Todos estaban interesados en la colonización, debido a la consciente necesidad de aumentar la producción en el campo. Las inquietudes no tenían únicamente carácter oficial, también despertaron el interés de algunos propietarios de fincas rústicas que por su cuenta y riesgo el 13 de diciembre de 1881 firmaron contrato con un enganchador para que enviara colonos procedentes de Oaxaca, con las facilidades de vivienda y excepciones fiscales. En junio de 1882 se publicó que Leandro Regil y compañía habían contratado en Islas Canarias a 400 familias que se establecerían en el estado, arribando en el inmediato mes de octubre. En mayo del citado año, Rafael Portas Martínez había ofrecido al gobierno federal ceder de 12 a 16 leguas de su hacienda San Antonio Pom para los propósitos referidos. Siguieron publicándose iniciativas, permisos y premios, pero los ya famosos canarios no llegaban. El 27 de febrero de 1883 Portas Martínez comunicó al Ministerio de Fomento el ingreso de 14 personas a la Colonia Portas de Pachaiché.
Pero esas tareas de colonización fueron insuficientes, además de que faltaba una política paralela en favor de los peones avecindados, que al no existir siguió provocando malestares sociales, como a fines de marzo de 1885, cuando se sublevaron los sirvientes de la finca Pachaiché y mataron al administrador José María Regil Pascual. Apenas las autoridades conocieron el suceso, pusieron a la Guardia Nacional del Partido de Champotón a disposición de las autoridades judiciales para la aprehensión de los sublevados. En los años anteriores ya se habían presentado situaciones similares, como la insubordinación de los sirvientes en la finca Xibulché y en la hacienda Multunchac, y otras que se sucedieron posteriormente. No fue por nada que Genaro Raigosa haya dicho que los bajos salarios, aunados a la servidumbre por deudas, tenían al peón en una situación peor que la del esclavo, pues los sistemas de trabajo en las haciendas, lo mismo el peonaje que la aparcería, seguían ajustados a moldes coloniales. En el sistema de peonaje, el más extendido e inhumano, continuaban los salarios de hambre, los castigos corporales y las tiendas de raya.
Pero los buenos propósitos y el reconocimiento de las injusticias no cambiaron la situación. Por su parte, la inmigración no logró los índices esperados y, en 1893, el gobernador Leocadio Preve apenas pudo informar que habían llegado a la entidad un poco más de 800 colonos; a mediados de la década de 1890 comenzó a correr la idea de que era preferible la autocolonización. La discusión ocupó tiempo y espacio en los periódicos, como por ejemplo el artículo de Luis Siliceo: "Cuán humano y patriótico sería primero colonizar a los millares de indígenas que viven sin pan y sin hogar, en vez de contratar por decenas a individuos de otras naciones que tan caro cuestan al tesoro".
Se tenía conciencia del problema, pero no había verdadera voluntad de solución por parte de los hacendados. Las iniciativas oficiales llamaron la atención sobre el poco avance agrícola conseguido bajo esas condiciones. El propietario de todas maneras veía crecer su fortuna, de modo que no le importaban las condiciones económicas y sociales de los peones. Una muestra más de esta indiferencia se dio en 1899, cuando el gobernador Carlos Gutiérrez requirió a varios personajes para formar una junta consultiva de agricultores que habría de evaluar las dificultades. Gutiérrez deseaba mayor producción y no hizo a un lado el problema real, es decir, la falta de los más elementales principios de justicia entre dueños y sirvientes, con jornales equitativos y deberes y obligaciones recíprocas; pero las condiciones tradicionales de explotación y discriminación fundaban la riqueza de los hacendados y no era posible eliminarlas con juntas o consejos en los que sólo tomaban la palabra los beneficiados. Así, en 1902 se insistió en la contratación de inmigrantes martinicos y japoneses.
