Con el establecimiento de las Juntas de Fomento del Comercio en las capitales de los departamentos, el gobierno general buscaba el doble propósito de controlar el contrabando y facilitar las operaciones fiscales. Con el mismo designio se estableció el Tribunal Mercantil.
El contrabando llegó, en efecto, a convertirse en un problema que desalineaba el fiel de la balanza de gran número de actividades productivas y comerciales y que afectaba tanto al erario público como a los ingresos de la sociedad en general. Las respuestas de la sociedad empezaban a expresar un marcado tinte nacionalista. En San Luis Potosí se estableció la Asociación Patriótica Potosina en abril de 1844, con la finalidad de impulsar el comercio y la industria nacionales; para ello, obligaron a sus asociados a no comprar artículos de procedencia extranjera, sino en los casos de necesidad calificados por la Junta Permanente de esta asociación; no comprar sino en los establecimientos mexicanos, reputados como tales los de cualquier extranjero con familia o bienes que lo arraigasen al país, o fábrica o taller o escuela donde se propagaran los conocimientos útiles y métodos industriales; además,
no ocupar sino artesanos del país o extranjeros en quienes concurran las circunstancias expresadas. Hacer todo lo posible por que en sus familias y personas de su dependencia se propague el espíritu de esta asociación; procurar igualmente que el pueblo se ponga al alcance de las importantes y benéficas miras de esta asociación, para que persuadido de su ventaja las adopte. Podrán los asociados usar las prendas de manufactura extranjera que actualmente tengan pero no otras nuevas; y desde el 16 de septiembre estarán obligados a presentarse con una prenda, por lo menos, de tejidos del país.
A partir de 1842, el gobierno general comenzó a administrar la renta del tabaco, al término del contrato celebrado con la Empresa de Tabacos. La política del gobierno general respecto de las rentas y haberes de los departamentos se tomó cada vez más exigente al mismo tiempo que esquilmaba sus recursos.
Algunas veces los negocios particulares fueron apoyados por gestiones públicas que, a su vez, recibían beneficios. Entre 1833 y 1842 la Empresa de Tabacos, administrada por Cayetano Rubio y José Ma. Errazú, a quienes se identificaba como partidarios del centralismo y más adelante como conservadores, adquirió las haciendas de San Ignacio del Buey y San Agustín de los Amoles, haciendas que pertenecían al Fondo Piadoso de las Misiones de las Californias. Es muy posible que esta transacción se hubiera derivado de las reclamaciones que Antonio López de Santa Anna hizo de los bienes del Fondo Piadoso para el patrimonio de la nación, gestión que recuerda la realizada por Calleja en favor de Barragán. Los nexos entre Cayetano Rubio y Santa Anna se fortalecieron por esta operación y se reflejaron en los fuertes préstamos que Rubio le hizo para financiar sus campañas militares y para su uso particular. En 1842, justo al término de la concesión, la Empresa de Tabacos vendió al guatemalteco José Domingo Rascón las haciendas de San Ignacio del Buey y San Agustín de los Amoles, de las que pudo tomar posesión hasta 1844.
