La alianza entre los militares criollos y las fuerzas de Vicente Guerrero, pactada en el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, abrió paso a la consumación de la independencia. A pesar de que gran número de militares se sumaron al acuerdo, la comandancia general de las provincias septentrionales se opuso firmemente a esa resolución. Mostrando una gran lealtad al dominio español, el comandante Alejo García Conde ordenó la movilización de tropas situadas en Chihuahua para combatir a los partidarios de la independencia. Coherentes con su postura a lo largo de la década de guerra, los vecinos principales de la villa de Chihuahua financiaron la salida de las tropas locales hacia el sur. En agosto de ese mismo año de 1821, las tropas del general Pedro Negrete, uno de los simpatizantes de Iturbide, sitiaron la capital de la intendencia de Nueva Vizcaya, Durango, cuyas autoridades se oponían a la independencia. Desde Chihuahua se enviaron 400 hombres para reforzar a la capital provincial, pero ya no llegaron. El 21 de agosto, en San Bartolomé, los oficiales de esa fuerza decidieron cambiar de bando y secundar el Plan de Iguala, logrando el apoyo de la población local. Ante esas circunstancias, García Conde decidió deponer las armas y sumarse a la independencia el 27 de agosto, día en que concluyó el dominio español en esta tierra. Un mes después, las tropas de Vicente Guerrero y de Agustín de Iturbide, el llamado Ejército Trigarante, entraron a la ciudad de México. Así comenzaba la vida independiente.
La organización del nuevo país fue muy complicada. Casi desde el primer momento se creó una honda división entre quienes sostenían la necesidad de mantener un poder central fuerte, a la usanza del sistema colonial, y aquellos que, imbuidos por la experiencia del federalismo norteamericano y por el constituyente de Cádiz, pugnaban por una fórmula republicana consistente en la unión de estados libres y soberanos, con un poder local claramente definido. La caída del imperio de Iturbide en mayo de 1823 abrió el camino para la organización del país como república federal. No es de extrañar que el 31 de enero de 1824 el Congreso General decretara la organización política de acuerdo con ese sistema, lo que implicaba dar paso al surgimiento de los estados.
En el acta constitucional de enero de 1824, emitida por el Congreso General, la antigua Nueva Vizcaya sobrevivió como tal con el agregado de Nuevo México; a la entidad federativa se le denominó Estado Interno del Norte. Sin embargo, los políticos duranguenses se opusieron con firmeza a que Durango formara parte de esa enorme entidad federativa; la oposición era más viva aún por el esfuerzo chihuahuense encaminado a lograr que la, ciudad de Chihuahua quedara como la capital estatal. Los duranguenses deseaban un estado pequeño, con su capital en la ciudad de Durango. En cambio, los chihuahuenses, evidenciando su gran desamparo, insistían en la unión con Durango y Nuevo México y, por supuesto, sostenían que la ciudad de Chihuahua debía ser la sede del gobierno estatal. Esta disputa, que no mostraba más que la vieja rivalidad entre los principales centros urbanos de la extinta Nueva Vizcaya, concluyó en el verano de 1824 cuando el Congreso General concedió en gran medida razón a los diputados duranguenses y resolvió formar dos estados separados (Durango y Chihuahua) y un territorio federal (Nuevo México). Los linderos de Chihuahua se trazaron con los elementos disponibles: al norte el poblado de Paso del Norte y al sur la hacienda de Río Florido. Al oriente y al poniente, es decir, el desierto y la serranía, no se lograron precisar claramente los linderos. Quizá esa precisión no era tan necesaria en esos puntos cardinales, aunque luego se presentarían conflictos de límites tanto con Sonora como con Coahuila.
Hasta donde es posible saber, nadie disputó el derecho de la ciudad de Chihuahua, elevada a ese rango en 1823, a fungir como capital de la nueva jurisdicción. En ello influía sin duda la trayectoria económica, demográfica y política de la antigua villa de San Felipe Real de Chihuahua. Ninguna otra población había sido cabecera de la Comandancia General de las Provincias Internas ni tampoco ningún otro asentamiento contaba con una iglesia parroquial de las dimensiones de la de Chihuahua. Éstos eran atributos de peso.
El 8 de septiembre de 1824 se instaló el Primer Congreso Constituyente del estado, que nombró al primer gobernador provisional, el coronel José de Urquidi, quien de inmediato se dio a la tarea de organizar el aparato político local. Los antiguos funcionarios civiles, religiosos y militares de la administración española y los vecinos principales, convertidos lentamente en grupo político, comenzaron a construir una dimensión novedosa de la vida local: las disputas y la competencia política. Al igual que en el resto de las entidades, en Chihuahua se formaron grupos políticos para elegir a las autoridades, hecho inusitado hasta entonces. El florecimiento de la vida política local en los estados trajo consigo la decadencia del poder central y, en esa misma medida, de la ciudad de México. Ya se verán en el próximo capítulo las implicaciones de este importante cambio político.
El 9 de diciembre de 1825 el Congreso Constituyente, empezando con la frase "En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de las Sociedades", expiró la primera Constitución Política del estado. El poder ejecutivo quedaba a cargo de un gobernador que sería elegido cada cuatro años; el poder legislativo estaría en manos de 11 diputados que durarían en su cargo dos años y que tenía entre sus funciones la de elegir al gobernador y al vicegobernador. Por su parte, el poder judicial quedaba formado por un Supremo Tribunal de Justicia, cuyos integrantes (los magistrados) eran elegidos por el Congreso local. Con la organización del poder judicial del estado se extinguió la jurisdicción de la Audiencia de Guadalajara sobre este territorio. El gobierno general mantuvo a un comandante militar en cada entidad federativa, dependiente del Ministerio de Guerra. Sin embargo, estos comandantes militares no tendrían gran fuerza, lo que expresaba puntualmente la debilidad del gobierno general.
Una ley de enero de 1826 dividió al estado en 11 partidos, con cabecera en
las siguientes poblaciones: Chihuahua, Parral, Paso del Norte, San Juan Nepomuceno,
Cusihuiriachic, Concepción, Batopilas, San Gerónimo y San Pablo Tepehuanes.
En estos mismos años el Congreso local decidió cambiar los nombres de algunas
poblaciones: San Gerónimo pasó a ser Aldama; San Juan Nepomuceno recibió el
nombre de Galeana; y Balleza fue el nuevo nombre de San Pablo Tepehuanes. Otras
poblaciones que cambiaron de nombre fueron San Bartolomé (valle de Allende),
Santa Cruz de Tapacolmes (Rosales), Guajoquilla (Jiménez) y San José del Parral
(Hidalgo del Parral). En 1859 Concepción fue rebautizada con su actual nombre,
Guerrero. Cada partido estaría bajo el mando de un jefe político, quien fungiría
también como presidente del ayuntamiento de la cabecera. Los pueblos con más
de 20 00 habitantes contarían con sus respectivos ayuntamientos, encabezados
por un alcalde que tendría funciones judiciales. En los sitios con una población
entre 800 y 2 000 habitantes, se designaba una junta municipal. Con estas disposiciones,
que afianzaban la tendencia política surgida de la Constitución de Cádiz, los
ayuntamientos se convirtieron en espacios decisivos en la organización política
local. En unos cuantos años estas nuevas instancias del poder político se habían
extendido a lo largo y ancho del territorio. Hacia 1790 sólo había ayuntamientos
en Chihuahua, Parral, Cusihuiriachic, San Gerónimo, San Pablo y Guajoquilla.
Esos nuevos organismos, al basar su existencia legal en el número de habitantes,
reconocían la importancia ganada por esos núcleos de población, tanto en términos
demográficos como económicos.
FUENTE: Graziella Altamirano y Guadalupe Villa (comps.), Chihuahua. Textos de su historia 1821-1921, México, Gobierno del estado de Chihuahua/ Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/ Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1988, t. I. P. 235.
Si se sigue con el modo de estimar la distribución de la población de la entidad, al norte y sur del capital del estado (y se deja de considerar el número de habitantes de la capital), tenemos que 37 474 habitantes, o 33%, se hallaban en la parte norteña del estado y el resto, aún la mayoría, en la parte sureña. Pero esta distribución contrasta con la situación de 1788, expuesta en el cuadro IV.2 en la que apenas 11% de la población vivía al norte de la villa de Chihuahua. Sin duda, la pacificación apache es un elemento importante en este comportamiento de la población local.
Los años de auge económico y demográfico habían redistribuido de mejor manera a la población. Ello se muestra también en el hecho de que la capital del estado no era, ni con mucho, la jurisdicción más importante en términos demográficos. Dos áreas agrícolas, el Valle de San Bartolomé y el Papigochic, y un distrito minero (Parral), superaban en población a la ciudad de Chihuahua.
Los nuevos gobernantes, encabezados por el primero de ellos, Arce, se dieron a la tarea de poner en funcionamiento el aparato de gobierno. Eran años de relativa bonanza; por ejemplo, los ingresos gubernamentales eran mayores que los gastos. Se temía que el gobierno general insistiera en controlar el monopolio del tabaco, que era una de las principales fuentes de ingresos del gobierno de Chihuahua; así lo señalaba el gobernador Arce en su mensaje de 1° de julio de 1826. Varios descubrimientos mineros, realizados en las postrimerías del dominio colonial, habían contribuido a esa prosperidad del nuevo estado. En particular, destaca el de las vetas de Jesús María (el actual Ocampo), ocurrido en enero de 1821, que pronto atrajo a gran número de empresarios mineros, trabajadores y comerciantes. En poco tiempo este conglomerado mereció la formación de un nuevo ayuntamiento.
En estos primeros años, los estados contaban con grandes facultades que mostraban la vigencia de su soberanía, por ejemplo sobre terrenos baldíos y colonización. El gobierno local expidió una ley sobre esta materia en mayo de 1825 para fomentar el poblamiento en varios puntos del estado, como las márgenes de los ríos Conchos y Bravo; disponía que el producto de las ventas de esos terrenos pasaran al gobierno local y también ordenaba que las tierras de los pueblos indios pasaran a ser propiedad privada. En materia educativa, el gobierno local dispuso de una importante partida para fomentar la educación pública, de tal suerte que para 182 existían ya 67 escuelas primarias en las cabeceras municipales y en sus principales secciones; los niños inscritos ascendían a 2 532. En diciembre de 1827 abría sus puertas la institución que más tarde se convertiría en el Instituto Científico y Literario, a cargo del padre Antonio Cipriano Irigoyen. El predominio cultural, literario, educativo y político de la ciudad de Chihuahua era evidente. Desde octubre de 1825 había comenzado a funcionar la primera imprenta en la capital del estado; en 1856 se abriría la segunda en Parral y en 1864 y 1865, respectivamente, en Guerrero y Paso del Norte. Esa diferencia de años mostraba el nivel alcanzado por la ciudad capital.
