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APA V.1 La gobernaci�n de Sinaloa y provincias agregadas
Hemos hablado de los conflictos de jurisdicci�n que se presentaban en las provincias del noroeste porque sus alcaldes mayores depend�an de diferentes autoridades superiores; el alcalde mayor de Culiac�n estaba sujeto a la Audiencia de Guadalajara, y los dem�s estaban subordinados al gobernador de la Nueva Vizcaya. Tambi�n nos referimos a la confusi�n que hab�a en las provincias del sur sobre qui�n era la autoridad superior. Para solucionar estos conflictos el gobierno virreinal decidi� unificar estas provincias en una sola gobernaci�n independiente de la Nueva Vizcaya y de la Nueva Galicia. A esta nueva entidad pol�tica y administrativa se le llam� gobernaci�n de Sinaloa y provincias agregadas, o bien gobernaci�n de Sinaloa y Sonora, que tuvo por cabecera la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa porque ten�a mayor poblaci�n que otras localidades y se encontraba colocada en el centro del territorio m�s poblado. Estaba regida por un gobernador que ten�a autoridad sobre los alcaldes mayores.
El brigadier Pedro de Rivera, quien hizo la visita de los presidios del norte de 1724 a 1728, sugiri� al virrey Juan de Acu�a, marqu�s de Casafuerte, esta reorganizaci�n pol�tica y administrativa de las provincias de noroeste. El virrey apoy� la idea que fue aprobada por el rey de Espa�a Felipe V en 1732 y ejecutada al a�o siguiente con el nombramiento del primer gobernador, Manuel Bernal de Huidobro, a la saz�n alcalde mayor de Sinaloa. En los ramos de gobierno, hacienda y guerra, el gobernador estaba sujeto al virrey, mientras que en el ramo de justicia depend�a de la Audiencia de Guadalajara.
La creaci�n de la gobernaci�n resolvi� algunos problemas del gobierno local, como la unificaci�n de la autoridad superior de las provincias, la presencia en el noroeste de un funcionario real de mayor jerarqu�a y con m�s amplios poderes, lo cual agiliz� el despacho de los asuntos. Sin embargo, el nombramiento del gobernador conserv� muchos de los inconvenientes de la designaci�n de los alcaldes mayores, es decir, las fuertes erogaciones que el aspirante deb�a hacer para recibir el cargo, lo que originaba que procurara resarcirse de los gastos, y que se asociara con alg�n comerciante almacenero para servirle como agente comercial en la regi�n, como fue el caso de los alcaldes mayores.
Por raz�n de su cargo y tambi�n por sus propios intereses y los de los comerciantes que representaba, el gobernador deb�a impulsar el desarrollo econ�mico del sector de los colonos y en especial la producci�n de plata, circunstancia que lo condujo a enfrentamientos con los misioneros jesuitas, como ya hab�a ocurrido con los alcaldes; pero ahora los conflictos fueron de mayor magnitud y se convirtieron en problemas que merec�an la atenci�n del gobierno virreinal. El primer gobernador, Bernal de Huidobro, fue tambi�n el que inici� la confrontaci�n con los intereses de los misioneros, porque quiso, en 1735, introducir algunas reformas —para lo cual ten�a facultades— en la administraci�n interna de los pueblos de indios, pero que los misioneros rechazaron en�rgicamente. La querella lleg� a la Audiencia de Guadalajara y luego al virrey, y como la Compa��a de Jes�s gozaba de influencia pol�tica logr� que se resolviera a su favor con la destituci�n de Manuel Bernal de Huidobro en 1740, arguyendo tambi�n algunos errores que el gobernador cometi� durante la rebeli�n de yaquis y mayos, de la que adelante nos ocuparemos.
Para sustituir a Bernal de Huidobro el virrey nombr� gobernador al sargento mayor de Sonora, Agust�n de Vild�sola, quien trat� de salvaguardar los intereses de los misioneros, pues deb�a su nombramiento a la recomendaci�n de la Compa��a de Jes�s. Por esta actitud, entr� en conflicto con los comerciantes, rancheros y mineros de la regi�n as� como con los oficiales de los presidios; por este motivo y por abusos que cometi� en perjuicio de la poblaci�n, perdi� autoridad y los mismos jesuitas pidieron su remoci�n en 1748.
El virrey primer conde de Revillagigedo envi� al noroeste a Jos� Rafael Rodr�guez Gallardo con investidura de visitador; fue �l quien depuso a Vild�sola y asumi� interinamente la gubernatura. El visitador se abstuvo de enfrentarse con los misioneros, pero en su informe al virrey sobre la situaci�n de la gobernaci�n indic� claramente la incompatibilidad entre el sistema de misiones y las actividades econ�micas de los colonos. En 1749 fue nombrado gobernador Diego Ortiz Parrilla, quien abiertamente apoy� a los colonos que planteaban la necesidad de secularizar las misiones y retirar a los religiosos. A pesar de los ataques de los jesuitas, Ortiz Parrilla logr� concluir el periodo de su gobierno, que expir� en 1753. Durante su gesti�n, la sede del gobierno se cambi� al presidio de San Miguel de Horcasitas, en la provincia de Sonora, porque los problemas m�s graves fueron las rebeliones de pimas y seris, y el gobernador deb�a atenderlos con prioridad. En las provincias del sur, Culiac�n, Copala, Maloya y El Rosario, casi no intervino directamente porque sus intereses estaban en los problemas militares de Sonora y tambi�n por la gran distancia que mediaba entre Horcasitas y aquellas provincias.
Los subsecuentes gobernadores, Pablo de Arce y Arroyo (1753-1755), Juan de Mendoza (1755-1760), Jos� Tienda de Cuervo (1761-1762) y Juan Claudio de Pineda (1763-1770), a quienes les toc� la etapa final del sistema de misiones, procuraron evitar enfrentamientos con los jesuitas porque el asunto ya se estaba atendiendo en M�xico y correspond�a al virrey la soluci�n final. Toc� a Juan Claudio de Pineda ejecutar la orden de expulsi�n de los misioneros en 1767.
La historia pol�tica de la gobernaci�n de Sinaloa y Sonora entre 1733 y 1767 fue de continuos enfrentamientos entre los funcionarios del rey y los misioneros jesuitas, desavenencias que ten�an su origen en la incompatibilidad de las dos organizaciones econ�micas establecidas en la regi�n, la de los misioneros y la de los colonos. No obstante, el mismo crecimiento del conflicto indica que la autoridad del gobierno espa�ol aument� su presencia en la regi�n, es decir, que las provincias del noroeste avanzaban hacia la integraci�n, cada vez mayor, de la sociedad regional, pero sujeta al gobierno de M�xico.
