En el estado interno de Occidente la actividad política estaba en manos de los notables, quienes ejercían plenos poderes en sus territorios de influencia, pero que chocaban contra los intereses de otros en cuanto salían. Así, podemos observar que los ayuntamientos funcionaron sin disensiones internas, como cuerpos homogéneos y disciplinados, a través de los cuales los distintos grupos de poder hacían oír su voz y defendían su autodeterminación. No sucedió lo mismo con el Congreso local, porque ninguno de los grupos de notables tuvo la capacidad necesaria para controlar la mayoría absoluta de los votos, de aquí que en el seno de la legislatura predominaran los desacuerdos y las alianzas precarias. Por las mismas razones, el Ejecutivo estatal era muy inestable y mantuvo continuas pugnas con la legislatura. Otro elemento de discordia era la presencia del comandante general del estado, nombrado por el gobierno federal pero inmerso en la dinámica de la política local, en la que podía ser un apoyo para el gobernador o bien un obstáculo para el ejercicio de su autoridad. Así, en 1825, estaba el gobernador Simón Elías González en pláticas con los jefes yaquis en busca de una solución al conflicto, cuando se presentó el comandante general, José Figueroa, y a despecho de la orden del gobernador emprendió la campaña contra esos indígenas y desató la rebelión.
A consecuencia de esta revuelta la capital del estado se trasladó interinamente a Cosalá, donde Francisco Iriarte tomó posesión de la gubernatura en noviembre de 1826. Al tratar el punto de la ciudad que sería asiento de los poderes estatales se manifestó la profunda división que había entre los diputados de la primera legislatura, pues unos pedían la vuelta a El Fuerte y otros proponían la ciudad de Culiacán. La legislatura quedó bloqueada varios meses porque tres de los diputados la abandonaron dejándola sin el quorum legal. En septiembre de 1827, la legislatura entró en conflicto con el gobernador Iriarte y huyó al real de El Rosario para evitar las presiones del ejecutivo. Luego, decretó que Álamos sería la capital del estado y allí se estableció con la protección militar del comandante, coronel Mariano Paredes de Arrillaga, quien depuso a Iriarte de la gubernatura. La primera legislatura concedió a El Rosario el título de "ciudad asilo de El Rosario" porque ofreció protección a los legisladores.
El conflicto entre los poderes legislativo y ejecutivo hizo crisis en junio de 1829, estando ya en funciones la segunda legislatura constitucional (1828-1830), cuando las milicias de Culiacán, en apoyo del depuesto gobernador, se enfrentaron a los militares fieles a la legislatura en el Palmito, lugar cercano a Culiacán. Los legisladores prometieron reinstalar a Iriarte en su puesto si los sublevados deponían las armas, como en efecto sucedió.
Los diputados de la legislatura hicieron ostentación de su filiación a la masonería yorkina, pues, como testifica Eustaquio Buelna en sus Apuntes para la historia de Sinaloa, cambiaron el nombre tradicional de varias poblaciones y les impusieron el de sus respectivas logias. De esta manera, el 5 de septiembre de 1828, la villa de San Sebastián pasó a ser Ciudad Concordia; el día 11 el presidio de Mazatlán recibió el nombre de Villa de la Unión, y al pueblo de Chametla se le denominó Villa de Diana. Este hecho, aunque parece trivial, nos confirma la idea de que la organización masónica estaba firmemente establecida en Sinaloa y que pudo ser el soporte de la actuación política de los notables; sin embargo, esta apreciación deberá ser sustentada en una investigación documental. En la provincia de Sonora también hubo cambios de nomenclatura: Nacameri se convirtió en Rayón, Altar en Figueroa, Oposura en Moctezuma y Pitic en Hermosillo.
En el breve lapso de seis años hubo muchas pugnas políticas en el estado interno de Occidente, y sólo hemos señalado los más sobresalientes por el encono de los beligerantes, que llegó hasta las armas. En lo general, esta etapa de la historia de las provincias del noroeste fue muy conflictiva en el aspecto político, pues las disensiones ocurrieron en el seno de la legislatura y enfrentaron al Congreso contra el gobernador. Si observamos la lista de gobernadores constatamos que ninguno pudo completar su periodo constitucional, que era de cuatro años. El gobernador que tuvo mayor continuidad fue Francisco Iriarte, pero sólo ejerció sus funciones durante 12 meses continuos. Los principales puntos en disputa fueron tres: quién debía ocupar la gubernatura, dónde debía estar la capital del estado y si debían convertirse las provincias de Sinaloa y Sonora en estados independientes. En el trasfondo de estas pugnas podemos ver las luchas entre los grupos de notables por impulsar sus intereses económicos y estorbar los de los otros. El grupo que llegaba a la gubernatura podía controlar los puestos de la administración estatal e influir sobre el poder judicial, lo que le daba una ventaja apreciable sobre sus rivales. Si la capital del estado se ubicaba en la zona de influencia de ciertos notables, mayores eran sus posibilidades de adelantar en sus negocios. El desplazamiento de la capital del estado de El Fuerte a Cosalá, luego a Culiacán y por último a Álamos expresa, pues, también la intensa lucha entre las facciones. El tercer punto del diferendo, la división del estado, fue el que mayores consecuencias tuvo en el proceso histórico del noroeste, por lo que lo examinaremos con más detenimiento.
