De nueva cuenta, sin campaña política ni sufragio directo, llegaba un gobernador, Ignacio Pichardo Pagaza. Con todo, de los últimos gobernantes era el de más arraigo y marcaría una nueva etapa en la historia del estado. En efecto, la entidad había seguido ciertos lineamientos desde el gobierno de Hank González. Una clave en aquella gestión y en las siguientes fue la concepción de un gobierno metido a empresario mediante un sinnúmero de organismos, ya directamente dependientes del mismo o más bien indirectamente a través de las paraestatales. Concepción que correspondía a la pregonada en la Federación con singular fuerza a partir del sexenio de Echeverría y conservada con altibajos hasta el perteneciente a De la Madrid. Recuérdese que en tiempos de Del Mazo González el fenómeno paraestatal llegó hasta los municipios. El estado era corrector y gestor de la economía, metido y entrometido en mil actividades con el objeto de favorecer el desarrollo, la asistencia, la justicia y la equidad social.
Pero el modelo había propiciado perpetuos y crecientes subsidios a muchas de
tales empresas, burocratismo y un progresivo y enorme endeudamiento tanto federal
como estatal. Ciertamente se habían multiplicado los servicios y las obras públicas,
mas el rezago de esa acción gubernamental frente a las demandas galopantes cada
vez era más grande. Y aunque se considerara una crisis mundial, no dejaba de
verse que el modelo interno había fracasado. Pichardo Pagaza se encargó de dar
carpetazo, o "desincorporar", a cerca de 180 organismos descentralizados y empresas
paraestatales, dejando únicamente 30. En diversas ocasiones el gobernador señaló
que tales organismos en su momento habían cumplido sus objetivos, pero ahora
ya resultaban innecesarios. Pichardo declaró, a propósito de las paraestatales
de la construcción:
El gobierno ya no construye vivienda directamente; la experiencia demuestra que es mediano fraccionador, mal cobrador y pésimo casateniente. Su función es otra: impulsar a los promotores y constructores de vivienda; facilitarles el acceso al crédito, desregular los trámites y disminuir las cargas tributarias que les afecten. Este esquema ya dio resultado. Durante el año [1992] se concluyeron 24 000 viviendas bajo estos procedimientos.
La principal paraestatal de la construcción de esta provincia, AURIS, con altos costos, apenas había llegado a poco más de 400 viviendas en 1989 y a 260 en 1990. El DIF estatal directamente se ocupó de una promoción más modesta pero eficaz, mediante el programa Cobijo Rural, que procuró el mejoramiento de viviendas campesinas.
Entre otros de los organismos liquidados o vendidos, cabe señalar los periódicos El Rumbo y El Noticiero, así como la empresa financiera CODAGEM y la de fertilizantes FEDOMEX. Hasta el flamante aeropuerto José María Morelos se puso en venta. Es el "cambio de la economía estatista hacia la economía social de mercado".
