La intervención federal


El 16 de junio cerraba su segundo periodo de sesiones ordinarias la VIII Legislatura del Congreso local. Pero el gobernador tocó la llaga: "una cuestión añeja entre el Poder Judicial y la llamada VII Legislatura fue motivo para que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión acordara una resolución adversa a la soberanía de esta entidad federativa, declarando que desde el 16 de septiembre del año anterior habían desaparecido los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado".

Estas palabras y los atentos oídos de los diputados presentes manifestaban con claridad y estupor su conciencia de ilegalidad. Sin embargo, al afrontar el hecho como lo hacía, vibraba en la voz de don Doroteo López la protesta; es más, en su opinión, el que se estuviera desarrollando esa ceremonia, cuyos pontífices eran el gobernador y los diputados libremente elegidos por el pueblo, pero ninguneados desde arriba, mostraba "que Colima no está fuera del orden constitucional, y que sus poderes funcionan con toda la regularidad que les marca la Carta Constitucional". Parecía, pues, que don Doroteo estaba tan convencido de su legalidad, que nada ni nadie podría hacerle bajar del macho, esperando que los conscientes y responsables diputados locales se solidarizaran con él. Pero no; el mismo gobernador López iba a levantar el tapete y enseñar las profundas debilidades de la autonomía del estado de Colima.

Mirando a los representantes del pueblo, don Doroteo López, con un amplio movimiento del brazo y señalando con un dedo tenso hacia afuera del recinto del Congreso, agregó: "A las puertas de la ciudad está, según se sabe, la persona nombrada por la Federación para encargarse del mando del estado, apoyado por las fuerzas del centro". La ceremonia tomaba aires de velorio. Don Doroteo López añadió: "a su debido tiempo, me retiraré del poder, porque no quiero que una insistencia, aunque legal, sea causa de un trastorno. Colima y sus poderes se sacrifican en aras de la paz; pero tienen la convicción de que no ha concluido para ellos el mandato que el pueblo les confirió en ejercicio de su soberanía y conforme a las leyes fundamentales de la República y del estado".

La crónica no relata si surgieron "vivas" espontáneos al que era ya un cadáver político; si hubo murmullos, gestos afirmativos con la cabeza, codazos o cosas parecidas, la lógica lo supone. Lo único cierto fue que don Gerardo Hurtado, en su última aparición como presidente de ese Congreso, se paró, estiró el cuello, carraspeó, protestó del fallo senatorial y concluyó débilmente: "Nada opondrá el estado de Colima a esa suprema disposición". En otras palabras: en estos tiempos de crisis no hay más que disciplinarse. Todo se había precipitado. El Senado declaraba la desaparición de los poderes en Colima y el Ejecutivo Federal, Porfirio Díaz, hacia promulgar dicho fallo el 27 de mayo, designando al general Pedro A. Galván gobernador provisional y comandante militar, con la encomienda de convocar elecciones y restablecer la legalidad.

Se iban unos y llegaban otros; los primeros caían en desgracia y los segundos eran puestos en el candelero. El general Galván —quien por cierto ocupó la capital sin necesidad de disparar un solo balazo— de inmediato giró urgentes providencias: primero, la lotería de nombramientos y la instalación de juntas municipales que sustituían a los ayuntamientos defenestrados; después, las medidas urgentes para sanear las finanzas públicas del estado reduciendo al extremo el presupuesto y, por supuesto, paralizando las obras del palacio; por último convocó a elecciones. El prurito personal no dejó de tentar al general, a quien gustaban los jardines: para perpetuar su memoria, tuvo la brillante idea de construir un kiosco en el mero centro del jardín principal de Colima.

Llegado el día de las elecciones, "con la mayor tranquilidad y sin que haya habido ningún incidente desagradable", según el comunicado de la prefectura política, los ciudadanos acudieron al ritual en los siete distritos que, para este efecto, se establecieron en el estado. Por Colima, los buenos fueron Esteban García, Arcadio de la Vega, Remigio Rodríguez y Miguel de la Madrid, diputados propietarios; los suplentes fueron Trinidad Padilla, Mariano Riestra, Vicente Fajardo y José Conrado González. Pero la mera buena fue la elección de gobernador constitucional cuyo mandato habría de cubrir hasta septiembre de 1883.

El esperado de las mayorías, don Francisco Santa Cruz, el Santa Anna colimense, aguardó en su casa del Portal Medellín los resultados. Tan pronto como éstos se dieron a conocer, electores, funcionarios y curiosos corrieron a la cargada para expresarle su irrestricta devoción y el férvido entusiasmo de su militancia. El coronel sonorense —Santa Cruz era nativo de Guaymas—, emocionado, pronunció un fervorín interrumpido constantemente por los aplausos y las aclamaciones. Después, con el coronel a rastras, al son de bandas de música, todos corrieron a la casa del general Galván, menguado ya por el astro que nacía pero, al Cabo, aún con las riendas del poder en sus manos.


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