Bajo el signo de la esperanza —nuevo gobierno y los sueños del ferrocarril— se celebraron las fiestas patrias; Miguel Bazán, diputado recién electo, "pintó con patéticas frases el cuadro decadente que ofrece la situación actual del Estado, en su comercio, agricultura, industria y demás ramos de producción", para expresar a continuación la confianza del pueblo en un cambio radical "bajo la influencia del nuevo gobierno que se va a inaugurar". Las poesías infaltables estuvieron en labios de Atanasio Orozco, Manuel Rivera y Miguel García Topete, quien hacía sus pininos en la administración pública. El profesor Francisco Montenegro y su orquesta amenizaron la serenata desde el kiosco que se estrenaba. Los comentarios en torno a la obra de arte inspirada y alentada por el general Pedro A. Galván fueron positivos: "por su airoso aspecto, por su construcción sólida y por lo bien que armonizan las callejuelas que dividen los bancos de tierra dedicados para la plantación del jardín".
El 16 de septiembre el VIII Congreso se declaró legalmente constituido. Francisco R. Almada lo denomina "Legislatura VIII bis" para distinguirla de la extinta por fallo senatorial, cuyos diputados se habían sentado en las bancas del Congreso de diciembre de 1879 a junio de 1880. Así echaba a caminar "el primer periodo de sus sesiones, dentro del segundo año de su duración". A fin de cuentas quedó restablecido el orden constitucional. En la opinión de los nuevos representantes populares que estrenaban traje, la trifulca pasada "vino a afirmarnos más y más en nuestras creencias republicanas y a vivificar la fe que tenemos en nuestras instituciones". El mismo día, por la tarde, todo Colima se trasladó al Llano de Santa Juana, remozado con prisas por la Junta Municipal, para un festival de tiro al blanco, presidido por las bellezas locales Hermelinda Castellanos, Clara Meillón y Eufemia Robles.
El 17 de septiembre Ignacio Cobián envió un telegrama avisando haberse entrevistado con Mr. Sullivan, el nuevo héroe de Colima: "Ingenieros estarán en Manzanillo en dos meses para reconocimientos. Comenzarán trabajos en cuatro meses". El mensaje, dirigido a Miguel Bazán y Jorge Oldenbourg, tardó en llegar tres días. Casi coincidiendo con esta grata noticia, vino otra de mal presagio: en río Hondo había sido asesinado de tres balazos Greenwood, ingeniero en jefe de la Compañía Sullivan; el presidente Porfirio Díaz, "indignado por este hecho, ha telegrafiado a varios gobernadores" y a diversas autoridades encargándoles la inmediata detención del asesino.
La noticia de este crimen que presagiaba nubarrones en el horizonte, una indisposición de salud del coronel Santa Cruz en vísperas de asumir el mando que hizo temer lo peor, y la supersticiosa coincidencia de que estallase el fuego en una casa comercial en pleno centro de Colima, enfriaron los ánimos. En la madrugada del 20 de septiembre las campanas a rebato despertaron al respetable: la mercería de Antonio Álvarez Ríos estaba ardiendo. El gobernador Galván y el prefecto político corrieron al lugar del siniestro, donde hallaron numerosos vecinos que se habían apresurado con cubetas de agua para socorrer al afligido dueño. Los funcionarios impartieron órdenes oportunas y eficientes; la fábrica de hilados de La Atrevida y el giro comercial Kebe van der Linden enviaron un par de bombas de agua; el maestro de obras Lucio Uribe, Federico Schacht, Juan Mancke, Federico Kuhlmann y Adolfo Kebe, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de la cúpula política, hicieron de bomberos. El esfuerzo conjunto del más importante alarife de Colima y de los dignos representantes de la disciplina prusiana fue en vano: todo quedó destruido. Las autoridades se atusaron los bigotes porque aquella quemazón, en las circunstancias por las que pasaba Colima —el fin de la misión de Galván y el inicio de la administración santacrucista— podía traer cola. El misterio era total: "No se sabe lo que originó este fatal suceso".
En la prefectura política hubo un pequeño sismo. Por estas fechas dejaba el cargo el duro coronel Prisciliano M. Benítez, "ocupado en asuntos del servicio militar", contra quien habían surgido quejas innumerables por echar el guante —la leva— a un puño de incautos y enrolarlos a fuerzas en el glorioso ejército nacional.
El general Galván designó en su lugar al conocido colimense Isidoro Barreto, que de improviso cambió de parecer y no aceptó, alegando estar ocupado "en su negociación agrícola en el Paso del Río". No quedó más que extender otro oficio en favor de Francisco G. Palencia, "con beneplácito del Gobierno constitucional y de la sociedad".
En poco tiempo dos graves incendios en el corazón de la ciudad habían puesto en serio peligro la vida de los vecinos. El tema, como es lógico, tuvo que ser tratado en sesión por la Junta Municipal el 28 de septiembre, más aún porque al parecer Nabor Maldonado pretendía instalar una fábrica de cerillos en la manzana donde vivía. A moción del presidente Ramón R. de la Vega se elevó al prefecto una atenta y respetuosa solicitud para que se siguiera observando un viejo bando de policía prohibiendo tales establecimientos en zona habitada. La verdad es que no quedaba otro recurso, puesto que la prefectura dispensaba tales favores, como lo había hecho el 8 de mayo pasado. En efecto, por aquellas fechas, Anacleto C. Guzmán dirigió a don Gildardo Gómez, prefecto a la sazón, una petición para que se le permitiera abrir "una pequeña fábrica de cerillos de seguridad" según la muestra que le adjuntaba.
Don Gildardo había otorgado el permiso después de agotar, sobre su escritorio, la caja de muestra haciendo experimentos, convencido de la honrada y certera apreciación del fabricante, pues los referidos cerillos "son de los llamados de seguridad. que no causan explosión sino restregándolos en determinada lija". La Junta Municipal aguardó con impaciencia y cierta desconfianza los trámites de su correcto oficio. No era fácil que el prefecto diera marcha atrás o pretendiera corregir la plana a su antecesor, siguiendo aquella famosa lección de "como me ves, te verás". Pero no sucedió de esta manera. Seis días después del siniestro, respondía la prefectura a los munícipes informando haber gritado "órdenes conducentes a fin de evitar se infrinja la prohibición de establecimientos de fábricas de cerillo en el centro de esta población, atendiéndose particularmente sobre la que V. hace notar". Sin duda surgirían en el seno de la Junta mociones de diversos calibres: quién propondría redactar un agradecido oficio con copia al gobernador y a don Porfirio; quién llevaría personalmente hasta la sala del Congreso la petición de que le fuera concedida al diligente funcionario la distinción de "benemérito del Estado"; quién rogaría a sus colegas —simplemente pero con todo entusiasmo— ponerse en pie y brindar un fuerte y cálido aplauso al prefecto, porque el asunto no merecía menos.
