Otro fenómeno que incidió en el desequilibrio social de Sinaloa fue la excesiva concentración de la propiedad de la tierra, realizada al amparo de las leyes de colonización y baldíos. El investigador Alonso Martínez Barreda, en su estudio Sinaloa Land Company, señala que se formaron 10 compañías colonizadoras y deslindadoras de tierras baldías que operaron en Sinaloa entre 1877 y 1910, ocho de ellas estadunidenses. La primera fue de la Albert K. Owen en el valle del Fuerte, de la que ya hablamos. Las demás obtuvieron grandes extensiones de tierras y concesiones para el uso del agua en los valles de los ríos Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Culiacán y San Lorenzo, y aunque no cumplieron con la obligación de asentar colonos, pagaron las multas correspondientes y quedaron en la posesión de excelentes tierras agrícolas que podían ser irrigadas. Ahí se inició la agricultura moderna de Sinaloa. Según las Estadísticas sociales del porfiriato, publicadas por la Secretaría de Economía, la extensión de las tierras adquiridas así casi alcanzó la cifra de dos millones de hectáreas.
Una de estas compañías colonizadoras y deslindadoras fue la empresa Sonora and Sinaloa Irrigation Company, fundada por Carlos Conant para adquirir tierras en los valles de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte. Entre las tierras baldías concesionadas a esta compañía estaban las comunales de yaquis y mayos, porque legalmente no tenían propietario desde que la Ley Lerdo extinguió la propiedad comunitaria. Este hecho provocó el recrudecimiento de la guerra entre indios y yoris, que alcanzó una de sus etapas más crueles y violentas. Yaquis y mayos se levantaron en armas bajo la dirección de Cajeme y luego de Tetabiate, para luchar en defensa de sus tierras. Las acciones militares ocurrieron principalmente en territorio de Sonora, pero participaron en el conflicto los indios mayos del valle del Fuerte. A la derrota militar de los indios siguió su deportación a Yucatán y Oaxaca.
