La lucha por la tierra, con distintas apariencias, se convirti� en el principal
escenario social del siglo XVIII.
Aunque no todos los procesos de restituci�n de propiedades fueron desatendidos por la Corona, la mayor parte de la tierra productiva de lo que hoy ocupa el estado de San Luis Potos� qued�, en poco tiempo, en manos de los mineros m�s pr�speros, comerciantes y concesionarios virreinales; por ejemplo, los propietarios de las haciendas cercanas a la villa del Dulce Nombre de Jes�s o pueblo de Santa Elena, pr�ximo a Rioverde, despojaron a sus vecinos de las tierras que ten�an mercedadas as� como del agua para el riego de sus exiguos terrenos. Desde 1710 comenzaron los tr�mites para la restituci�n de las tierras, y que en 1758 a�n no conclu�a.
En ese a�o, la mayor parte de los pueblos huastecos y pames se hab�an quedado sin tierras; las perdieron cuando los espa�oles y su descendencia criolla ensancharon sus propiedades sin que la autoridad se preocupara por dar a los pueblos el fundo y el ejido a que ten�an derecho de acuerdo con la legislaci�n virreinal. El remate de las tierras y bienes de Manuel Antonio Rojo y Vieyra, arzobispo de Manila, gobernador y capit�n general de las Filipinas —acusado de traici�n por haber capitulado ante los ingleses en Manila— nos puede dar una idea de la extensi�n de las grandes propiedades en la regi�n. El remate se hizo en 1787 y las propiedades fueron adquiridas —con intervenci�n de F�lix Calleja— por Felipe Barrag�n, criollo, propietario, ganadero y comerciante de Valle del Ma�z, vinculado por sus relaciones comerciales con la metr�poli virreinal. Las propiedades, entre otras, eran las siguientes: en la regi�n de Rioverde, Valle del Ma�z y Alaquines, las haciendas de San Diego (27 000 hect�reas), San Rafael de Minas Viejas (49 000 hect�reas) y Terrenos del Valle (54 000 hect�reas); en la regi�n norte de la Huasteca, la hacienda de San Juan Evangelista del Mezquite ten�a alrededor de 450 000 hect�reas. A la muerte de Barrag�n, en 1797, la propiedad se fraccion� entre sus descendientes; no obstante, las tierras repartidas cubr�an grandes extensiones —la mitad del terreno productivo del actual estado de San Luis Potos�— e inclu�an una gran cantidad de pueblos y recursos.
Las antiguas tierras anexadas a las misiones para conformar unidades de producci�n agr�cola, en estrecha relaci�n con los ind�genas, tambi�n hab�an desaparecido, con excepci�n de algunos lugares como Rioverde y Lagunillas en donde los cultivos de los pames, al abrigo de las misiones, lograron cierto desarrollo. Encontramos otro caso en el que se respetaron y fomentaron las viejas recomendaciones de la colonizaci�n: el capit�n criollo Francisco de Mora, con evidentes motivos pol�ticos, compr� la hacienda de Santa Rosa de la Angostura, en donde exist�a una congregaci�n de m�s de 100 familias de indios pames y fund� con Jos� de Escand�n, en marzo de 1757, la congregaci�n de la Divina Pastora. Asign� tierras a los indios, ministr� ma�z, bueyes y aperos de labranza, paramentos sagrados y una imagen de talla para la capilla. Sin embargo, tal y como indican la cr�nica y los registros de propiedad de la �poca, la tendencia general fue el acaparamiento y los despojos.
Durante todo el siglo XVIII, los graves conflictos por la tenencia
de la tierra se sumaban a los derivados de su jurisdicci�n. Quienes sufr�an
las consecuencias de estas disputas eran los vecinos de cada lugar. Un caso
—entre muchos— que ilustra este problema constante fue la desavenencia
entre el asentista de las Salinas de Santa Mar�a y Pe�ol Blanco y el alcalde
mayor de San Luis Potos� que, si bien se resolvi� a favor de �ste, el asentista
de las Salinas conserv�, gracias al apoyo de los vecinos espa�oles, sus atribuciones
de costumbre. El alcalde mayor de San Luis no pod�a visitar el pueblo del Venado,
a pesar de que ten�a jurisdicci�n sobre �l. Los ind�genas del pueblo quedaron
atrapados en el conflicto, sin protecci�n legal y a merced de los estancieros.
El conflicto de las jurisdicciones se convirti� tambi�n en un serio problema pol�tico que en no pocas ocasiones obstaculiz� la puntual aplicaci�n de la ley, la consolidaci�n de instituciones y el suministro de bienes y servicios a los m�s necesitados y a la poblaci�n en general.
