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APA V.1 La gobernación de Sinaloa y provincias agregadas
Hemos hablado de los conflictos de jurisdicción que se presentaban en las provincias del noroeste porque sus alcaldes mayores dependían de diferentes autoridades superiores; el alcalde mayor de Culiacán estaba sujeto a la Audiencia de Guadalajara, y los demás estaban subordinados al gobernador de la Nueva Vizcaya. También nos referimos a la confusión que había en las provincias del sur sobre quién era la autoridad superior. Para solucionar estos conflictos el gobierno virreinal decidió unificar estas provincias en una sola gobernación independiente de la Nueva Vizcaya y de la Nueva Galicia. A esta nueva entidad política y administrativa se le llamó gobernación de Sinaloa y provincias agregadas, o bien gobernación de Sinaloa y Sonora, que tuvo por cabecera la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa porque tenía mayor población que otras localidades y se encontraba colocada en el centro del territorio más poblado. Estaba regida por un gobernador que tenía autoridad sobre los alcaldes mayores.
El brigadier Pedro de Rivera, quien hizo la visita de los presidios del norte de 1724 a 1728, sugirió al virrey Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, esta reorganización política y administrativa de las provincias de noroeste. El virrey apoyó la idea que fue aprobada por el rey de España Felipe V en 1732 y ejecutada al año siguiente con el nombramiento del primer gobernador, Manuel Bernal de Huidobro, a la sazón alcalde mayor de Sinaloa. En los ramos de gobierno, hacienda y guerra, el gobernador estaba sujeto al virrey, mientras que en el ramo de justicia dependía de la Audiencia de Guadalajara.
La creación de la gobernación resolvió algunos problemas del gobierno local, como la unificación de la autoridad superior de las provincias, la presencia en el noroeste de un funcionario real de mayor jerarquía y con más amplios poderes, lo cual agilizó el despacho de los asuntos. Sin embargo, el nombramiento del gobernador conservó muchos de los inconvenientes de la designación de los alcaldes mayores, es decir, las fuertes erogaciones que el aspirante debía hacer para recibir el cargo, lo que originaba que procurara resarcirse de los gastos, y que se asociara con algún comerciante almacenero para servirle como agente comercial en la región, como fue el caso de los alcaldes mayores.
Por razón de su cargo y también por sus propios intereses y los de los comerciantes que representaba, el gobernador debía impulsar el desarrollo económico del sector de los colonos y en especial la producción de plata, circunstancia que lo condujo a enfrentamientos con los misioneros jesuitas, como ya había ocurrido con los alcaldes; pero ahora los conflictos fueron de mayor magnitud y se convirtieron en problemas que merecían la atención del gobierno virreinal. El primer gobernador, Bernal de Huidobro, fue también el que inició la confrontación con los intereses de los misioneros, porque quiso, en 1735, introducir algunas reformas —para lo cual tenía facultades— en la administración interna de los pueblos de indios, pero que los misioneros rechazaron enérgicamente. La querella llegó a la Audiencia de Guadalajara y luego al virrey, y como la Compañía de Jesús gozaba de influencia política logró que se resolviera a su favor con la destitución de Manuel Bernal de Huidobro en 1740, arguyendo también algunos errores que el gobernador cometió durante la rebelión de yaquis y mayos, de la que adelante nos ocuparemos.
Para sustituir a Bernal de Huidobro el virrey nombró gobernador al sargento mayor de Sonora, Agustín de Vildósola, quien trató de salvaguardar los intereses de los misioneros, pues debía su nombramiento a la recomendación de la Compañía de Jesús. Por esta actitud, entró en conflicto con los comerciantes, rancheros y mineros de la región así como con los oficiales de los presidios; por este motivo y por abusos que cometió en perjuicio de la población, perdió autoridad y los mismos jesuitas pidieron su remoción en 1748.
El virrey primer conde de Revillagigedo envió al noroeste a José Rafael Rodríguez Gallardo con investidura de visitador; fue él quien depuso a Vildósola y asumió interinamente la gubernatura. El visitador se abstuvo de enfrentarse con los misioneros, pero en su informe al virrey sobre la situación de la gobernación indicó claramente la incompatibilidad entre el sistema de misiones y las actividades económicas de los colonos. En 1749 fue nombrado gobernador Diego Ortiz Parrilla, quien abiertamente apoyó a los colonos que planteaban la necesidad de secularizar las misiones y retirar a los religiosos. A pesar de los ataques de los jesuitas, Ortiz Parrilla logró concluir el periodo de su gobierno, que expiró en 1753. Durante su gestión, la sede del gobierno se cambió al presidio de San Miguel de Horcasitas, en la provincia de Sonora, porque los problemas más graves fueron las rebeliones de pimas y seris, y el gobernador debía atenderlos con prioridad. En las provincias del sur, Culiacán, Copala, Maloya y El Rosario, casi no intervino directamente porque sus intereses estaban en los problemas militares de Sonora y también por la gran distancia que mediaba entre Horcasitas y aquellas provincias.
Los subsecuentes gobernadores, Pablo de Arce y Arroyo (1753-1755), Juan de Mendoza (1755-1760), José Tienda de Cuervo (1761-1762) y Juan Claudio de Pineda (1763-1770), a quienes les tocó la etapa final del sistema de misiones, procuraron evitar enfrentamientos con los jesuitas porque el asunto ya se estaba atendiendo en México y correspondía al virrey la solución final. Tocó a Juan Claudio de Pineda ejecutar la orden de expulsión de los misioneros en 1767.
La historia política de la gobernación de Sinaloa y Sonora entre 1733 y 1767 fue de continuos enfrentamientos entre los funcionarios del rey y los misioneros jesuitas, desavenencias que tenían su origen en la incompatibilidad de las dos organizaciones económicas establecidas en la región, la de los misioneros y la de los colonos. No obstante, el mismo crecimiento del conflicto indica que la autoridad del gobierno español aumentó su presencia en la región, es decir, que las provincias del noroeste avanzaban hacia la integración, cada vez mayor, de la sociedad regional, pero sujeta al gobierno de México.
