El proceso político sinaloense después de la Intervención fue sumamente confuso y agitado, al punto de que su análisis resulta por el momento impracticable. Entre 1867 y 1874 hubo un permanente estado de guerra entre los caudillos de la lucha contra los invasores franceses: Domingo Rubí, Ángel Martínez, Jorge García Granados, Adolfo Palacio, Manuel Márquez de León, Jesús Ramírez Terrón y muchos más, ya en defensa de un gobierno legal o bien en sublevaciones, mantuvieron viva la guerra civil en Sinaloa. En estos disturbios también participaron los comandantes militares de Mazatlán con los soldados federales a su mando, los milicianos de Sonora y las fuerzas de Manuel Lozada. En las filas del guerrillero tepiqueño militaba ahora Plácido Vega, quien había defeccionado por diferencias con los militares sinaloenses y con el presidente Juárez y trataba de recuperar el poder que había tenido en Sinaloa. Pero Vega ya no volvió a figurar en la política y murió como rebelde y prófugo de la justicia, pues se le imputaban los delitos —reales o ficticios— de traición a la patria y malversación de fondos públicos.
Los caudillos sinaloenses lucharon enconadamente entre ellos, al parecer por ambiciones personales. Algunos se levantaron en armas en apoyo a movimientos foráneos, como fue el caso de Jesús Ramírez Terrón, quien luchó en favor de Porfirio Díaz en las rebeliones de La Noria y de Tuxtepec. El único político de esta época que contó con un programa de gobierno definido y consistente fue el civil Eustaquio Buelna, electo gobernador para el periodo 1871-1875, pero que, de hecho, sólo pudo aplicarlo en el último año y medio de su periodo. A pesar de ello, Buelna realizó algunos cambios importantes en Sinaloa, como reorganizar las bases jurídicas para regular la vida del estado y darle un fuerte impulso a la educación pública. El 20 de septiembre de 1873 Buelna trasladó la capital del estado de Mazatlán a Culiacán, hecho que podemos considerar como el símbolo de la autonomía del gobierno respecto de los comerciantes mazatlecos. De su obra educativa lo más trascendente fue la fundación del Colegio Civil Rosales en 1873, que fue la más importante de las instituciones educativas sinaloenses y primera piedra de la actual Universidad Autónoma de Sinaloa.
Eustaquio Buelna nació en Mocorito, en 1830, hijo de Miguel Buelna y Estéfana Pérez. Estudió en el seminario diocesano de Sonora y en la Universidad de Guadalajara, donde se graduó como abogado. De regreso a Sinaloa se adhirió a la causa liberal y la sirvió como jurista e ideólogo, no como soldado, porque para la milicia no tenía aptitudes. Su carrera política fue muy extensa, pues sucesivamente fungió como prefecto de Culiacán, diputado local, diputado federal, juez, gobernador del estado, tesorero general y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación. Cultivó las ciencias y las letras y produjo numerosas obras que publicó para que el estado de Sinaloa fuera conocido y respetado en toda la República.
Los cambios en la sociedad sinaloense entre 1867 y 1877 no fueron espectaculares pero sí profundos, al grado de que podemos decir que nos acercamos al fin de un periodo histórico y al inicio de otro. La información de que disponemos no es abundante, pero es significativa en cuanto que manifiesta la agonía de las comunidades indígenas y el ocaso del poder de los comerciantes extranjeros del puerto de Mazatlán.
En lo que concierne a los indígenas, los indicios documentales apuntan a la fase final de la descomposición de las comunidades a causa de la pérdida de la tierra que pasaba a manos de hacendados y rancheros. Como dijimos, en 1865 los indios mayos del valle del Río Fuerte se sumaron a la guerra que los yaquis libraban en Sonora, aparentemente adheridos al Imperio francés. Decimos aparentemente porque aunque yaquis y mayos lucharon contra los republicanos, resulta desproporcionado pensar que defendían una causa de los yoris, y es más plausible la hipótesis de que entraron en la guerra en defensa de sus comunidades, de sus tierras y de su cultura, aprovechando la coyuntura, cuando sus enemigos seculares peleaban entre sí con saña y rencor. Ramón Corona envió al general Ángel Martínez para que aplacara a los mayos en el norte de Sinaloa y sur de Sonora. En una campaña de cuatro meses, Martínez los derrotó, pero supo entender las razones de los indios y ordenó la restitución de las tierras usurpadas a la comunidades; sin embargo, no lo respaldó la legislatura sinaloense porque en 1870 dispuso que se aplicara la Ley Lerdo sobre las propiedades de los mayos. La misma legislatura abrogó esta disposición en 1873, en vista de la inconformidad de los indios, pero el despojo de las tierras comunales ya estaba consumado. Es revelador constatar que una de las mentes más lúcidas del momento, don Eustaquio Buelna, participara de la opinión liberal de los indios, a quienes miraban con lástima y consideraba incapaces de "civilizarse" por ser insensibles al progreso y no querer explotar por medios modernos las riquísimas tierras que detentaban. Los indios —pensaban los liberales— eran una rémora para el progreso y no había otro remedio que hacerlos a un lado, sólo así Sinaloa entraría a la modernidad.
Entre los comerciantes extranjeros del puerto de Mazatlán también ocurrieron cosas interesantes en el periodo que va de 1854 a 1877. Los mercaderes habían fortalecido su poder al término de la Guerra de Reforma, y la Intervención francesa no detuvo sus actividades comerciales porque los mismos invasores alentaron el tráfico mercantil. Los comerciantes permanecieron neutrales en el conflicto franco-mexicano y, aparentemente, no colaboraron con los invasores o lo hicieron de manera discreta, porque al término del conflicto no se les tachó de colaboracionistas como se hizo con los notables de Culiacán. Después los comerciantes extranjeros continuaron ejerciendo su poder sobre gran parte del estado; siguieron practicando el contrabando y el soborno de militares y autoridades mexicanas; financiaron cuartelazos y lograron imponer a dos gobernadores espurios, Mateo Magaña y José Palacio, quienes les concedieron privilegios fiscales. Fue también en este periodo cuando empezaron a invertir sus capitales en la minería del sur del estado para ejercer un mejor control sobre el mercado de la plata.
Sin embargo, también para ellos se presentaron algunas circunstancias adversas. Por ejemplo, el ferrocarril México-Veracruz benefició mucho a los importadores que operaban en el Golfo de México; al abatir el costo de los fletes, los comerciantes de la ciudad de México pudieron disputar ciertos mercados en Chihuahua y Durango, que antes eran de injerencia exclusiva de los mercaderes mazatlecos; asimismo, la navegación de cabotaje, que los vapores estadunidenses subsidiados hacían en la costa del Pacífico, restó mercados a los comerciantes de Mazatlán. La difícil situación del mercado internacional también los perjudicó, porque se redujo considerablemente el precio de la plata, que era la base del comercio exterior de Sinaloa. Todas estas circunstancias disminuyeron el margen de las utilidades de importadores y exportadores. Por otra parte, el gobierno federal aplicó medidas para frenar la corrupción en las aduanas e impedir la intromisión de los cónsules extranjeros en los asuntos nacionales.
Durante 40 años, el grupo de comerciantes porteños había intervenido en los asuntos públicos de Sinaloa con el objetivo de incrementar sus negocios por todos los medios, lícitos e ilícitos, que tenían a su alcance; sin embargo, las mismas contradicciones del sistema económico pusieron fin a la posibilidad del lucro desmedido y, al decaer su poder económico, el grupo también perdió la capacidad de manipular el gobierno del estado.
