En 1967 se inauguró un nuevo gobierno, el del licenciado Antonio Rocha, quien aplicó una política de reconciliación. Promovió la formación de patronatos para obras sociales y culturales e invitó a participar a destacados dirigentes de la oposición. Comenzó a impulsar una institucionalidad política que fuera incluyente y que creara una clase política local ajena a los cacicazgos. El régimen de Rocha mantuvo los mecanismos tradicionales de control político y su misma designación fue decisión del poder político central. Así surgió una nueva institucionalidad autoritaria en San Luis Potosí. Durante su gobierno, la oposición se manifestó, como en muchas otras partes del país, desde la izquierda universitaria y se vinculó a las demandas populares urbanas y los movimientos campesinos. Ya no era la izquierda de los obreros de la Cooperativa Atlas, de los ferrocarrileros o los mineros, sino principalmente de los sectores magisterial y estudiantil. El gobernador trató de evitar confrontaciones que abrieran las heridas recientes; cauto, impulsó obras importantes de remodelación en la capital que fueron una revaloración simbólica del espacio urbano donde había surgido el movimiento político de finales de los cincuenta.
A pesar de las diferencias de actitud y de orígenes políticos, sobre todo si se piensa en el último de ellos, los tres regímenes de gobierno que terminaron consecutivamente sus periodos constitucionales de seis años —Antonio Rocha (1967-1973), Guillermo Fonseca (1973-1979) y Carlos Jonguitud Barrios (1979-1985)— llevaron a cabo numerosas obras públicas tanto de infraestructura como en el área de servicios.
Durante esos años, los gobiernos federales apoyaron el proyecto de irrigación llamado Pujal-Coy, que se proponía abarcar 720 000 ha en la planicie costera del Golfo, en una región que comprende el este de San Luis Potosí, el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas y parte del estado de Hidalgo y que aprovechaba el terreno de los ríos Tamapón-Moctezuma-Tamesí y algunas lagunas. En el régimen de López Mateos se iniciaron los trabajos para desarrollar el proyecto de la presa del Pujal y, en 1964, se expropiaron por decreto presidencial 170 000 ha de la Huasteca potosina; sin embargo, la oposición de los ganaderos regionales logró que el presidente Díaz Ordaz diera marcha atrás al decreto. El gobierno de Echeverría retomó el proyecto y, en enero de 1973, por decreto presidencial se afectaron 72 000 ha. Los decretos iban y venían, pero con ello, las bases del poder regional de Gonzalo N. Santos fueron desmanteladas. En 1979, el presidente López Portillo expropió 238 000 ha. Estos terrenos estaban dedicados a la ganadería extensiva y tenían grandes áreas cubiertas de selva. De esta manera, en San Luis fueron afectados los municipios ganaderos más importantes de la Huasteca: El Ébano, Tamuín y San Vicente Tancuayalab.
El proyecto de Pujal-Coy pretendía modificar el cambio de uso de suelo, pasar de la ganadería extensiva a la agricultura intensiva de riego, lo que, a su vez, estimularía los cambios en la región, como en la tenencia de la tierra, la redistribución de la población, el aumento de la producción y la inversión en infraestructura. Por múltiples causas, el proyecto no logró sus metas. Daños ecológicos graves, problemas sociales complejos y resultados económicos escasos contrastan con los profundos efectos políticos que terminaron por modificar las relaciones de poder en el estado, con un costo, eso sí, muy elevado.
La estabilidad política evidenciaba una institucionalidad en ciernes, que permitió el remplazo de los grupos en el poder; empero, una asignatura pendiente no tardó en volver en la década de los ochenta. La atmósfera internacional del fin de la guerra fría, así como el inicio de las transiciones democráticas en muchos países de regímenes autoritarios, se entrelazaron con el surgimiento vigoroso de movimientos políticos en todo el país que demandaron una profunda reforma democrática. En San Luis Potosí, los viejos luchadores sociales fueron vistos como precursores y el doctor Salvador Nava reapareció en el escenario político al frente de la oposición, esta vez con una presencia decidida del PAN, del PDM, del Frente Cívico Potosino y, más tarde, del PRD. La sociedad regional empezó a replantear su vida política: democratizar los procesos y ciudadanizar los organismos electorales fueron tareas a las que se entregó una parte considerable de la comunidad potosina. Un poco antes de morir en 1992, el doctor Nava escribió: "Comenzamos hace 35 años. No nos hemos desviado ni doblegado. Estamos más cerca, menos lejos, somos hoy más mexicanos. Antes éramos menos. Quisiera ver con mis ojos esa democracia, es mi única aspiración".
Comenzó el difícil camino de dar vida a una cultura política. La exigencia de reformas profundas y de practicar, a la vez, la tolerancia es un reto que aún debe resolver San Luis Potosí; para lograrlo, tendrá que asumir también el desafío que le hacen las profundas desigualdades económicas y sociales que ubican al estado entre los de mayor marginalidad.
San Luis Potosí es por mucho una historia de rutas, de norte a sur y de este a oeste, pero también del centro a la periferia y viceversa. Sus regiones contrastantes han logrado complementarse: frontera cultural, territorio de entrecruzamientos, su vocación antigua que amalgama los grandes trazos nacionales es una de sus mayores riquezas.
