La oligarquía tlaxcalteca se caracterizó, no sólo durante el porfiriato, sino desde tiempo atrás, por su falta de unidad y por tener una fuerza relativamente limitada. Esta situación fue aprovechada y ahondada con gran astucia por el gobernador Cahuantzi para mantener una cierta autonomía de poder frente a ella, sin que esto signifique que no haya recibido de esta misma oligarquía una importante ayuda para el sostenimiento de su gobierno. Don Próspero ingresó al grupo de propietarios rurales del estado, pero sin llegar a ser un gran latifundista; por esto, así como por la actitud que mantuvo hacia ellos, no se puede afirmar que defendía solamente los intereses de los hacendados, ni siquiera que estaba plenamente identificado con dicho grupo. Cahuantzi sabía que su base de poder se asentaba tanto en los grandes como en los pequeños propietarios, así como en los pueblos; por esta razón buscó mantener un hábil aunque delicado juego de equilibrios entre todos. Sin embargo, las contradicciones propias del sistema porfiriano llevaron esta especie de balanzas sociales a sus límites de funcionamiento, hasta que por fin se rompieron.
Las relaciones entre la oligarquía agraria y el gobernador fueron complejas, inestables y a veces tensas. Los impuestos por la comercialización de madera, pero sobre todo las contribuciones por la producción de pulque, provocaron numerosos enfrentamientos entre el gobierno y un sector de grandes propietarios. Lo mismo sucedió en las ocasiones en que Cahuantzi llegó a apoyar a algunos pueblos en sus conflictos contra hacendados, o las veces en que se mostró enérgico en la defensa de los peones y jornaleros maltratados por sus patrones.
Por otra parte, varios factores generaron divisiones entre la misma oligarquía. Mientras la minoría de sus miembros residía en Tlaxcala y dependía sólo de sus propiedades rurales, la mayoría provenía o estaba fuertemente ligada a Puebla o a la ciudad de México, y tenía sus capitales diversificados en varios sectores de la economía. Los hacendados pulqueros resintieron el hecho de que los cerealeros pagaran menos impuestos que ellos; entre los productores de pulque hubo los que se asociaron a una compañía comercial y los que continuaron independientes. Algunos hacendados participaron de manera activa del desarrollo ferrocarrilero, pero otros no; existieron los que modificaron su sistema laboral paternalista y de peonaje y los que se mantuvieron en él por mucho tiempo más.
Durante el prosperato, la situación de los propietarios rurales en su conjunto, y ya no sólo la de los terratenientes, no fue estable ni fácil. El valor de la tierra subió casi al triple, las hipotecas de haciendas y ranchos fueron abundantes, el impuesto predial fue cada vez más elevado y cobrado con mayor rigor, y la producción agrícola tuvo fuertes altibajos, por lo que, en general, el movimiento de compra-venta de las propiedades rurales fue intenso. En la medida en que los propietarios poseían mayores recursos, tuvieron más capacidad de negociación con el gobierno, fuera para conseguir reavalúos menos altos o facilidades en los pagos fiscales. También tuvieron más posibilidades para obtener financiamientos hipotecarios en instituciones de crédito. No obstante, este tipo de propietarios, medianos y grandes, no se libró de padecer las exigencias de las autoridades en el sentido de conseguir del sector agrario los mayores recursos posibles para el erario público.
Con respecto a los pequeños propietarios, cabe decir que fueron los más afectados por la situación antes descrita. Su escasez de recursos los colocó en una posición más vulnerable y difícil para negociar ante las políticas fiscales y agrarias del gobierno, por lo que la presión que se ejerció sobre ellos los colocó en un estado crítico y de fácil irritabilidad en contra de las autoridades. Sin embargo, esta presión muchas veces descendió o se postergó debido a que el propio gobierno también tuvo hacia ellos conductas proteccionistas como, por ejemplo, tolerarles posesiones comunales y colectivas a pesar de las leyes de desamortización, otorgarles financiamientos con dinero del erario y brindarles apoyo en sus pleitos contra algunos hacendados.
Otro factor que puso en juego la estabilidad social fueron las crisis agrícolas que repetidamente se vivieron en Tlaxcala durante ese periodo. En términos generales, podría afirmarse que la mayoría de la población tlaxcalteca tenía satisfecha su subsistencia básica, aun cuando no era difícil perderla en cualquier momento, pues estaba sustentada en un delicado equilibrio de factores geográficos y sociales, sujetos a periódicas alteraciones. La producción agrícola era muy frágil a causa de que en gran parte de la entidad la tierra era poco fértil y el agua escasa. El abasto de los productos básicos para la alimentación, principalmente el de maíz, era irregular; incluso llegó a ser deficiente en casi las dos terceras partes del periodo cahuantzista, y en por lo menos cuatro ocasiones se produjo verdadera escasez al prolongarse por varios años las malas cosechas. Durante estas crisis agrícolas fue necesaria la intervención del gobierno estatal para evitar el peligro de una hambruna entre los grupos sociales menos favorecidos. Para ello, las autoridades proporcionaron maíz a precios módicos y obligaron a los grandes productores a sacar sus reservas, cuando las tenían, pues no puede afirmarse que las haciendas hayan sido centros de acaparamiento de semillas de modo permanente.
Dentro de la producción agrícola, sólo el pulque tuvo un ascenso casi permanente, debido a la natural autonomía que el maguey guarda respecto a los ciclos agrícolas de los otros cultivos, y a que su desarrollo requiere de poca agua. De ahí que los hacendados pulqueros pudieran resistir mejor las repetidas crisis agrícolas, en comparación con los hacendados cerealero y, por supuesto, con los pequeños propietarios. La bonanza pulquera sólo se vio parcialmente interrumpida cuando los precios de dicha bebida descendieron al saturarse el mercado por el exceso de producción.
En tiempos de crisis agrícolas, la hacienda representó una relativa garantía de subsistencia para sus trabajadores acasillados. Para una parte de este sector de la sociedad, su salario real prácticamente se mantuvo estable a lo largo del prosperato, pues cuando los precios del maíz se incrementaban, también subían los salarios, que además estaban complementados con raciones en especie. Sin embargo, para la población excluida del sistema proteccionista de la hacienda abastecerse de básicos fue difícil y a veces crítico, al disminuir su poder de compra. Fue así como un elevado porcentaje de su seguridad pasó a depender de las eventuales medidas proteccionistas del gobierno. El abasto público organizado en épocas de escasez y carestía acabó por convertirse en política de gobierno ante el temor de que se generaran motines populares que alteraran la paz social.
Por otro lado, la presión fiscal ejercida sobre la población generó un descontento creciente en contra del gobierno entre casi todas las capas sociales, particularmente la de los pequeños propietarios agrícolas; descontento que, más tarde, aunado a otras inconformidades sociales, se traduciría en una abierta rebelión. Un ejemplo muy importante respecto al incremento fiscal que se presentó en Tlaxcala, ocurrió en 1897, cuando fue expedida una nueva ley de hacienda en el estado, mediante la cual se elevó en 33% el impuesto predial y obligó a pagar dicha contribución a todas las propiedades que tenían un valor superior a los 50 pesos. La reforma al impuesto predial estuvo acompañada de una orden oficial para revaluar las propiedades rústicas, lo que implicaba una erogación económica adicional para los dueños de los terrenos, muchos de los cuales eran de escasos recursos.
Como consecuencia de lo anterior, en diciembre de 1899 más de mil personas originarias de 42 pueblos, encabezadas por los campesinos Andrés García, nativo de San Salvador Tzompantepec y avecindado en Xaltocan, e Isidro Ortiz, de Santo Toribio Xicohtzingo, tramitaron un amparo en contra del impuesto predial para pequeños propietarios. La actitud intransigente del gobierno para aceptar su derogación, o al menos su reducción, provocó aquel mismo mes un motín popular en el centro de la ciudad de Tlaxcala, que fue reprimido violentamente por la policía y seguido del encarcelamiento de García y varios de sus simpatizantes. Los rebeldes fueron liberados, pero dos años después dicha contribución fue elevada aún más y cobrada con bastante rigor. Por este motivo, a principios de 1905 el movimiento de oposición a la política fiscal de la administración cahuantzista volvió a tomar fuerza, vinculándose ya entonces con otras inconformidades populares; entre ellas, las generadas por las múltiples reelecciones del gobernador Cahuantzi y las relacionadas con la constante imposición de caciques adictos a él en casi todos los ayuntamientos del estado. Con el objeto de frenar la disidencia, calificada por le gobierno como de "subversiva", se recurrió al crimen político: el líder Andrés García fue asesinado mediante la "ley fuga" en el pueblo de Xaltocan en febrero de 1905. Contrariamente a lo esperado, la oposición no se apagó; sólo debió esperar cinco años más para convertirse en una verdadera hoguera de rebelión.
La región centro-sur reunía ciertas condiciones que la convertían en la zona potencialmente más conflictiva del estado; ahí se encontraba la mayor densidad de población, una gran cantidad de pueblos y de haciendas, las tierras más fértiles e irrigadas y la mayoría de las fábricas textiles, con la consiguiente presencia de grupos obreros. No es casual, pues, que el movimiento de oposición al impuesto predial y a las reelecciones de Cahuantzi, así como los conflictos obreros, hayan surgido precisamente en esa región centro-sur.
A mediados de la primera década de este siglo, el descontento ya era muy fuerte en las fábricas. En diciembre de 1906, los obreros de Santa Cruz Tlaxcala, afiliados al Gran Círculo de Obreros Libres, establecido en Orizaba, se fueron a la huelga. A las pláticas conciliatorias con el gobierno central asistieron en representación de los obreros de Tlaxcala, Santiago Cortés, Adolfo Ramírez y Antonio Hidalgo. Esta huelga terminó con un laudo emitido por el presidente Díaz, que no dejó satisfechos a muchos de los inconformes. Ante la persistente rebeldía, algunos de ellos fueron perseguidos y encarcelados; el resto fue estrechamente vigilado y controlado por el gobierno estatal mediante los administradores de las fábricas y los presidentes municipales y prefectos. Casi simultáneamente arreció la lucha por el control de los ayuntamientos entre diferentes grupos de poder, lo cual provocó que el Congreso local anulara varios procesos electorales en medio de motines populares en contra de las autoridades, y en un ámbito de violencia en el que hubo detenidos, heridos y muertos en una veintena de municipios.
El movimiento armado de 1910, de alcances nacionales y con una elaborada ideología revolucionaria, llegó a Tlaxcala desde la ciudad de México, y principalmente desde Puebla por medio del sector más politizado: el de los obreros textiles, los obreros-campesinos y los profesores rurales que laboraban en la región centro-sur del estado, los cuales reencauzaron, fortalecieron y utilizaron para sus propias causas (magonismo, antirreeleccionismo, liberalismo ortodoxo, etc.) el descontento interno que había en Tlaxcala. Los motivos que dieron fuerza al descontento popular fueron múltiples, pero destacan aquellos que ponían en peligro la precaria subsistencia de la población obrero-campesina y los reducidos recursos que poseían.
Para 1909 la oposición al régimen se atrincheró en los clubes antirreeleccionistas que estaban en contra de la permanencia de Díaz y de Cahuantzi en el poder. Como veremos en el capítulo siguiente, estos grupos, formados sobre todo por obreros, desempeñaron un papel relevante en el levantamiento ocurrido el 27 de mayo de 1910 en San Bernardino Contla, y luego en el del 16 de septiembre en Zacatelco. El régimen porfirista estaba desmoronándose y su caída parecía inevitable.
