Introducción

Significación Histórica

La Enseñanza de la Política

La presencia de las ciencias políticas y la administración pública en las aulas universitarias, provoca opiniones controversiales. Para algunos, las materias administrativas son tan prosaicas, que bien pueden ser aprendidas en la práctica oficinesca sin mayor preámbulo curricular ni metodología pedagógica. Para otros, las ciencias políticas son materias puramente académicas cuya enseñanza universitaria solo puede producir estudiosos, nunca políticos. Siendo así las cosas, pudiéndose formar políticos y administradores públicos sin el concurso de una institución universitaria, vale la pena inquerirnos sobre la necesidad social de la profesión en Ciencias Políticas y Administración Pública, porque en ella convergen los problemas académicos de la docencia y la investigación de estas disciplinas, así como el de su ejercicio profesional.

Antaño, cuando de política y administración se trataba, el problema se visualizaba como dicotomía. Esta tendencia incluso llego a formar una escuela en los Estados Unidos y en buena medida la ciencia política y la ciencia de la administración siguieron caminos diferentes. En contraste, en Europa continental y América Latina han predominado versiones en las cuales la política y la administración son visualizadas atendiendo la necesidad y deseabilidad de sus relaciones.

 Esta situación ha dejado una huella sensible en el ejercicio de una profesión universitaria con una ancestral tradición nacional e internacional: la Profesión en Ciencia Política y Administración Pública. Al igual que otras carreras universitarias establecidas para profesionalizar el ejercicio de una disciplina social específica o preferente, como la Economía o la Sociología, la Profesión en Ciencias Políticas y Administración Pública nació como resultado de la necesidad de hacer aplicables esas ciencias sociales.

Paradójicamente, por un lado, se ha acentuado su carácter aplicado, y por el otro, se le incrimina por carecer de posibilidades efectivas de cubrir del todo su campo de actividad. Así, se le critica porque "abarca mucho y aprieta poco", pero lo que aprieta lo hace con eficiencia. Dentro de esta paradoja nace su cuestionamiento como carrera universitaria de utilidad social y hasta hay quien sostiene que su existencia tiene dudosos fundamentos. Como si esto fuera poco, la retracción de la actividad del Estado en diversos campos de la vida económica y el bienestar social, ha provocado que estos cuestionamientos se hagan más recalcitrantes y que aparentemente contengan una dosis de verdad.

 Pero favor de la Profesión en Ciencias Políticas y Sociales, existe el argumento de que muchos de sus detractores proceden de carreras diversas a ella y que sus opiniones son interesadas y ciertamente infundadas, por desconocer la esencia de esta profesión. Aparte de puntos de vista carentes de validez, es verdad que la profesión aquí considerada requiere una revisión a fondo, pues también en su seno nacen incertidumbres que se deben disipar por el bien de su presente y su futuro. Esta lección tiene la finalidad que contribuir a este respecto. Pensamos que ciertamente existe desconcierto conceptual, ambigüedades semánticas e ignorancia de su origen histórico, lo que ha contribuido a la confusión de los límites de su ámbito natural de actividad. Comenzaremos con el último punto.

Es dudoso que una institución nazca y perdure por capricho, porque entonces sus posibilidades de existencia son raquíticas. Su vitalidad y persistencia obedecen a la fuerza de la necesidad que la sustenta.

Cuando no existe esta necesidad, una institución tiene vida precaria y fugaz, y desaparece rápidamente. Este no es el caso de la Profesión en Ciencias Políticas y Administración Pública, que constituye una institución sólida. A pesar de su azaroso desarrollo, ella ha proliferado en varios países de América Latina y hoy día es enseñada en una variedad de universidades públicas y privadas. Su gestación ocurrió en México hacia 1951 como una Licenciatura en Ciencia Política, para desde 1959 convertirse en la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Sin embargo, sus antecedentes nacionales e internacionales son más antiguos y ellos son los que mejor explican su trascendencia histórica y su importancia social.

 No examinaremos aquí los diversos oficios de los hombres que hacen política y administración, pues ello está fuera de lugar. Sólo haremos una remembranza histórica necesaria sobre el estatuto universitario de la Profesión en Ciencias Políticas y Administración Pública, que tiene su origen en un tiempo-espacio concreto representado por el nivel específico del desarrollo político occidental. Este desarrollo supone la formación de ciertas condiciones y, más en lo particular, un grado determinado de desenvolvimiento de la estatalidad, condición necesaria y suficiente para el nacimiento de aquella Profesión. Estas condiciones, que manifiestan un nivel maduro de desarrollo del Estado según brotó del mundo feudal, son las siguientes:

1) Disociación de la vida pública y la vida privada, con la consecuente ampliación gradual de la primera a costa de las relaciones sociales estamentales;

2) Formación de un espacio público que emergió junto con la actividad del Estado, dentro del cual se problematizan los intereses colectivos como un deber estatal y las relaciones inter-individuales asumen un carácter general;

3) Ampliación y diversificación de las responsabilidades del Estado, generando una dilatación de su actividad para contribuir a la formación de la sociedad civil, y más particularmente la vida económica, la vida social y la vida personal;

4) Crecimiento del organismo del Estado y de las instituciones administrativas;

5) Exigencia de un desempeño racional de la administración pública y, por ende, la profesionalización de los servidores públicos y de las personas que dedican su actividad a la política.

 Max Weber sintetizó el movimiento hacia la profesionalización de la política, al describir la formación de cinco clases de políticos: el clero, los literatos, la nobleza cortesana, los patricios y los juristas universitarios. Todos ellos habían trabajado como aliados de los príncipes contra los estamentos y se profesionalizaron como políticos durante la contienda. Al mismo tiempo, la complejidad de actividades del Estado en campos tales como el servicio exterior, la guerra, las finanzas y la justicia, propició que desde el siglo XVII se comenzaran a requerir funcionarios expertos en cada uno de estos ramos.  La diplomacia y los consejos habían sido una actividad política cultivada de tiempo completo. Todo este proceso, que culminó en el XVIII, se manifestó doblemente por la formación de consejeros profesionales -los consejeros de príncipes- y la entronización de los comisarios regios que habían sustituido a los oficiales estamentales.

 La construcción del Estado moderno estuvo acompañada por la formación del político y el administrador público profesionales. Pero, junto con ellos se había desenvuelto una tercera profesión: la de los consejeros de estadistas, cuyas tareas consistían en prepararlos para acceder y conservar el poder. Estos fueron los primeros tecnólogos del arte del gobierno, que en su etapa más brillante formaron la escuela de la Razón de Estado. Nicolás Maquiavelo, Juan Botero y Arnold Clapmar, fungieron como hacedores de tecnologías del poder y diversos medios gubernativos que proyectaban la racionalización de la actividad política, y  derivaron cimeramente en el desarrollo de las arcanas de imperio y arcanas de dominación como fórmulas defensivas del Estado y del portador del poder.  La política, hasta este momento, consistía en lo que entonces se conocía como arte del gobierno.

El paso siguiente fue la instauración del despotismo ilustrado y sus programas sociales, que lo definieron como Estado de bienestar. Este paso, conocido como el tránsito del arte del gobierno a la Ciencia del Estado, consistió en la introducción de la enseñanza de la política y la administración pública en las universidades, proceso en el cual los alemanes fueron pioneros al instituir a la Profesión en Economía, Policía y Cameralística en las universidades de Halle y Frankfurt del Oder, de la que tratamos páginas atrás. Esta carrera universitaria nació como resultado de un impulso y un proyecto fraguados al calor de las condiciones históricas de entonces. El impulso consistió en el signo de aquel tiempo: crecimiento de las fuerzas productivas como un deber de Estado. La actividad estatal encaminada a alcanzar tal propósito se llamaba fomento, lo que hoy entenderíamos, mutatis mutandis, como "desarrollo". El proyecto, por su parte, era la evasión del subdesarrollo y el logro de las bondades del bienestar.

 La Profesión en Economía, Policía y Cameralística llenó la necesidad de un profesional de la política y la administración, pública capacitado para desempeñar los nuevos ámbitos de acción del Estado, apto para fungir como agente de fomento del bienestar. Tal es el origen de esta primigenia Profesión en Ciencias Políticas y Administración Pública.

El perfeccionamiento de la nueva profesión produjo que a dos años de su fundación, sus cursos se impartieran a través de libros de texto, constituyéndose una notable institución pedagógica que pronto proliferó por todo el Imperio alemán y más allá, en Suecia. Tributarios posteriores de esta tradición son las Escuelas de Administración Pública en España y Francia, fundadas en 1843 y 1848 respectivamente, y hoy día sus herederas de Speyer en Alemania y en Francia.

La enseñanza universitaria de la Ciencia Política como disciplina autónoma ha sido tardía, en comparación con las lecciones extra-universitarias profesadas de antiguo. Aunque el cultivo de la política en Occidente es remoto, se considera a Aristóteles como el fundador de la ciencia política. La tradición aristotélica estableció una fuerte corriente que centró el cultivo de la política alrededor del concepto de Estado, Polis según la concepción helénica. En Roma se usó la categoría Civitas y no fue sino hasta el siglo XVI que Maquiavelo impuso el empleo de la categoría Estado. A partir del siglo XIII surgió en Europa una nutrida y prolongada cauda de consejeros de príncipes, que Maquiavelo secularizó, sentando en nuevas bases para la política.

 Hasta el siglo XVII, los consejeros dedicaron su empeño al desarrollo de tecnologías de gobierno que posibilitaran a los príncipes el acceso al poder. Gaetano Mosca ha sostenido que estos autores enseñaban como se "podría obtener el poder supremo en una sociedad determinada y obstaculizar los esfuerzos de otros individuos o grupos que intentaran sustituirlos".  Aún no se ocupaban de examinar las tendencias constantes de las sociedades humanas, "que regulan la organización de los poderes públicos". Ambas cuestiones son muy distintas, tal como es observable en la economía política, que estudia las tendencias de una sociedad humana relativas a la producción y distribución de la riqueza, no el arte de amasar y conservar la riqueza.  Un economista capaz puede ser inepto de hacer fortuna y un banquero podría ser inhábil para comprender las leyes de la economía y con su dominio hacer progresar su negocio. Ello quiere decir que hasta el siglo XVII, la política era concebida como una técnica del poder.

También han cultivado la política los filósofos, los teólogos y los juristas, y buena parte de la literatura producida por ellos puede ser considerada de interés político. Hoy en día tenemos ciencias políticas, más que Ciencia Política. Y así es, pues la concepción aristotélica unitaria fue sustituida por una pluralidad de ciencias sociales entre las cuales ocupa su lugar la Ciencia Política, junto con otras más que no dejaron de ser políticas.

 Parece que la Ciencia Política adquirió esta denominación en el último cuarto del siglo XIX, particularmente entre los pensadores germánicos. Pero si Mosca tiene razón, fue en el siglo XVIII cuando asumió un significado científico y superó el período tecnológico. La primera cátedra de política y retórica se estableció en la Universidad de Uppsala, Suecia, en 1655, y era impartida por el profesor Johan Skyle. La Ciencia Política fue introducida en la Universidad de Michigan a partir 1811, cuando se fundó la Escuela de Ciencia Política. En Italia se instituyó su enseñanza en octubre de 1885, en tanto que en Francia lo fue hasta 1954.  Iberoamérica inició la enseñanza de la Ciencia Política en el siglo XX, la profesaba Emilio Rabasa en 1928 dentro de la Escuela Libre de Derecho.

La introducción de la Ciencia Política dentro las universidades, fue el resultado natural de un progreso precedente que consistió en su gradual denominación como Ciencia Política. Mosca comentó que habían pensadores que ya usaban el termino, principalmente Holtzendorff y Bluntschli, así como Donnat y Scolari. El primero había escrito sus Principios de Política en 1887, Bluntschli su obra La Política desde 1876. Bluntschli se refirió a la política como la ciencia del gobierno y la vida consciente del Estado, como la conducción de los asuntos del Estado y el arte del gobierno. Desarrolló, pues, la diferencia entre lo que llama política teórica y política práctica, y diferenció el comportamiento del científico y del político.

Bluntschli explicó que el arte de la política se rige por el principio de la eficiencia y se manifiesta por actos que se estiman por sus resultados: una nueva creación social, el mejoramiento de las instituciones públicas o la victoria sobre los enemigos. La Ciencia Política tiene por objeto conocer la verdad, se glorifica por destruir el error, descubrir una ley o mostrar una regla permanente.
 Si esto es cierto, tuvo razón William Robson cuando en 1955, durante un seminario internacional, sostuvo que la Ciencia Política era una disciplina de cultura general que debía servir de base para carreras profesionales, como las relaciones internacionales, el periodismo y la administración pública. Puso como ejemplo la fundación de la Escuela Nacional de Administración francesa, institución no-universitaria donde era posible de tal modo su impartición académica. Aquí, como en los tiempos cameralistas, la política se consideraba como materia básica. Robson y sus colegas también advertían de la inconveniencia de la profesionalización de la ciencia política, a la que preferían como ciencia fundamental.

La profesionalización universitaria de las ciencias políticas y administrativas se ha desenvuelto en los países de América Latina, tal como es observable en Colombia, Argentina, Chile y México.

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) de Colombia da cabida a la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, cuyo objeto es la formación en la Carrera Profesional en Ciencias Políticas y Administrativas.  Siendo esta Carrera parte del sistema universitario que entraña la ESAP y existiendo en Colombia la Carrera Administrativa, toda vez que la ESAP depende del Departamento del Servicio Civil, dicha Facultad es un semillero de profesionales de las disciplinas políticas y administrativas para el empleo público del país. Sus egresados se pueden dedicar su tiempo al ejercicio libre de la profesión, según sus libres pareceres, pero también pueden optar a ser candidatos a la Carrera Administrativa e integrarse al servicio público.

 El propósito central de la Carrera en Ciencias Políticas y Administrativas, consiste en formar a un profesional universitario capacitado para analizar el contexto socioeconómico en el cual se desenvuelve la administración pública. Al mismo tiempo le dota de los instrumentos técnicos necesarios para dar solución a los problemas administrativos. Tal es el motivo por el cual se da énfasis a su formación política.

 En Argentina se cuenta con la Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política. Se trata de un programa que es impartido en el seno de la Universidad Nacional de Cuyo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que fue instituida en 1958 con la categoría de Instituto de Estudios Políticos y Sociales. El rango de Facultad lo adquirió en los años 70, antes fue una Escuela. La Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política fue creada en 1970, con un perfil curricular que tiene una inclinación humanística y científica. El plan de estudios consta de cinco años y destacan las asignaturas relativas a Políticas Públicas.

 Recientemente fue establecida en Chile la Carrera de Ciencias Políticas y Administrativas, cuyo objeto es "formar un profesional altamente capacitado para intervenir en los organismos del Estado en la formulación e implementación de las políticas públicas, como parte de las programas de desarrollo; y para desempeñar a lo largo de su carrera profesional, posiciones políticas, ejecutivas, técnicas, y de asesoría en los diferentes niveles jerárquicos de las organizaciones y sistemas gubernamentales y administrativos, tanto en el ámbito del gobierno y la administración central como regional y local".  La Carrera es impartida por la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de Universidad de Lagos, fundada en agosto de 1993, y es por lo tanto, una de las más jóvenes dentro de la región iberoamericana.

El programa de enseñanza aspira a que los alumnos comprendan las ideas del desarrollo socioeconómico, y que las relacionen con las concepciones políticas y administrativas de la dirección del Estado. La Carrera de Ciencias Políticas y Administrativas se orienta a proporcionar los conocimientos necesarios en las ciencias y técnicas de la administración pública, y las ciencias sociales, particularmente las ciencias políticas, económicas y jurídicas, así como en disciplinas cuantitativas.

Las proposiciones del seminario internacional de 1955, coincidieron con acciones académicas que se habían adoptado en México desde 1951, con la fundación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, según proyecto de Lucio Mendieta y Núñez, a la sazón representante de México en dicho seminario. Aunque la administración pública tenía más tradición docente y universitaria, en la nueva Escuela se estableció la carrera de Ciencia Política. No conocemos precedentes decimonónicos de la enseñanza de la administración pública, salvo dentro de las lecciones de derecho administrativo en la Escuela de Jurisprudencia.

 Una excepción la constituye las lecciones de administración pública disertada por M. López Meoqui en la Escuela Nacional de Comercio y Administración durante 1879, que fueron recogidos en su trabajo: Breve Compendio en forma de Catecismo de las Lecciones Orales sobre Administración Pública.  Pero dichas disertaciones se circunscribieron a la materia de contabilidad fiscal, establecida por instrucciones del gobierno. Esta institución docente había sido fundada en 1854 como Escuela Especial de Comercio, para el estudio sistemático de la teneduría de libros y servía como medio de reclutamiento de alumnos sobresalientes para las oficinas hacendarias de la administración pública.

 Las materias hacendarias establecieron una tradición pedagógica. En la Secretaría de Hacienda se instituyó un curso de Economía y Tramitación Fiscal en 1933 para los Visitadores Especiales, en el cual se impartían nociones generales de la organización de la administración pública mexicana y cuyas lecciones fueron publicadas como Conferencia de la Administración Pública. En esta dependencia fue establecida la Academia de Capacitación en 1940 y en ella se recogieron los diversos cursos que se venían impartiendo con referencia al "estudio de la administración pública", pero que tenían títulos diversos: derecho administrativo, administración pública y organización administrativa. Hacia 1955 los cursos habían progresado y se profesaban a través del libro titulado: Organización Administrativa y Política de la República Mexicana, de Roberto Chellet Osante. Las lecciones, según el texto mencionado, no se ceñían a la materia hacendaria sino todos los aspectos de la administración pública mexicana.

Sin embargo, el mejor ejemplo de esta tendencia lo constituyó la Escuela Superior de Administración Pública, que funcionó durante la década de los años veinte bajo el auspicio de la Secretaria de Educación Pública y el Departamento de Contraloría, y que formó parte de la entonces Universidad Nacional de México. Sin embargo, su inclinación siguió siendo fundamentalmente hacendaria, por lo que seguramente no hubieron muchas objeciones cuando se fusionó con la Escuela de Comercio y Administración en 1929.

En todos estos desarrollos académicos de la administración pública se observa un gran defecto: la ausencia de la Ciencia Política. Quizá esto explique el carácter precario y fugaz de la enseñanza de la administración pública en México, hasta entonces.

 Esa deficiencia fue subsanada con la formación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, pero hasta 1959, gracias al establecimiento de la profesión en Ciencias Políticas y Administración Pública. El motivo que dio vida a la nueva Escuela fue el valor preponderante que mereció lo colectivo sobre los individual en los asuntos sociales, y el imperativo de hacer aplicables las ciencias sociales. Esto último era impensable en 1951 para la carrera de Ciencia Política, dotada de un generoso caudal de asignaturas políticas, sociales y económicas, además de otras de historia y geografía, pero ninguna técnica o aplicada, toda vez que contaba con un sólo curso de administración pública. No había, pues, forma de sufragar su ejercicio profesional.

La adición de administración pública produjo la dosis de aplicabilidad que era su principio vital. El argumento consistió en la ampliación de la actividad del Estado y las relaciones íntimas entre las instituciones políticas y la administración pública, en la cual se reflejaban muchas de sus actividades. La Ciencia Política adquiría el sentido profesional que le daba el ejercicio de la administración pública y esta se encontraba sustentada firmemente en aquella, lo que antaño no ocurrió. No cabe duda, este fue un feliz encuentro fue un matrimonio muy bien avenido. La reforma de 1959 reivindicó a las antiguas tradiciones cameralistas que también habían dado vida a instituciones contemporáneas similares.

 Queda claro que la política y la administración pública han requerido ser profesadas con proximidad, para garantizar un sustento aplicado a la primera, y un fundamento político indispensable a la segunda. No hay duda que la Ciencia de la Administración es una disciplina aplicada y que debe estar sustentada por la Ciencia Política para combatir la tentación del gerencialismo privado.

La Profesión en Ciencias Políticas y Administración Pública es diversa a las llamadas liberales, cuya vocación se encamina al servicio de la vida personal, tales como el derecho, la medicina o la ingeniería. Aquella  se orienta a los problemas públicos y la vida social. No está sujeta a patentes de corzo ni puede ni debe proyectarse al monopolio de algún campo ocupacional, como aquellas otras. El ámbito de su actividad es generosamente amplio, abarca a la actividad del Estado en el seno de la sociedad civil en su variedad de manifestaciones. Así como a la Sociología atañe a las reacciones de la sociedad civil al Estado, a la Profesión en Ciencias Políticas y Administración Pública incumbe la acción del Estado sobre la sociedad.

Es innecesario enumerar las diversas esferas de actividad del Estado dentro de la sociedad civil. Sin embargo, la aplicación de esta actividad se puede apreciar resumidamente en dos categorías: relaciones públicas y relaciones civiles. Las primeras llenan todo el oficio de la mencionada profesión; las segundas le interesan por su efecto público. Así pues, el campo de actividad de la Profesión en Ciencias Políticas y Administración Pública esta debidamente definido. El problema es de qué manera actúa en estas esferas.

 Desde el ángulo de la administración pública, el asunto está muy claro: todas las dependencias del gobierno nacional y de las entidades territoriales son fuente de su ocupación. Pero, ¿cuáles acciones concretas debe realizar para justificar su formación profesional? La Profesión en Ciencias Políticas y Administración Pública no es una profesión que actúe de manera específica, sino en forma general.

Como cualquier otro profesional al servicio del Estado, el Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública está preparado para el desempeño de funciones normales y continuadas de la administración pública, pero la peculiaridad de su actividad consiste también en su preparación como promotor de nuevas áreas de desarrollo; es decir, está habilitado para innovar y crear nuevos centros de actividad gubernamental, para diversificar sus operaciones o ceñir a lo estricto sus acciones. Está capacitado para reformar a la administración pública y crear nuevas técnicas y procedimientos para la actividad del gobierno. En este sentido, el profesional en Ciencias Políticas y Administración Pública ha sido formado para atender también las tareas contingenciales, no sólo aquellas que son rutinarias, pero en el entendido que las faenas de contingencia consisten en la materia prima del arte del gobierno y la Ciencia del Estado.

 La diferencia específica con otros profesionales que prestan sus servicios en la administración del Estado, consiste en que el profesional de las Ciencias Políticas y la Administración Pública está dotado de saber y pericia políticas. Es un experto en el arte del gobierno y la Ciencia del Estado, en el sentido más generoso que tienen estas categorías. El arte del gobierno ha sido y es considerado como una racionalización de la política, porque el político navega invariablemente en las turbulentas aguas de una sociedad civil en perpetuo movimiento, sujeta al conflicto de clases y as disputas por el poder. El arte del gobierno consiste en la habilidad y capacidad del estadista para sortear los problemas. La política es dirigir al Estado e influir en quienes lo dirigen, ha dicho Weber, porque también hay políticos en la oposición.
 

La diferencia especifica del profesional de las Ciencias Políticas y Administración Pública frente a otros funcionarios de Estado, consiste en su saber político para administrar con eficacia en medio de las turbulencias sociales. Este saber, este logos, sólo lo puede proveer la Ciencia Política.

Antaño los profesionales de la política formaron catálogos de consejos técnicos sobre el arte del gobierno, que sirvieron de base para la tecnología del poder por excelencia: la Razón de Estado. Después elaboraron programas de desarrollo del Estado bajo la égida del Cameralismo, convirtiendo al arte del gobierno en una Ciencia del Estado universitaria. En ambos momentos observamos los mismos elementos: desarrollo, innovación y creatividad. Hoy en día visualizamos a los profesionales de la política y la administración pública produciendo nuevas tecnologías del poder: las Policies gubernamentales. Pero, en contraste a los consejeros de príncipes, no intentan perpetuar al portador del poder, sino hacer responsable la actividad del Estado bajo el peso de la opinión pública y los electores.

 El profesional de las Ciencias Políticas y la Administración Pública puede un servidor público peculiar: puede y debe no sólo servir al Estado, pues las instituciones políticas modernas no se restringen a él. Como político debe ser formado en los diferentes aspectos que le permitan conocer las tendencias generales de la sociedad, como decía Mosca, pero también los medios que facilitan el acceso al poder. Un plantel de Ciencias Políticas y Sociales debe formar políticos sapientes del arte del gobierno, pero también de los fundamentos científicos en que descansa este arte como Ciencia del Estado. Debe ser eficiente en los procedimientos que llevan al poder o que permiten perpetuarse en él, pero también de los fundamentos que explican los límites y condiciones en los cuales se puede hacer política. Un plantel tal debe también formar politólogos, es decir, científicos de la política, que expliquen el devenir del Estado y sus relaciones con la sociedad, y diseñen nuevos métodos para el estudio de la política.

Una profesión así se antoja no sólo muy atractiva, sino muy útil. Y así debe ser cuando en los países iberoamericanos la política ha trascendido las oficinas, los pasillos y los cafés, y ensancha su mundo en el Congreso, las calles y los domicilios particulares. ¿No podría ayudar a encauzar y organizar estos movimientos, un profesional universitario de la política? Ahora que los partidos y la opinión pública están floreciendo, como nunca en nuestro siglo, ¿no sería oportuna y pertinente la participación de un profesional preparado especialmente para actuar en un mundo en cambio constante, determinado por ese motor de la historia que es la lucha de clases?.

 Creo que hay hasta ahora una versión equivocada de la profesión en Ciencias Políticas y Administración Pública, porque básicamente se ha entendido como una actividad dentro de la administración publica y desempeñando papeles rutinarios. La hemos observado como parte de la conservación y del conservadurismo, es decir, como mecanismo del engranaje cotidiano de los quehaceres administrativos, cuando ella fue fundada para desarrollar e innovar. Todavía se encuentra atrapada en la telaraña de las regulaciones intra-administrativas, sujeta de un formalismo como algunas otras profesiones que le son parientes cercanas, pero que por su naturaleza tienden al mantenimiento del statu quo.

En la medida en que definamos a la Profesión en Ciencias Políticas y Administración Pública con base en la peculiaridad de su carácter, como una carrera del desarrollo social y político, estaremos de nuevo mirando hacia el futuro.