La diputación provincial fue una institución que se originó en la constitución española de 1812 y que tuvo una función muy importante en la historia de México independiente, a pesar de que el tiempo de su vigencia fue muy breve, pues escasamente alcanzó dos años en las provincias donde más duró. Por este motivo nos ocuparemos de la diputación provincial de Arizpe.
En su mayoría, los diputados constituyentes de Cádiz eran de ideología liberal y lucharon por dotar de derechos políticos a los vasallos del rey de España. Entre otras cosas, restituyeron el régimen municipal y crearon la diputación de provincia, que era un cuerpo colegiado formado por diputados electos en cada provincia y cuyo fin era representar los intereses de las distintas regiones ante el gobierno. En la vida política de España se tenía como derecho básico el reconocimiento de la manera propia de ser de cada una de las provincias que, de hecho, eran diferentes hasta en la lengua que hablaban, de aquí que los constituyentes se esforzaran por dar un órgano representativo a cada una que velara por la preservación de cierta autonomía regional dentro del concierto de la monarquía. Este órgano se llamó diputación de provincia o diputación provincial. Sus funciones constitucionales eran consultivas, no de gobierno, aunque era fácil prever que, con el apoyo de sus conciudadanos, tenderían a ejercer funciones decisorias y no sólo de simple consultoras de la autoridad. Mas con todo y su liberalismo los diputados constituyentes de 1812 se resistían a establecer la diputación provincial en América, temerosos de que fomentara el deseo de independencia que ya habían mostrado las colonias; sin embargo, finalmente se sancionaron estas diputaciones, pero en número inferior al aceptado para España. De este modo, cuando entró en vigor la constitución a la Nueva España sólo correspondían siete diputaciones, una de ellas para las provincias internas del Poniente, que tenía por cabecera la ciudad de Durango y comprendía las provincias de Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Nuevo México. Esta diputación debió haberse erigido a fines de 1813 o principios de 1814, aunque su vida fue efímera porque, como dijimos, en mayo de 1814 el rey Fernando VII desconoció la constitución española y anuló los actos amparados en ella, Al restablecerse la vigencia de la constitución en 1820, se amplió el número de diputaciones en Nueva España a una por cada intendencia. Fue así como quedó establecida la diputación provincial de Arizpe, en febrero de 1822.
La constitución española también restableció el régimen municipal, institución medieval que había sido desvirtuada porque los reyes nombraban corregidores y regidores vitalicios que no representaban los intereses de la comunidad. La constitución dispuso que en todos los pueblos, villas y ciudades del imperio se establecieran ayuntamientos libremente electos y suprimió los cargos honorarios y vitalicios. En las provincias de Sinaloa y Sonora no hubo ayuntamientos antes de 1812, excepto en la villa de San Miguel de Culiacán que estableció Nuño de Guzmán, pero que desapareció en el siglo XVI cuando el alcalde mayor absorbió sus funciones de gobierno. Es probable que desde 1813 se hayan establecido ayuntamientos en la entonces Intendencia de Arizpe y que se restablecieran en 1821, pero no hay estudios al respecto. En cambio, sabemos que la primera constitución regional, que data de 1825, instituyó el régimen municipal para el gobierno de poblaciones con más de 3 000 habitantes y que esta instancia de gobierno local dura hasta nuestros días.
La constitución española dotó a las provincias de Sinaloa y Sonora de dos instituciones para el gobierno local y regional, el ayuntamiento y la diputación provincial, que ciertamente no tenían antecedentes en el noroeste, porque estas provincias habían sido gobernadas por autoridades nombradas desde fuera. Tan sólo en los últimos 50 años, a partir de la fundación de la Intendencia de Arizpe, los notables tuvieron alguna participación en los asuntos del gobierno regional, aunque no de manera oficial, como vimos en el capítulo anterior. Para los notables de la provincia de Sonora y Sinaloa la independencia proclamada por Iturbide trajo un cambio inmediato y muy importante, porque les abrió la oportunidad de formar parte de los ayuntamientos y de la diputación provincial y, desde estas instituciones, pudieron participar abierta y legalmente en el gobierno de sus localidades y de su región. Otra circunstancia es que con la ruptura de la dependencia de España desaparecieron los órganos de gobierno del régimen colonial o su autoridad quedó mermada; con ello, los notables podían actuar sin muchas de las limitaciones impuestas por una instancia superior.
La diputación provincial de Arizpe como consejo asesor y Antonio Narbona como jefe político superior de la provincia de Sonora y Sinaloa, fueron el primer gobierno independiente del noroeste, que rigió de febrero de 1822 a octubre de 1823. El jefe político superior, que también fungió como comandante militar de la provincia, ocupó la mayor parte de su tiempo y de sus esfuerzos en pelear contra los ópatas, los yaquis, los mayos y los apaches, por lo que los asuntos administrativos y políticos fueron resueltos por la diputación. Uno de los principales problemas administrativos fue la organización del comercio exterior, actividad en que participaban los notables de Sonora y Sinaloa.
En diciembre de 1821, la junta Provisional Gubernativa, instalada por Iturbide, había decretado la libertad de comercio en todos los puertos antes autorizados para recibir barcos españoles, que en Sonora y Sinaloa eran dos, Guaymas y Mazatlán. Esta medida incrementó el comercio exterior, pues ahora barcos de todas las naciones podían entrar en estos puertos y comerciar libremente, pero fue necesario dotar a éstos de instalaciones mínimas y establecer las aduanas con sus resguardos para el cobro de las alcabalas. De estas fechas data también el incremento del comercio de cabotaje con las harinas y cueros producidos en Sonora y exportados por Guaymas.
