En el presente capítulo hemos expuesto con algún detenimiento cuáles fueron los cambios que el visitador José de Gálvez inició en el noroeste de la Nueva España y que hemos llamado las reformas borbónicas. En este apartado presentaremos algunas reflexiones sobre el fenómeno histórico considerado en su conjunto, porque se trata de una combinación de acontecimientos que incidieron profundamente en la sociedad regional y modificaron el rumbo de su evolución al alterar las relaciones entre sus grupos internos y también las relaciones con las sociedades regionales vecinas y con la capital del virreinato e, incluso, con el extranjero. Fueron tan importantes los cambios inducidos por las reformas borbónicas que podemos considerarlas como un hito en el proceso histórico regional del noroeste en general y de Sinaloa en particular.
Las reformas borbónicas llegaron del exterior, concretamente de la corte imperial de Madrid; llegaron de fuera como llegó la conquista en el siglo XVI. Afectaron todo el imperio, pues no eran sólo para la Nueva España y menos privativas del noroeste. El objetivo último de los monarcas de Borbón era la sujeción de las colonias para beneficio económico de la metrópoli: corregir las fugas fiscales y promover la producción para aumentar así la recaudación de impuestos. Para lograrlo se necesitaba reformar instituciones y procedimientos viciados —a juicio de los reformadores— que se habían incrustado en las sociedades coloniales y con los que ciertos grupos de privilegiados medraban al amparo de la debilidad de los gobernantes de la casa de Habsburgo. El Consulado de Comerciantes, algunas corporaciones religiosas como la Compañía de Jesús y la misma institución del virreinato fueron el blanco de los golpes de los reformadores.
Los cambios llamados de "libre comercio" minaron las bases en las que se apoyaba el monopolio de los comerciantes almaceneros del Consulado de México y resquebrajaron su poder económico y político. La otrora corporación más poderosa de la Nueva España vino a menos; siguió como la asociación más importante en la Colonia, pero ya no fue la única, ni la rectora de la política comercial del virreinato ni la acaparadora de la riqueza colonial. La expulsión de los religiosos de la Compañía de Jesús eliminó de la política imperial a un opositor temible por su poder económico y su influencia en los estratos ilustrados de la sociedad; además, la confiscación de sus bienes produjo considerables ingresos a la hacienda del rey.
La implantación del sistema de intendencias pretendía que, desde la metrópoli, se ejerciera un control más directo y efectivo sobre las regiones del imperio. El intendente era un funcionario de la más alta jerarquía, con un sueldo equiparable al del virrey y revestido de amplios poderes en todos los ramos de la administración pública dentro del territorio de su intendencia. El intendente era nombrado por el rey y a él debía responder de su gestión. Aunque no se dijo de manera expresa, de hecho el sistema de intendencias venía a suplantar la antigua institución del virreinato; o, en otras palabras, en el sistema de intendencias el virrey no era necesario. Resulta muy interesante observar que Antonio María de Bucareli y el segundo conde de Revillagigedo, virreyes de intachable lealtad al monarca, respondieron con disgusto a la limitación de su autoridad y la disminución de sus funciones. Ciertamente, la ley seguía otorgándoles los omnímodos poderes que sus antecesores ejercieron en todo el virreinato, pero ahora sólo a través de los intendentes podían hacer uso de tales poderes, y los intendentes no dependían del virrey. Por esto, los virreyes consideraron al intendente como una cuña que había puesto el monarca para minar su poder.
La creación del ejército profesional fue también una de las reformas mas borbónicas, y su objetivo fue contar con una fuerza represiva disciplinada y leal al rey. Las reformas lesionaron muchos y muy fuertes intereses, así que el monarca debía tener a mano el instrumento para reducir a los inconformes. El ejército profesional fue objeto de los máximos privilegios concedidos por el rey, y era tanta su confianza en los altos cuadros del ejército que casi todos los intendentes fueron oficiales de alta graduación.
Veamos la magnitud de los cambios producidos en la gobernación de Sinaloa y Sonora que se transformó en la Intendencia de Arizpe. La primera reforma de consideración fue la expulsión de los jesuitas que eliminó de tajo una de las más importantes fuerzas económicas y políticas de la región, con el aplauso de mineros, alcaldes mayores y comerciantes, pues quedaba despejado el campo para que los ricos de la región recibieran más trabajadores indígenas y tuvieran acceso a la propiedad de la tierra y el agua. La política de incentivos a la minería también benefició a este grupo social, que aumentó la producción de plata en forma considerable.
La creación de la Intendencia de Arizpe dotó a la región de un aparato burocrático que no tenía; una autoridad superior en la persona del intendente y un grupo de subdelegados nombrados por él y sólo dependientes de él, a través de los cuales podía ejercer su autoridad en todos los puntos de la intendencia; un aparato para la recaudación fiscal que extendió su campo de acción hasta el cobro de diezmos y tributos (y el intendente tenía injerencia en la administración de estos ingresos). Por medio de esta burocracia, el intendente podía también ejercer funciones militares, judiciales y de fomento de la economía regional. Y es de notar que este aparato burocrático se articuló en la misma región, del intendente hacia abajo; ya no hubo alcaldes mayores cuya lealtad estaba comprometida con los comerciantes de México. A pesar de las fallas y confusiones, cosa explicable en un organismo nuevo y sin antecedentes en la región, este aparato sirvió bien al desarrollo de los intereses locales.
La ruptura del monopolio comercial de la ciudad de México puso término al más gravoso mecanismo de explotación de la región. De manera simultánea, la llegada de comerciantes extranjeros abrió la oportunidad para que los comerciantes locales, antes sujetos a los almaceneros de México, pudieran operar por su propia cuenta y evitar que las ganancias generadas por el comercio fluyeran hacia la ciudad de México. Los capitales mercantiles acumulados podrían invertirse en la región para estimular el crecimiento de las actividades productivas.
El gobierno de los intendentes de Arizpe favoreció al grupo regional privilegiado, como se puede observar en la política de privatización de la tenencia de la tierra, tanto de la baldía como la de las comunidades indígenas. El empeño por repartir las tierras comunales conducía a favorecer también a ese grupo, pues si bien la tierra se entregaba a indios y mestizos a la larga pasaría a manos de los ricos, ya por compraventa o por despojo. Saúl Jerónimo Romero ha estudiado este fenómeno en su libro De las misiones a los ranchos y haciendas. La privatización de la tierra en Sonora, 1740-1860, en el que muestra con detalle el acaparamiento de las tierras y aguas por un reducido grupo de pudientes en lo económico e influyentes en lo político. La actitud de los intendentes fue muy favorable con los comerciantes, como se observa con claridad en la tolerancia o permisividad del contrabando de ingleses y estadunideneses, a despecho de las leyes que prohibían el comercio con extranjeros.
Este comportamiento de los intendentes resulta explicable si consideramos que necesitaban una base de sustentación regional si querían conservar su puesto y ejercer sus funciones. El intendente era un forastero que llegaba a la región respaldado por la autoridad de un rey muy lejano y amenazado por la enemistad de un virrey más cercano, así que al hacer causa común con los importantes de la intendencia de Arizpe encontraba un sólido asidero que le permitía desafiar incluso la autoridad del virrey.
Esta cadena de cambios en la política y la economía del noroeste novohispano produjo el debilitamiento de las relaciones comerciales y políticas con la ciudad de México, y por consiguiente la organización de la economía tendió a reforzar su sentido regional, para beneficio de quienes habitaban la región o al menos para cierto grupo. Antes, la zona dependía de México en todos los aspectos: las decisiones políticas, económicas y religiosas para la región se tomaban allá. Los gobernantes regían al noroeste, principalmente, para beneficio de ciertas gentes de la capital; el noroeste era una "colonia" de los almaceneros del Consulado de México. En este periodo se debilitó mucho esta asimétrica relación que supeditaba nuestra región a los intereses de algunas personas del centro. Éste es un hecho que no debemos perder de vista en el curso de los sucesos posteriores.
En capítulos anteriores dijimos que a finales del siglo XVII se habían delineado con precisión los tres principales grupos sociales surgidos de la conquista y colonización de las provincias del noroeste. Un grupo de prominentes, pequeño en número pero grande en poder económico y político, formado por autoridades, comerciantes, mineros, capitanes de presidio y religiosos jesuitas, todos ellos españoles aunque sólo algunos peninsulares. El segundo grupo, el más numeroso, formado por los indios, especialmente aquellos que estaban integrados en comunidades misionales, que eran propietarios colectivos de la tierra y del agua y cuya organización les daba fuerza económica y política, bajo la tutela de los jesuitas. El tercer grupo social, el de los mestizos, mulatos y negros, era el intermedio por el número de sus integrantes, que vivían del alquiler de su trabajo a los dueños de las minas y de las tierras o bien eran artesanos independientes.
Con la repercusión de las reformas borbónicas se inició una transformación profunda en el concierto de estos grupos sociales. Del grupo de los españoles desapareció el poderoso sector de los religiosos jesuitas, se integraron otros clérigos, como los párrocos seculares, los misioneros franciscanos y el nuevo obispo, pero su influencia no alcanzó el grado que había tenido el poder de los jesuitas. Los integrantes de este grupo (autoridades de la intendencia, propietarios de tierras, mineros y otros empresarios) trabajaron en armonía y con sus intereses más centrados en la región que en México.
El segundo grupo, el de los indios de comunidad, resultó muy afectado por las reformas borbónicas que aniquilaron el sistema de misiones jesuíticas. La política reformista tendía a la anulación de la propiedad comunitaria y a la implantación de la propiedad privada de los recursos de la comunidad. Se inició un lento pero irreversible proceso de cambio que tendía a la destrucción de las comunidades y a la asimilación de los indios al tercer grupo social, el de los desposeídos.
El grupo de los mestizos y mulatos fue el que creció más entre 1767 y 1821, pero no resultó beneficiado por las reformas borbónicas, sino que fue mejor controlado y objeto de las exacciones fiscales de una burocracia más amplia y eficiente.
