EL MITO DE LA PRODUCTIVIDAD de las tierras del trópico húmedo alentó las esperanzas y un sinnúmero de proyectos. La marcha hacia el mar impulsada por el presidente Manuel Ávila Camacho pretendió aliviar la congestión en el centro del país por la fatiga de las tierras y porque, desde su punto de vista, el porvenir de la producción agrícola está en las feraces tierras de las costas". Sin embargo, no era exactamente así porque la destrucción de las selvas continuaba; por ejemplo, el gobernador Noé de la Flor Casanova (1943-1946) dio parte de una extracción de 11 530 000 metros cúbicos de maderas preciosas, como la caoba y el cedro. Como era lógico los pastizales aumentaron, y sólo en la década de 1940 a 1950 pasaron de 20.70% a 30.90%.
Avanzaron las zonas ganaderas y las maiceras, con la polarización que tal crecimiento provocaba. Por ello, en 1951 el gobierno federal puso en marcha el Plan de la Comisión del Grijalva para actuar en una zona de 49 900 kilómetros cuadrados, y luego, al integrarse la cuenca del Usumacinta, aumentó a 86 400 kilómetros cuadrados. Con dicho plan se pretendía controlar las inundaciones, drenar las áreas consideradas de potencial agrícola, construir y mantener carreteras para impulsar proyectos de irrigación. No obstante, las inundaciones de los años 1952, 1955; 1957 y 1958 causaron grandes problemas. Pero era importante controlar la cambiante ruta hidrológica del río Grijalva, así que el sector público inició la construcción de la presa Nezahualcóyotl en 1959.
Desde esas fechas, todavía en el régimen de Madrazo cuando se decía que el sureste era la reserva de México, se comenzó a hablar del Plan Chontalpa, que no pudo despegar sino unos años después, cuando estuvo a punto de zozobrar en la transición entre el régimen de Adolfo López Mateos y el de Gustavo Díaz Ordaz. Los trabajos se iniciaron en 1966 con una primera inversión de 60 millones de dólares. De acuerdo con Fernando Tudela, en La modernización forzada del trópico húmedo: el caso de Tabasco, el proyecto se ubicó inicialmente en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, que abarcaban 36 000 hectáreas de la subregión de la Chontalpa, 80% de las cuales estaban dedicadas a los pastizales y 12% a la agricultura, mientras que el área era habitada por 4 700 familias.
Aunque se propuso un crecimiento regional sostenido, el mejoramiento de las técnicas agropecuarias y de las condiciones de vida de la población, así como la expansión de la frontera agrícola, hubo fallas graves que los especialistas detectaron a tiempo. Los problemas surgieron como producto de una deficiente planeación y de una concepción limitada del desarrollo del trópico húmedo. Uno de los mayores obstáculos fue el de la abundancia de agua, porque se habían venido haciendo drenes en diferentes etapas previas al plan y, sin embargo, no dieron abasto. Ya en 1976 había 1 200 km de drenes, pero ni al duplicarse esa red se alcanzó el nivel adecuado de desalojo. "Cuando los ríos crecen y desbordan, una gran parte del estado de Tabasco se cubre de agua, un espacio de cerca de 5 000 km² dentro de la línea de las costas desaparece regularmente bajo la inundación durante el invierno", cuenta Pedro González en el tomo IV del Trópico rojo, de Enrique Canudas.
El siguiente obstáculo, y probablemente el más importante, fue que los campesinos no veían con buenos ojos una reestructuración tan rápida de las tierras, y menos estaban dispuestos a ser reubicados en las 22 unidades ejidales que se crearon en más de 7 000 hectáreas. Este proceso fue acertadamente definido por el mismo Canudas como una "aculturación digna de los tiempos en que los misioneros unían fuerzas con los conquistadores. En el lapso de pocos meses, los habitantes de la zona cambiaron de status, de ubicación, de casa, y hasta de entorno físico. También tuvieron que cambiar su estrategia productiva".
Fue paradójico el hecho de que la estrategia de crear ejidos haya significado el fin del trabajo colectivo, tradición que había prevalecido en la región. La explotación platanera y la ganadera se realizaban en unidades productivas colectivas; quienes poseían una fracción de terreno eran accionistas y el producto se repartía como dividendo a la manera de una cooperativa. El usufructo individual de una parcela no era un método conocido en Tabasco antes de la reforma agraria y, debido a las condiciones climatológicas y de los terrenos, no resultaba lo más adecuado.
Un claro resultado del Plan Chontalpa fue el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, expresado en una mayor obtención de bienes de consumo duraderos, servicios de salud y educación, pero la productividad agrícola no tuvo aumentos significativos. Por ejemplo, los rendimientos en toneladas por hectárea pasaron de 1.2 a 2.5 en la producción de maíz; de 0.5 a 0.9 en el caso del frijol, de 1.2 a 4.0 en el arroz, y de 0.3 a 0.6 en el cacao; en cuanto al plátano, resultó diferente, porque pasó de 10.0 a 30.0 toneladas. Y algo que inicialmente se consideró con un carácter eminentemente agrícola terminó con un mayor hincapié en la ganadería. Para 1976 el auge platanero y Cacaotero era parte del pasado, del total de los créditos otorgados por los bancos oficiales, 86% fue refaccionario-ganadero, y por esos años Tabasco vendía al Distrito Federal más de 700 000 cabezas de ganado anualmente, lo cual representaba 60% del consumo de carne de la capital. En Tabasco, las extensas áreas cubiertas con vegetación natural se transformaron en grandes praderas, las tierras usadas para la ganadería ascendieron a 55%; y con esta actividad se reforzó el poder político de los ganaderos que, bien organizados, se han convertido en un factor real de influencia en la entidad. El uso agropecuario y silvícola de los suelos en Tabasco puede apreciarse en el cuadro 1.
El fracaso de los grandes planes agropecuarios se puso mayormente de manifiesto con la petrolización de Tabasco, la cual ha disminuido aun más las tierras agrícolas. La existencia de petróleo fue otro mito que se fomentó ruidosamente desde que, por accidente, el padre Gil y Sáenz descubrió en Macuspana la existencia del preciado líquido a flor de tierra; pero, aunque no se explotó rápidamente, como se deduce de los documentos de la Dirección General de Gobierno, estuvo siempre en el interés de los tabasqueños y de las compañías extranjeras que, como El Águila y la Water Pierce, y parte de la Sinclair Pierce, iniciaron sus actividades en la zona. Carmen Greene viuda de Valenzuela reclamó todavía en 1937 derechos sobre la herencia de su esposo José, hijo de Policarpo —el hombre que más tierras poseyó durante el porfiriato, y de Clara Ramos cuya fama le sobrevivió por un vapor que llevaba su nombre—, que consistía en terrenos de Tabasco, Chiapas y Campeche que la familia obtuvo en 1887 por deslinde de baldíos, huecos y demasías. Resulta que el presidente Cárdenas expidió un decreto por medio del cual se asignaron y destinaron para exploración y explotación petroleras los terrenos que incluían los solicitados por los señores Frank A. Lillendahl, pertenecientes a Policarpo Valenzuela. Los descendientes del hombre más rico de Tabasco pensaron en reconstruir su imperio, pero la herencia solicitada sobre el líquido que produjera la Administración General del Petróleo Nacional ya no era posible.
La petrolización del estado cobró auge y varios campos se fueron descubriendo, como los de Fortuna Nacional en 1949, Tortuguero en 1950, José Colomo en 1951; el primero y el último darían origen en 1974 a la creación de Ciudad Pemex, que generaría más de 30% de la producción nacional de gas. Surgieron también La Venta, Usumacinta, Almendro, Santuario, San Román, Tintal, Samaria y Tucán, entre otros. Los pozos en operación fueron en aumento y dieron lugar a un fenómeno que no se esperaba luego del momento de mayor riqueza durante el auge de la producción platanera en su carácter agroexportador: el petróleo se convirtió en la causa de un auge aún mayor. Sin embargo, los ingresos derivados del petróleo ya no fueron exclusivamente manejados por la entidad, sino por una de las burocracias más rígidas de la administración pública federal, la de Petróleos Mexicanos.
Con el descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos en las regiones de Chiapas y Tabasco en 1973, las reservas del país pasaron de 6 000 millones de barriles en 1975 a 60 mil millones en 1980. En el año de 1974, debido a las nuevas reservas, México pasó de ser importador de crudo en el primer semestre a exportador en el segundo. La población de Tabasco creció de tal forma que mientras en 1980 tenía 1 062 961 habitantes, en 1990 llegó a 1 501 183; en 30 años había aumentado un millón de personas. El crecimiento anual de la población había sido de 4.2%, en tanto que los alimentos aumentaron apenas a 0.7%, porque la superficie cosechada disminuyó de 178 000 hectáreas a 164 000. Pero la producción petrolera pasó de 92 000 barriles diarios a casi 600 000 en sólo 20 años.
La población del estado se concentra en ocho de los 17 municipios, precisamente en los más dedicados a las explotación petrolera, como Cárdenas, Centla, Paraíso, Comalcalco (el de mayor crecimiento), Macuspana por Ciudad Pemex, etcétera. De los 19 000 trabajadores contratados por Pemex en 1980, sólo 41% eran tabasqueños y 59% procedían de otros estados. Entre ese año y 1983 el número de trabajadores de la industria se incrementó en 83%; poco más de 25 000 personas trabajaban para Pemex. Sólo para dar una idea del personal empleado, puede decirse que durante el año y medio que duró la construcción del puerto de altura de Dos Bocas, la empresa ocupó a 20 000 obreros.
Los cambios operados en Tabasco fueron brutales, porque la inversión federal desplazó al sector primario, que pasó de 11.7% del total en 1977 a sólo 2.2% en 1982. Por el contrario, la dedicada al secundario, a la industria, aumentó en el mismo lapso de 68.4% a 93.2%. Los productos tradicionales como el cacao, el plátano y el coco apenas crecieron, pero la caña de azúcar disminuyó en la mitad entre 1970 y 1983. El grueso de las participaciones federales pasaron de 16 310 000 pesos a 80 981 000 entre 1970 y 1985.
El auge petrolero tuvo dos grandes consecuencias; por una parte se administró la abundancia con una imagen falsa del progreso que se expresó en obras monumentales de índole urbana, las cuales beneficiaron fundamentalmente a Villahermosa, sin que influyeran directamente en las condiciones de vida de la población; y, por la otra, surgió una nueva cultura, una nueva dimensión de la economía y de la política que involucró a la sociedad desde sus cimientos. En septiembre de 1976 surgió un movimiento social que se autodesignó Pacto Ribereño como resistencia a la arrolladora presencia de Pemex. Sus integrantes exigían indemnizaciones por la destrucción de tierras ejidales y de pequeña propiedad, por daños a las propiedades de los finqueros, rancherías y lagunas que afectaban el sistema ecológico del sureste y tenían repercusiones en la población.
En su original trabajo sobre el Pacto Ribereño, María Guadalupe Velázquez cuenta que cerca de 7 000 campesinos, habitantes de 19 ejidos y 11 rancherías ubicados en Reforma, Juárez, Pichucalco, Cárdenas, Huimanguillo y Comalcalco, fueron los primeros en protestar. Demandaron el pago de 4 123 000 000 de pesos, monto calculado a partir de la suma de las afectaciones individuales, según expresó Eulogio Méndez Pérez, líder principal del movimiento. El 20 de noviembre se iniciaron las movilizaciones. Algunos campos petroleros fueron bloqueados, tomadas tanto baterías de recolección como máquinas compresoras. Dos días después intervinieron cerca de 2 000 soldados del 17 Batallón de Infantería de la Trigésima Zona Militar para recuperar las instalaciones. Varios campesinos fueron encarcelados en la comandancia del campo militar de Atasta, acusados de causar daños a las vías de comunicación y de provocar pérdidas a la empresa por 1 700 millones de pesos. Tres días después fueron puestos en libertad 13 de ellos. Fue hasta el año siguiente cuando Pemex reconoció las afectaciones en un convenio firmado con el Pacto Ribereño el 25 de octubre, pero en la práctica se negó el carácter legal de la organización cuando se creó la Comisión Dictaminadora de Reclamaciones del Estado de Tabasco (Codiret), integrada por Pemex, Sepafin, Secretaría de la Reforma Agraria, la Liga de Comunidades Agrarias y el gobierno de Tabasco. El Pacto Ribereño quedó fuera de su posición de reclamante.
Sin embargo, las acciones continuaron en 1978, porque los problemas no se resolvían. Una declaración del presidente municipal de Paraíso es muy alusiva: "[...] la construcción de canales y dársenas del complejo portuario de Dos Bocas ha provocado la contaminación de las lagunas del Arrastradero y Mecoacán junto con la muerte de 90% de la fauna de las granjas ostrícolas de las cooperativas pesqueras del lugar". Y como la empresa no solucionaba las demandas, en 1979 campesinos de Jalpa de Méndez bloquearon 19 pozos en proceso de perforación y la Liga de Comunidades Agrarias insistió en que Pemex no había cubierto las indemnizaciones por los daños causados.
Un documento, reproducido por Roberto Thompson C. en Conflicto campesinos e intervención estatal..., fue enviado por la población ejidal de El Carmen al presidente José López Portillo; en él ejemplifica muy bien sus demandas:
Nuestro ejido que consta de 702-00-00 hectáreas ha sido totalmente destrozado por dicha empresa [Pemex], localizando pozos, caminos, zanjas para meter tuberías y construyendo edificios de diferentes tamaños. Las aguas como fuente de abastecimiento para nuestros animales y nosotros mismos, actualmente se encuentran totalmente contaminadas con capas de aceite y residuos de los mechones que arden día y noche. La lámina de nuestras casas habitación, las cercas de alambre de nuestros potreros y los pastizales, todo se termina en poco tiempo; se nos muere el ganado [...] Caminamos de un lado a otro haciendo saber a diferentes autoridades tanto agrarias como de la empresa Petróleos Mexicanos, para que se nos liquide o se nos indemnice todos los daños que han causado a nuestros intereses.
La empresa Petróleos de México es cierto que es una gran riqueza de nuestro país, pero únicamente para beneficiar a determinadas personas, nosotros los campesinos siempre hemos sido la parte baja, en donde repercute la humillación y la pobreza y con esto que antes mencionamos queda de manifiesto una vez más nuestra situación económica que cada día que pasa nos hacemos más pobres.
Para los afectados, ese tipo de reclamos escritos no cancelaban otras acciones; el 19 de enero 1981 pusieron en práctica lo que sería probablemente el momento de mayor eficacia de su estrategia de presión: el bloqueo de los campos. Millares de campesinos participaron para llamar la atención del gobierno federal y para exigir de manera más terminante a la empresa el pago de las indemnizaciones. Obstaculizaron primero el paso del Puente Limón en la zona fronteriza con Chiapas; la carretera de Reforma a Estación Juárez hasta bloquear el Complejo Petroquímico de Cactus; el área industrial de Reforma; 23 equipos de perforación, cuatro de reparación de pozos, nueve baterías, cinco estaciones de compresión y dos plantas de inyección de agua. Al mismo tiempo impidieron la entrada y salida de personal de la paraestatal.
Pemex, como era de esperarse, denunció los hechos por tratarse de una serie de acciones que consideró ilegales. Los afectados mostraron los gruesos expedientes de las reclamaciones hechas a la empresa desde hacía varios años. La presencia de la fuerza militar estuvo a punto de generar más problemas, pero el gobernador Enrique González Pedrero escuchó las demandas y prometió que los pagos se realizarían a más tardar en un mes. Sólo esto frenó las acciones, y los demandantes se retiraron esperanzados.
La cuantificación de los supuestos daños realizada por el Pacto Ribereño seguía siendo la misma cuando el gobierno local realizó esfuerzos para llegar a una negociación con Pemex; se supone que en 1982 la empresa pagó 2 050 000 000 de pesos inicialmente y el resto después, pero problemas de la organización impidieron que las indemnizaciones llegaran directamente a los afectados. Ignorantes de que la empresa había hecho las liquidaciones, los campesinos pidieron la renuncia de su asesor jurídico, el licenciado Arturo Acosta Vega. Eulogio Méndez Pérez, presidente del Pacto y miembro de la Confederación Nacional Campesina (CNC), declaró que cuando se percató en junio de que habían sido defraudados, le hicieron una oferta de 7 millones de pesos por su silencio. Nadie supo a ciencia cierta cuál fue el destino del monto supuestamente pagado por Pemex, pero los miembros del Pacto insistieron en que no lo recibieron.
El 22 de marzo de 1983, durante una de las movilizaciones más importantes, los dirigentes del PRI estatal, encabezados por su presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con los representantes del Pacto Ribereño para ofrecerse como mediadores. Por el rumbo que tomaron las negociaciones es posible suponer que Pemex no aceptó negociar con la organización y prefirió hacerlo en forma individual con los afectados.
Sin embargo, el 27 de abril de ese mismo año, el gobernador Enrique González Pedrero (1982-1987) declaró que, como mediador, pondría en marcha el Programa de Desarrollo de la Costa de Tabasco (Prodecot) y que Pemex aportaría 1 012 400 000 de pesos para frenar el deterioro de la zona y para procurar que con la explotación de petróleo los campesinos fueran los primeros beneficiados.
En este asunto —decía— no puede haber perjudicados, no puede haber ganadores o perdedores. Se trata simplemente de encontrar el camino para que Pemex haga su trabajo sin deteriorar los campos y de que los campesinos reciban los beneficios del desarrollo.
Se instalaron tres subcomisiones: la primera de indemnizaciones, la segunda de reubicaciones, con especial atención en la ecología, y la tercera de desarrollo, para estudiar la orientación de las inversiones. Pero el gran éxito de la negociación para Tabasco consistió en que un gobierno estatal había logrado involucrar a Pemex en un sistema de planeación local. Todo ello fue posible por la intervención directa del presidente Miguel de la Madrid y por la capacidad negociadora del gobernador. Entre otras decisiones, se consideró que las reuniones de evaluación y planeación se realizarían cada dos meses, alternadamente en la ciudad de México y en Tabasco.
Las instalaciones fueron devueltas y Eulogio Méndez Pérez fue prácticamente expulsado de la CNC, lo cual contribuyó a que la organización del Pacto Ribereño se adhiriera a la Central Independiente de Obreros, Agricultores y Campesinos (CIOAC). EI movimiento social se politizó y sus participantes, que habían dejado de ser campesinos para convertirse en "changos" (trabajadores eventuales de Pemex), pasaron luego a ser desempleados y encontraron las posibilidades de sobrevivencia —que tantos planes y tanta petrolización les negaron— en los reclamos que hacían a la empresa paraestatal.
Para 1983 las demandas por afectaciones sumaban 19 608, de las cuales más de 5 000 procedían de la subregión de la Chontalpa. El problema continúa y es uno de los más serios que enfrenta Tabasco, sobre todo si resulta cierto que las afectaciones involucraban, en el momento de mayor movilización del Pacto Ribereño, una extensión de más de 14 000 hectáreas; cifra que diez años después pudo haber aumentado significativamente.
Ahora los organismos encargados de resolver los problemas son la Comisión Interinstitucional de Atención a la Recomendación 100/ 92 (CIAR 100/ 92) y la Comisión para el Desarrollo de las Zonas Petroleras de Tabasco (Codezpet), las cuales reconocen que son 80 000 las hectáreas afectadas por los trabajos de Pemex, pero otras fuentes sostienen que es el doble. Las movilizaciones de campesinos y pescadores han continuado, porque con esa estrategia han encontrado la posibilidad de recibir sus pagos; aunque éstos se han hecho en varios casos, se dice que existe corrupción y que las indemnizaciones favorecen a los partidarios del PRI en una región donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha logrado numerosas adhesiones.
La problemática mencionada no resta la importancia económica que el petróleo
ha tenido para Tabasco y para el país; entre 1973 y 1992 se produjeron alrededor
de 4 864 millones de barriles extraídos de esa región con un promedio de extracción
de 666 403 barriles diarios. El petróleo tabasqueño generó en ese lapso una
riqueza de más de 130 000 millones de dólares, cantidad superior al monto total
de la deuda externa al finalizar el régimen presidencial del licenciado Carlos
Salinas de Gortari.
