En 1833, la legislatura jalisciense, con el respaldo de Valentín Gómez Farías, decretó la suspensión del pago del diezmo, medida que causó gran revuelo y daño a la Iglesia; pero más tarde, al ser derrocado ese gabinete, se revocó dicha disposición, se procedió a la clausura del instituto y de la Normal Lancasteriana y se restableció la universidad.
A fines de 1833, el gobernador Pedro Tamés prohibió a la Iglesia poseer bienes raíces y ordenó que las fincas urbanas de su propiedad fuesen puestas en subasta pública. La reacción inmediata fue un virulento ataque al gobierno desde los púlpitos, acusándolo de pretender acabar con la religión, en tanto que algunos grupos conservadores se levantaron en armas.
En mayo de ese mismo año, los centralistas habían proclamado el Plan de Cuernavaca al grito de "religión y fueros". El gobierno estatal, encabezado por Tamés, lo rechazó abiertamente y ofreció asilo al Congreso Nacional; sin embargo, la insurrección ganó adeptos con tal rapidez que hasta el propio presidente de la República, Antonio López de Santa Anna, se puso de su lado. Tamés reconsideró entonces sus medidas, pero el Congreso local se lo impidió y tuvo que renunciar. Lo sustituyó Juan N. Cumplido, quien se manifestó decidido a llevar las reformas liberales hasta sus últimas consecuencias.
Esto dio pie a que se enviara un grueso contingente militar para someterlo,
ocupando Guadalajara el 12 de agosto de 1834 e instalando como nuevo gobernador
a José Antonio Romero, al tiempo que le eran restituidos al clero sus privilegios
y canceladas todas las leyes que iban en su perjuicio.
