los Establecimientos de Campo, que establecía que los sirvientes de campo, jornaleros y asalariados quedaban protegidos por condiciones contractuales. Pero al tratar de los sirvientes adeudados, consideró que los menores podían ser obligados a trabajar en la finca por cuenta de los adeudos de sus padres. Además, determinó medidas para que no salieran de la finca donde estuvieran concentrados y, si se fugasen, fueran detenidos por cualquier autoridad o ciudadano, castigados en trabajos de obras públicas y devueltos después al hacendado. "Los gastos erogados en la aprehensión de los sirvientes prófugos serán pagados por los propietarios a cuenta del sirviente".
Esta protección a los intereses de los dueños de las fincas generó una especie de esclavitud bajo el pretexto del fomento agrícola. El gobierno de Baranda quiso enterarse en 1871 de los resultados de la ley citada y solamente Marino Durán tuvo la fortaleza de pronunciarse en contra, pidiendo reformas para variar las condiciones desfavorables al sirviente. En efecto, siendo jefe político de Champotón, señaló el 23 de febrero que los sirvientes habían alimentado la riqueza de los propietarios y que, además, la ley daba margen no solamente a la desmoralización sino también a la fuga; que atacándose la garantía constitucional de servir a quien mejor le pareciera, el peón estaba encadenado por el sistema de la deuda y por ella condenado a servir en la miseria, además de que era sometido a la pena de azotes. La protección a los hacendados y a la producción agrícola obligó a la observancia de disposición tan parcial, que siendo reconocida por gobernantes, no se atrevieron a modificarla. La represión legal fue todavía más allá. Los códigos civil y penal otorgaron garantías a los finqueros en sus procedimientos, y el de Procedimientos Criminales autorizó a que se estableciera un sistema policiaco dentro de las haciendas, de modo que el encargado o mayordomo tenía funciones de amo y policía, en cuya virtud era usual que los hacendados justificaran por la vía penal arbitrariedades como las que practicaba el dueño de la hacienda Yax, que tenía la costumbre de propinarle a la peonada de 25 a 150 latigazos. En la historia de las leyes de Campeche, 1879 fue una vergüenza por la legitimación del esclavismo, como lo demuestra un solo ejemplo: la fracción I del artículo 24 del Código de Procedimientos Criminales señalaba que la Policía Judicial se ejercía en el estado por los mayordomos y administradores de las fincas rurales que estaban a su cargo. Fue la revolución de 1910 la que acabó estas imposiciones.
