ESTABLECIDA EN LAS ANTILLAS desde los tiempos de Colón, la encomienda fue una de las formas de repartimiento de la riqueza. Muy pronto provocó las protestas de religiosos y juristas, particularmente de fray Bartolomé de las Casas, porque, convertida en explotación, llegó al grado de originar la despoblación indígena de las islas.
Cortés la implantó en la Nueva España, para que "los dichos señores y naturales sirvan y den a cada español a quien estuvieren depositados lo que hubieren menester para su manutención" y para el trabajo personal en la agricultura y la ganadería, exceptuando (aunque teóricamente) en la minería. Aún con prohibición real, la encomienda quedó establecida, con modalidades distintas a las de las Antillas. La oposición de la Corona a su introducción suscitó un serio problema político y una larga discusión legal. El alegato la definió como un señorío limitado sin derechos jurisdiccionales y con percepción de tributos, sin menoscabo de la soberanía real. El encomendero tendría obligaciones, como las de contribuir a la defensa del territorio y procurar la paz espiritual del indio doctrinándolo; "con inhibición de transferido y sólo si goza del usufructo del trabajo y del producto indígenas". Mediado el siglo XVII la encomienda había desaparecido casi por completo.
En el Nuevo Reino de León la encomienda fue introducida por Luis de Carvajal. En su capitulación con Felipe II de 30 de mayo de 1579, el rey le autorizaba "para llevar cuarenta piezas de esclavos negros la tercia parte hembras, libres de todos derechos, para el servicio de vuestra persona y casa".
