Pero en los últimos tiempos Jalisco ha sido también escenario de hechos muy lamentables, como las discrepancias entre diferentes grupos de narcotraficantes que se han ventilado en lugares públicos. Ello ha dado lugar a no pocas muertes violentas, entre las que se incluye la del cardenal Jesús Posadas Ocampo, asesinado a mansalva en mayo de 1993, en plena luz del día.
Se dice que, en un momento dado, se violó un acuerdo de facto habido entre quienes se dedican a la producción y el contrabando de estupefacientes en el norte del país: respetar el área metropolitana de Guadalajara para que sus familias pudieran vivir tranquilamente en ella.
Por otro lado, el 22 de abril de 1992, poco después de que la capital de Jalisco celebrara pomposamente 450 años de vivir en el valle de Atemajac, tremendas explosiones causadas por una excesiva cantidad de gasolina infiltrada en un colector principal causaron más de 200 muertos, miles de heridos y la destrucción total de ocho kilómetros de calles que cruzaban el antiguo y populoso barrio de Analco; pero, además, dicha catástrofe fue aprovechada para castigar la insumisión del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri y sus desacuerdos con funcionarios federales de alto nivel.
Desde unos meses antes, el gobernador de Jalisco se había visto debilitado por una fuerte campaña de prensa en su contra y una manifiesta y creciente animadversión por parte de influyentes sectores de la ciudadanía. A fin de cuentas, pidió licencia el 1 de mayo de 1992, previo encarcelamiento como supuestos culpables de la tragedia, entre otros, del recientemente nombrado secretario de Desarrollo Urbano y Rural y de quien se había convertido, al comenzar el mes de abril, en presidente municipal de Guadalajara, gracias al inobjetado voto en su favor de las dos terceras partes de los sufragantes. Privados de su libertad, ambos se vieron obligados a presentar su renuncia, seguidos por la mayor parte de los regidores tapatíos, de manera que el ayuntamiento tuvo que ser sustituido por un concejo municipal que fue nombrado por el Congreso del estado.
En lugar de Cosío Vidaurri fue designado Carlos Rivera Aceves, a quien tocó
la difícil tarea de ir recomponiendo sobre la marcha la administración pública,
seguir adelante con lo que se había iniciado, atender a los miles de damnificados
y evitar conflictos mayores.
