Una característica de este periodo consistió en el impulso a los municipios a través de la creación de empresas paramunicipales, que llegaron hasta 167 en 1984. Los objetivos de tales empresas fueron utilizar los recursos de cada municipio en beneficio de sus propios habitantes, generar empleos y facilitar la comercialización de los productos locales. Asimismo, la Federación promovía la descentralización de servicios y de asistencia social hacia los municipios. Se multiplicaron las paraestatales que efectivamente reactivaron la economía, pero al propio tiempo fue apareciendo una nueva burocracia, la llamada "paraestatal lugareña". De manera que los recortes al presupuesto y al personal en el sector público de dependencia directa, efectuados como remedio a la crisis, resultaban en cierta forma neutralizados por estas empresas. Por otra parte, se dictó una medida general que afectó a todos los municipios y, si bien necesaria, no dejaba de ser impopular: la actualización catastral.
Se pretendió mejorar el ambiente con un impulso a la reforestación al establecer 121 viveros municipales. En sólo un año llegaron a plantarse 69 millones de árboles, aunque la medida no fue acompañada de infraestructura que asegurara su posterior desarrollo. Otra iniciativa plausible fue la promoción de bordos y represas.
En el campo, extrañamente, aún había tierra que repartir. Se informó que en 1985 se entregaron 4 676 hectáreas. Sería interesante sumar los repartos consignados en los informes gubernamentales. La preferencia maicera continuó, a tal grado que ocupaba 80% de la superficie cultivada y el volumen de su producción pasó en 1985 al primer lugar en el panorama nacional. Otros cultivos también prosperaban, como fue el caso de la papa, que ocupó el segundo lugar nacional, así como la zanahoria y el durazno; en floricultura también se llegó al primer lugar.
Pero el volumen de almacenamiento y distribución de éstos y otros muchísimos productos no generados en el estado planteaba ya ingentes problemas. A resolverlos se abocaron centros de acopio y centrales de abasto, que no siempre resultaron suficientes a pesar de lo monumental de algunas de ellas.
El presupuesto y su ejercicio presentaban cifras que debían manejarse con gran cuidado, pues la inflación y la recesión modificaban a cada paso el valor real del dinero. El mismo gobernador lo confesó en 1983 al decir que el aumento presupuestal de 55% en realidad se traducía en un decremento de 40%. Consiguientemente, había que conducirse con austeridad republicana. La industria del estado, otrora floreciente, ahora se veía severamente castigada por la disminución de sus exportaciones. A fin de hallar causas específicas del deterioro, así como sus soluciones, se creó el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo Industrial.
