SANTIAGO M�NDEZ Y MIGUEL BARBACHANO, hombres que condujeron los asuntos p�blicos durante poco m�s de 20 a�os, llegaron al ocaso del poder a causa del triunfo de la Revoluci�n de Ayutla en 1855, durante el �ltimo gobierno dictatorial de Antonio L�pez de Santa Anna. Una generaci�n hab�a venido reflexionando no �nicamente en el acontecer diario, sino tambi�n en las aulas del Colegio de San Javier y en el Colegio de San Miguel de Estrada, as� como en el desempe�o menor de cargos en la administraci�n p�blica. La encabezaban Pablo Garc�a y Montilla y Tom�s Aznar Barbachano; atr�s de ellos otros j�venes, quienes, todos juntos, formaron la generaci�n que se rebel� en contra del orden impuesto y consumaron la creaci�n del estado de Campeche.
Las dificultades mayores se presentaron en 1857 a causa de irregularidades en la elecci�n del gobernador del estado, Pantale�n Barrera. Pablo Garc�a, que entonces ten�a 33 a�os y hab�a sido electo diputado, abandon� la sala de sesiones del Congreso local en M�rida en el mes de julio, argumentando falseo del proceso electoral. Enseguida comenzaron las sublevaciones en diferentes poblaciones, principalmente del distrito de Campeche, pidiendo que se convocara a nuevos comicios; las fuerzas militares persiguieron a los sublevados, pero aplacados unos, aparecieron otros. La noche del 6 de agosto de 1857 varios campechanos agrupados alredor de Garc�a y Pedro Baranda se apoderaron de los baluartes de Santiago y la Soledad, as� como de la maestranza de artiller�a. Al sucederse las negociaciones solicitaron la destituci�n del Ayuntamiento de Campeche por su filiaci�n mendista, as� como la del administrador de la Aduana y otras condiciones no del todo justificadas. Poco despu�s, el 9 de agosto, se desconoci� en el acta de esa fecha al Congreso y al gobernador Pantale�n Barrera, por falta de libertad en las elecciones. Cesaron al Ayuntamiento y nombraron a otras personas. Pablo Garc�a fue designado jefe pol�tico y militar, y comenz� a recibir adhesiones de otros lugares del distrito. Envi� circulares a funcionarios federales pidi�ndoles su opini�n; el titular del juzgado de Distrito, Justo Sierra O'Reilly, respondi� —sin dejar de hacer valer su calidad de empleado federal—:
[...] soy republicano de buena fe [...] creo que la acci�n reguladora de la sociedad sobre s� misma pertenece a �sta de pleno derecho y profeso el dogma de la soberan�a del pueblo [...] estoy persuadido de que el pueblo por s�, o por medio de sus representantes, puede cambiar su situaci�n cada vez que lo tenga por necesario [...]
Como las pasiones no distinguen el bien del mal, en la revuelta asaltaron su domicilio y destruyeron la biblioteca, con lo que se vio obligado a cambiar su residencia a M�rida. La turba no diferenci� cualidades morales ni m�ritos intelectuales, solamente supo que era yerno del poderoso pol�tico Santiago M�ndez.
Creci� el apoyo y el nuevo l�der tom� decisiones r�pidas. Como jefe pol�tico y militar de Campeche, asumi� la responsabilidad de hacer conocer al presidente de la Rep�blica, Ignacio Comonfort, la orientaci�n del movimiento del 7 de agosto. En ese sentido, se dirigi� a �l con fecha 12 de agosto de 1857 y le dijo que lo acontecido en Campeche ten�a el apoyo popular, ya que representaba la inconformidad por los manejos de la aduana, as� como de diferentes ramos del gobierno.
Las dificultades entre pronunciados y autoridades del estado fueron alej�ndose de una conciliaci�n inmediata y se pidi� la renuncia del gobernador Pantale�n Barrera. �ste envi� fuerzas militares jefaturadas por el coronel Manuel Cepeda Peraza, quien lleg� a establecerse en Tenabo, y el 8 de septiembre conmin� a Garc�a a modificar su actitud de rebeld�a. Como �ste se neg�, se suscitaron algunos enfrentamientos sin resultado definitivo. Barrera renunci� al gobierno; lo sustituy� Mart�n F. Peraza y cesaron las hostilidades, mas no la crisis, en cuyo transcurso fue tomando fuerza la necesidad de dividir la pen�nsula.
Refiere un autor de la nueva generaci�n que cuando se levantaron las barricadas en la ciudad murada, su primera preocupaci�n fue establecer un peri�dico que sirviera de cauce y divulgaci�n a sus ideas. As� fue como naci� El Esp�ritu P�blico, �rgano liberal que comenz� a dirigir Santiago Mart�nez Zorraqu�n.
Las acciones de Garc�a para unificar en agosto de 1857 la decisi�n del rompimiento con Yucat�n, as� como la adhesi�n al Acta del d�a 9, no fueron f�ciles y tuvo que ejercer la autoridad que ostentaba. En consecuencia, el d�a 19 se dirigi� al jefe pol�tico del Carmen pidi�ndole que no impidiera la libre manifestaci�n de los laguneros, de quienes �l ten�a conocimiento que deseaban adherirse a su proyecto. Le advirti� que para proteger la libre expresi�n hab�a instruido al capit�n Andr�s Cepeda Peraza para que con las fuerzas a su mando desembarcara en Las Pilas y, acerc�ndose a la poblaci�n, diera oportunidad a los habitantes para que expresaran sus opiniones. No dej� de ser �sta una medida de presi�n por lo que d�as m�s tarde, gracias a Nicol�s Dorantes y �vila, Garc�a se enter� de que contaba con el apoyo de los laguneros. El hecho no fue pac�fico, ya que hubo v�ctimas: murieron en el marco de la proclamaci�n Jer�nimo Castillo y Santiago Brito, quien se hab�a resistido a los objetivos de Garc�a. Igualmente, Pablo Garc�a separ� de la jefatura pol�tica del Carmen a Jos� del Rosario Gil y envi� desde Campeche a Jos� Garc�a y Poblaciones, a quien tambi�n concedi� la comandancia militar del partido; es decir, no quiso correr el riesgo de que alguna regi�n se opusiera a los designios que el grupo quer�a alcanzar.
Garc�a, enterado del rumor de que Santiago M�ndez estaba en el Carmen buscando embarcarse para ir a Veracruz y de ah� a M�xico, sospech� que informar�a equivocadamente al presidente Comonfort, por lo que dispuso que le impidieran abordar alg�n nav�o. Para movilizarse por el litoral, requis� temporalmente el paquebote Arrogante y el bergant�n goleta Uni�n, cuyos due�os eran empresarios del puerto. Quienes no simpatizaron con el movimiento fueron detenidos, como fue el caso del doctor Gregorio Sauri en Champot�n. El 11 de septiembre de 1857, Pablo Garc�a orden� al comandante de la columna volante:
Por la ma�ana al rayar el d�a en cualquier punto donde se encuentre la fuerza del mando de usted, dispondr� que a presencia de ella se les d� 50 palos a Hilario L�pez y otros tantos a Hip�lito Jardines; despu�s de este acto, bien asegurados, los remitir� en el momento para esta plaza custodiados por la fuerza de la Compa��a Echavarr�a y al mando del Teniente Manuel Gonz�lez.
Este castigo se debi� a que los citados, junto con los cabos Luciano Casanova, Joaqu�n Rib�n y Luis Veram, hab�an promovido voces subversivas; en consecuencia, tambi�n estos tres fueron condenados a recibir una paliza igual.
Otros ciudadanos que, aunque pac�ficos, hab�an tenido alg�n nexo con Santiago M�ndez fueron arraigados por disposici�n del 26 de septiembre. Garc�a orden� al alcalde del pueblo de Lerma que, en virtud de una solicitud de los vecinos del barrio de San Rom�n y teniendo la necesidad de conservar la tranquilidad p�blica, era necesario notificar a Raymundo Nicol�n, Eleuterio M�ndez, Justo Sierra y Jos� Mar�a Castillo "que a las tres de la tarde deben hallarse sin causa ni pretexto en esta ciudad, en sus casas, dando aviso de su llegada". No quer�a dejar un cabo suelto y mucho menos si no se era adicto a su movimiento. Impuso pr�stamos a los comerciantes y enrol� en sus filas a un buen porcentaje de los sirvientes de las haciendas. Su estrategia era congruente con la pol�tica que deseaba hacer prevalecer, como en el caso de los peones. As�, en un documento del 28 de septiembre, le dice al jefe pol�tico de Seybaplaya:
Necesario es que los due�os de dichos establecimientos tengan presente que la salud p�blica es la primera ley, que el car�cter de los sirvientes de un predio no borra la cualidad de ciudadanos ni exime a nadie de las obligaciones que tiene para con su patria; que el servicio va a prestarse solamente durante la necesidad que no puede durar sino pocos d�as, y que es un rasgo muy marcado del m�s miserable y punible enemigo negarse a concurrir a la defensa del honor del pa�s y de las libertades p�blicas por el mezquino inter�s particular.
Tan en�rgica disposici�n parec�a obedecer al encuentro con un enemigo irreconciliable; adem�s, Garc�a determin� que si el hacendado no hiciere caso, deb�a ser aprehendido y remitido a la jefatura pol�tica. No dej� m�s que un camino y una sola direcci�n: la independencia del distrito, aunque las medidas tocaran los l�mites de la rudeza.
De agosto a diciembre de 1857 numerosas poblaciones se adhirieron a la proclama de Garc�a y Barrera dej� la gubernatura en poder de Mart�n F. Peraza. Por todo ello, no fue casual que en abril de 1858 hubiera un consenso mayoritario para la creaci�n del nuevo estado. Ciertamente Yucat�n no estaba de acuerdo, pero la prudencia se impuso en el conflicto y se consider� que la rep�blica hab�a iniciado el camino de la Reforma a los acordes de la guerra civil y que �nicamente el gobierno leg�timo, a trav�s de los supremos poderes, expedir�a la soluci�n final, cuando se diera por concluida la lucha entre conservadores y liberales. En consecuencia, el 3 de mayo de 1858 se firm� el Convenio de Divisi�n Territorial, que entre otros puntos estipulaba los respectivos a l�nea divisoria, obligaciones en la guerra contra los ind�genas, impuestos y aranceles; se public� en la ciudad de Campeche con la solemnidad del caso el 15 de mayo. Consecuencia inmediata del Convenio fue la expedici�n de un documento de cuatro puntos por el cual la junta Gubernativa del Distrito de Campeche e isla del Carmen declar� tener la voluntad de erigirse en estado, reconociendo como gobernador a Pablo Garc�a y estableciendo que la designaci�n de comandante recaer�a en Pedro Baranda; adem�s nombraron un Consejo de Gobierno que se integrar�a con cinco miembros. As� qued�, en el terreno de la controversia regional, solucionado un problema tan antiguo como la rep�blica misma; sin embargo, la legalidad federal impon�a condiciones diferentes a la manera como se manej� la cuesti�n, ya que no estaban cumplidos los requisitos se�alados en la Constituci�n de 1857, que en el art�culo 43, al referirse a las partes integrantes de la Federaci�n, no reconoc�a a Campeche sino como parte del estado de Yucat�n; es decir, era imprescindible una reforma constitucional.
Garc�a envi� al presidente Ju�rez, al puerto de Veracruz �residencia del gobierno liberal�, toda la documentaci�n pertinente para la instituci�n y funcionamiento de una entidad consolidada de hecho. Se le respondi� que los papeles ser�an remitidos al cuerpo legislativo constitucional tan luego como se instalase, en virtud del desfasamiento gubernamental por causa de la Guerra de Reforma; el presidente Ju�rez admiti� los sucesos, pero los condicion� a la respuesta del Congreso. Frente a esto, el gobernador Garc�a se apresur� a enviar a principios de 1859 una comisi�n que se acreditase cerca del presidente Benito Ju�rez, para referirle la cuesti�n campechana. Lleg� a Veracruz encabezando la misi�n Federico Duque de Estrada, y aunque fue admitida la representaci�n, el Ministerio de Gobernaci�n lo invit� a que expresara el objetivo de su viaje, el cual sintetiz� en cinco puntos: la aprobaci�n del acta del 9 de agosto de 1857, con lo cual Garc�a t�citamente ped�a su reconocimiento como gu�a pol�tico y militar; la aprobaci�n de los actos de gobierno emanados del movimiento del 7 de agosto, dando a entender que se admitieran los procedimientos para financiar sus acciones (recursos federales que se tomaron de las aduanas y pr�stamos a particulares). Los otros puntos se dirig�an a la destituci�n y designaci�n de funcionarios de los ramos de Hacienda y Militar. El 29 de abril de 1859 el ministro de Gobernaci�n, Melchor Ocampo, respondi� en t�rminos de la pol�tica que impon�an las circunstancias, pues seguramente no deseaba abrir un frente nuevo en materia de controversia constitucional, y le respondi� a Garc�a con un acuerdo preliminar, admitiendo conformidad en lo que no se opusiera a la Constituci�n, y siempre y cuando no se vulneraran las facultades del Congreso de la Uni�n. Fue una sanci�n, pero condicionada.
El momento pol�tico y los sucesos de la Guerra de Reforma aliviaron las preocupaciones de Pablo Garc�a, ya que la paz nacional y la reuni�n del Congreso iban a requerir de un par de a�os para su consolidaci�n. Estas circunstancias providenciales le ofrecieron un tiempo valioso para que emprendiera una tarea de agrupamiento en lo pol�tico y de adelanto en el gobierno. Expidi� una Ley Org�nica para la Administraci�n P�blica el 25 de mayo de 1858; declar� d�a de festividad p�blica el 7 de agosto para establecer una conciencia c�vica irrefutable; en junio de 1859, firm� con el estado de Tabasco un convenio de mutuo auxilio a fin de preservar las instituciones liberales; en abril de 1860, realiz� un levantamiento de actas en barrios de la ciudad para que �l ostentara el mando pol�tico y militar, de modo que Pedro Baranda quedara nulificado. As� comenz� el distanciamiento entre aquellos personajes. Joaqu�n Baranda fue desterrado en 1862 como consecuencia del rompimiento.
No todos los d�as fueron de paz: el joven l�der necesit� enfrentar los problemas de la Guerra de Reforma pero adem�s dio una atenci�n constante a los asuntos p�blicos, ya que a mediados de 1859 Pantale�n Barrera, el ex gobernador enemigo, impuls� un movimiento en Hopelch�n que ped�a la reincorporaci�n de Campeche a Yucat�n; no obstante, fracas� y Garc�a sigui� en el mando pol�tico y militar.
A fines de 1860 fueron derrotadas las fuerzas de la reacci�n y el gobierno del presidente Ju�rez expidi� en Veracruz la convocatoria para la elecci�n de presidente de la Rep�blica y diputados al Congreso de la Uni�n. Este documento se public� en Campeche acompa�ado de otra convocatoria: la de elecci�n de constituyentes locales, con la misi�n principal no s�lo de elaborar un documento de tal importancia, sino la de presentar un escrito que solamente era facultad de los estados que legalmente eran parte de la Federaci�n. Fue, a no dudarlo, otro golpe de audacia; las principales funciones de la asamblea fueron hacer o�r su voz ante el Congreso de la Uni�n y las legislaturas de los estados, para el reconocimiento de Campeche como estado de la Confederaci�n y expedir su Carta Constitucional y leyes org�nicas, ello en un plazo de cuatro meses.
