Enrique Zamudio, en el número de La Patria correspondiente al 21 de octubre, publicaba un artículo sobre la situación en Colima. Tocaba el manido punto de los muchos temores surgidos desde el instante en que el Senado desconociera los poderes y Porfirio Díaz diera comisión al general Galván para restablecer el orden constitucional. Éste, decía Zamudio, "al principio fue visto de reojo por la misión de trastornar el orden constitucional que llevaba", pero el tino conciliador del comandante militar hizo "olvidar el golpe que recibiera la autonomía del Estado". Pedro A. Galván, en efecto, supo limar asperezas y superar la desconfianza del pueblo que siempre había dado muestras de ser celoso de su independencia y que, impotente, se había visto sometido a "estado de sitio, puesto que no equivalió a otra cosa el cambio repentino que convino hacer allí de las autoridades". Otro éxito espectacular —insistía La Patria— había logrado Galván al permitir que los ciudadanos eligieran con libertad a sus autoridades, impidiendo "que los círculos de aduladores que no faltan, le echaran una venda en los ojos y lo obligaran a revestirse él mismo con el carácter de primera autoridad constitucional". Zamudio reconocía que el gobernador provisional cumplió con su deber y había demostrado una acrisolada vocación democrática, lo cual justamente resultaba algo insólito en el resto del país.
El articulista de La Patria agregaba: Colima vive en la actualidad los primeros pasos de la administración santacrucista, y el coronel es un hombre popular que el pueblo ya ha experimentado, años atrás, como gobernante. "Amante de la juventud, amante de las mejoras materiales, amante de la democracia, su gobierno no puede menos que ser progresista", sobre todo porque "es secundado por la sociedad".
El articulista de La Patria lanzaba su moraleja:
Si todas las malas medidas que ha dictado el Gobierno del Centro fueran produciendo tales resultados, la República estaría elevada a su mayor prosperidad. Desgraciadamente, lo que ha pasado en Colima, puede parecerse a un oasis en el desierto.
En el oasis la vida transcurría con normalidad. Para los anales de la burocracia, Justo Tagle repetía en la Secretaría de Gobierno y Gildardo Gómez como su oficial primero; Remigio Rodríguez, amigo de la escritura, se aupaba como juez del Registro Civil; y J. Joaquín Saldaña era designado director de la Imprenta del Gobierno. Lucas Huerta fungió durante 10 días como juez de primera instancia suplente y ahora estaba reclamando los centavos que le correspondían de sueldo por tan agobiante trabajo; pero la bolita se la echaban unos a la Tesorería Municipal y ésta a su homónima del estado. Llegaban noticias del general Galván: restablecido de sus males, viajaba de Guadalajara a México en busca de chamba; pronto la obtuvo: fue destinado a Manzanillo como administrador de la Aduana Marítima. Claudio Rubalcaba pedía permiso de hacer ramadas en el arroyo del Manrique para lavaderos, y la Junta Municipal se veía a su pesar forzada a tratar un asunto maloliente: en varios tramos se había reventado la cloaca que atravesaba la calle del Jardín Núñez.
El nuevo presupuesto del estado ascendía a $48 892.24 —el tercero que se elaboraba y aprobaba durante un año— y Manzanillo seguía sin fondos para el sostenimiento de las escuelas; el problema lo tuvo que afrontar la municipalidad del puerto, destinando para la instrucción pública 1 125 pesos, cubriendo así los gastos de dos escuelas. En este presupuesto, Manzanillo destinaba en cambio 1 000 pesos para construir un lazareto y 500 para un cementerio. Hablando de dinero, el director del Liceo de Varones, quien habría de lidiar con varias cátedras, ganaría 1 000 pesos anuales; un catedrático de dibujo cobraría 25 al mes, y el experto en caligrafía, en el mismo periodo de tiempo, 40. También 40 pesos costaba la renta del inmueble que ocupaba el establecimiento.
El Bien Público, reviviendo las añejas aspiraciones de la administración dorotea, propuso de nuevo el asunto de las carreras profesionales. La postura santacrucista compartía ese sueño pero haciendo dos salvedades: una, que la eventual apertura de estudios superiores no resultara en detrimento del benemérito Liceo de Varones, y la otra, que las subvenciones otorgadas a algunos suertudos jóvenes para seguir estudios en otros estados, habrían de mantenerse incólumes. La política educativa de la presente administración insistía en la ineludible necesidad de reforzar el Liceo como punto de partida para el desarrollo de la enseñanza superior; los becarios, al término de sus estudios, retornarían a la patria chica y, unidos a los egresados más aventajados del Liceo, constituirían la planta docente de las escuelas de nueva creación. Esta retórica no era más que un vistoso estuche que disimulaba la realidad, que muy bien expresaba el vocero oficial del Ejecutivo: la institución de cátedras de facultad mayor "por ahora nos parece inoportuna por faltarle los elementos necesarios a su existencia Por aquellos días también el Congreso de la Unión debatía un proyecto de escuelas regionales de agricultura. Santa Cruz, que además de la política comenzaba a sentir una irresistible vocación latifundista, al parecer estaba puestísimo para solicitar la merced de una de ellas.
La Legislatura estuvo muy activa: el 9 de noviembre se divulgaba la nueva Ley Orgánica Electoral; el día 11 expedía títulos de abogado a Mariano Riestra y Trinidad Padilla, dispensándoles el engorroso y humillante trámite de los exámenes previos; Eduardo E. Medina veía revalidado su título de escribano público expedido por el gobierno de Jalisco tres años atrás. Esta política de expedir títulos profesionales, o reconocerlos sin los exámenes de rigor; fue criticada con dureza desde las páginas de El Nacional.
El 26 de noviembre los diputados autorizaron a Santa Cruz para proceder a la bonificación de la deuda pública: los acreedores deberían recibir de la Tesorería un certificado donde se expresase el monto del adeudo; con él en la mano, se presentarían en la Secretaría de Gobierno, y allí se les haría entrega del bono correspondiente. La deuda ascendía, al comienzo de la administración santacrucista, a $17 179.91. Hubo comentarios de todos los colores y sabores a este propósito. Las exhaustas arcas estatales clamaban por recursos inmediatos y frescos. La administración cortó por lo sano gravando las labores de tabaco que se introducían al territorio colimense. La Voz del Pacífico arremetió contra esta medida alegando que podría provocar la revancha de Jalisco con impuestos similares sobre los productos colimenses. El seminario denunció: tal decisión ha sido tomada "con el ostensible fin de proteger unas cuantas fabriquitas de puros y cigarros, perjudicando al comercio en general, al erario, a los consumidores y a la industria del ramo del tabaco"; es mas —afirmaba el señor barón—, "tal impuesto es un golpe que se ha querido asestar contra la industria del vecino Estado de Jalisco". Para el comentarista de El Estado de Colima, la reclamación del periódico del barón de Brackel-Welda era inaceptable. Exageraba el austríaco las iras de Jalisco prejuzgando que supuestamente aquella entidad federativa tomaría represalias "del agravio de haber impuesto Colima cinco pesos por arroba al tabaco"; y también el diagnóstico acerca de la afectación de innumerables intereses era excesivo, pues en la ecuánime opinión del vocero oficial, "el consumo del tabaco procedente de Jalisco no disminuirá en el Estado por causa de dicha medida", ya que seguiría habiendo fumadores por estos rumbos aunque les resultase ligeramente más costoso; por último, la nota del semanario del Portal de Portillo, al decir del comentarista, era ofensiva por el desprecio con que veía a las "fabriquitas de puros y cigarros" del estado.
Es justo notar que en 1880 ya se producía tabaco en Colima, pero "no siendo suficiente, se consume gran cantidad del que introduce el comercio, de Tabasco y Compostela", al decir de Gregorio Barreto. Los resultados cosechados eran tan atractivos que en unos años más crecería espectacularmente su cultivo en la región. La molestia sentida por el periódico oficial no dejaba de ser justificada. El propio Brackel-Welda debía saber que tan sólo en la ciudad de Colima estaban funcionando 23 cigarrerías y purerías. La emoción por el terruño de don Gildardo, no obstante, hacía caso omiso de la denuncia de La Voz del Pacífico sobre posibles y probables malos manejos de la situación por los comerciantes colimenses. De hecho, El Estado de Colima transcribía pero no refutaba la observación de Brackel-Welda criticando el plazo previsto por el Congreso para que dicho impuesto comenzará a causar efecto.
No deja de causar sorpresa sin embargo que el periódico representativo de la iniciativa privada pusiera al aire y sin trapitos los "tejemanejes" de su propia clase. El colofón de esta diatriba vino dos meses después. El Estado de Colima publicaría en señal de victoria la nota de un periódico influyente de Guadalajara donde se aplaudía sin reservas su tesis sobre la oportunidad del impuesto al tabaco. En el futuro, "todo el que se divierta lanzando al espacio azules espirales de humo, podrá decir con razón que está contribuyendo para la construcción de los ferrocarriles y el adelanto de su país". No hay problema: las justificaciones no dejan de entretener.
