En Tlaxcala los efectos de la Revolución se dejaron sentir en diversas áreas. Por ejemplo la Constitución federal y la estatal de 1917 generaron un nuevo marco jurídico e institucional que otorgó plenamente a los ciudadanos sus derechos políticos, civiles y, sobre todo, sociales. Se gestó desde abajo un amplio y profundo movimiento laboral y agrario, en tanto que la autoridad tradicional de los hacendados y de los administradores de las fábricas era rechazada por campesinos y obreros. La antigua élite política tlaxcalteca fue sustituida por otra que surgió entre los grupos revolucionarios. Se hizo posible que personas de extracción popular, como Hidalgo, del Castillo y Rojas llegaran a ser gobernadores del estado, y que otros, procedentes de las capas medias, como Ríos Zertuche y Hernández, admitieran la necesidad de un cambio social.
Por otra parte, también hay que reconocer que numerosas reformas tardaron mucho tiempo en llevarse a cabo; que tanto hacendados como industriales siguieron atropellando los derechos sociales, en no pocas ocasiones con la connivencia de las nuevas autoridades. El surgimiento del liderazgo entre los jefes revolucionarios fue un proceso político inevitablemente violento y con buena dosis de vandalismo, no sólo en Tlaxcala sino en muchos otros estados. Después de 1920, en una lucha intensa y prolongada, dirigentes urbanos y de origen artesano fueron eliminando o desplazando políticamente a sus contendientes que representaban a los sectores rural y fabril. Los movimientos obrero y campesino de Tlaxcala fueron sujetos, en forma paulatina, a una dependencia del grupo en el poder, a cambio de lo cual se les concedieron algunos privilegios. Como era de esperarse, esta lucha puso en relieve viejas pautas de hacer política, basadas en clanes familiares, clientelismo, cooptación y represión.
Con frecuencia, los dirigentes agraristas de los pueblos se quejaron de la negativa constante de Carranza a confirmar las solicitudes de tierras, mientras que los hacendados tlaxcaltecas presionaban al propio presidente para que obligara al gobernador Rojas a devolverles sus fincas invadidas en el sur y occidente del estado. Rojas, sin embargo, no podía —y quizá no quería— expulsar a los agraristas, pues hacerlo significaría enemistarse con los seguidores de éstos, así como la frustración de sus intentos por ganarse el apoyo de los arenistas. De cualquier forma, la postura de Carranza le impidió a Rojas aprovecharse de un campo fértil para el clientelismo político. Muchos cabecillas agraristas de los pueblos buscaban acomodo político y el apoyo del gobernador, no sólo por estar conscientes de que la cantidad de tierras que ya controlaban desbordaba los límites de la reforma agraria carrancista, sino también por la necesidad de ganar en los conflictos interpueblerinos sobre linderos de terrenos invadidos o sobre los pocos ejidos ya dotados.
Mientras Rojas luchaba por el control rural sin conseguir el apoyo de la mayoría de los jefes agraristas, Rafael Apango e Ignacio Mendoza ascendían gradualmente al poder dentro del propio grupo de Rojas. Ambos habían participado en la revolución maderista, aunque nunca alcanzaron prominencia militar; empezaron su carrera política como presidentes municipales, y Mendoza llegó a ser después diputado local en las elecciones de 1918, tras apoyar a Rojas en esa conflictiva campaña electoral.
La decisión de Álvaro Obregón de lanzar su candidatura para presidente de la República, así como su ruptura con Carranza, intensificaron en Tlaxcala la lucha entre rojistas y arenistas y, al mismo tiempo, desencadenaron pugnas dentro del grupo rojista. Éste tenía buenas razones para unirse con Obregón. Carranza consideraba a Rojas, comparado con los arenistas, como "un mal menor", además de que detestaba su origen radical y su postura agrarista. Mientras que el general Rojas se declaró por Obregón, uniéndose a sus fuerzas en abril de 1920, Mendoza tomó el mando como gobernador interino de Tlaxcala. El partido opositor arenista, el PLT, se dividió ante la sucesión presidencial. Parte de sus dirigentes y diputados aspiraban a ganar poder político con Carranza y rehusaban unirse con Obregón. Con la derrota de Carranza y con el general Rojas fuera del estado, Mendoza aprovechó la oportunidad para imponerse sobre los arenistas rebeldes y para desplazar a sus rivales dentro de su propio partido, el PLCT, Antonio Hidalgo entre ellos. Después de un desalojo masivo de arenistas partidarios de Carranza, Mendoza se encargó de que los municipios votaran por Obregón. Después logró que el PLCT eligiese a su amigo Rafael Apango como candidato a gobernador, por lo que Antonio Hidalgo, decepcionado, abandonó ese partido.
Para marzo de 1921, Apango estaba en la gubernatura y las curules del Congreso local, así como las presidencias municipales, quedaban en manos de sus partidarios y los de Mendoza. Los arenistas se resistieron a perder y su candidato a gobernador, Antonio Mora, de Calpulalpan, se rebeló, pero fue capturado y fusilado al igual que Cirilo Arenas, el hermano de Domingo, quien se mantuvo sublevado contra Rojas y Carranza entre 1918 y 1919. Muchos ayuntamientos, comités agrarios y sindicatos se quejaron: enviaron peticiones a la Secretaría de Gobernación y al presidente Obregón, o solicitaron protección militar federal; no obstante, el grupo mendocista se mantuvo en el poder. Con la muerte de Rojas en la campaña militar contra Adolfo de la Huerta, quedó allanado el camino para que en 1925 Rafael Apango dejara la gubernatura en manos de su amigo Ignacio Mendoza, quien fue sucedido en 1929 en el cargo por su sobrino Adrián Vázquez.
Mientras que en numerosos estados de la República fue muy frecuente la desaparición de poderes locales entre 1920 y 1934, los tres gobernadores mendocistas de Tlaxcala se mantuvieron en el poder, a pesar de los frecuentes intentos de sus enemigos tlaxcaltecas, poblanos y federales por removerlos. ¿Cómo pudo un grupo de extracción civil, sin fuerzas armadas notables y con una base popular limitada, gobernar por 12 años? Afianzándose en sus relaciones con los presidentes Obregón y Calles. Dichas relaciones no se sustentaban sobre una base popular o militar del grupo tlaxcalteca —al estilo de Saturnino Cedillo en San Luis Potosí o de Manuel P. Montes en Puebla—, sino en la dependencia del poder central. El apoyo federal, crucial para Apango y Mendoza, aseguraba la lealtad de ambos, aunque sacrificaba la antigua tradición autonomista de Tlaxcala.
Los dos aprovecharon que su estado se ubicaba en el umbral de Puebla, en el momento en que se consideraba a ésta como una entidad indisciplinada, causa de constantes jaquecas al gobierno federal y cuyas autoridades tropezaban de una crisis a otra. Tlaxcala, entonces, resultaba útil al gobierno federal, pues funcionaba como una especie de "cordón sanitario". Además, la lealtad de Tlaxcala al poder central permitió mantener un relativo equilibrio entre los intereses regionalistas (los de los caciques de la Sierra Norte de Puebla y de Tehuacán), los líderes agraristas y laborales de la cuenca del Atoyac y los poderosos intereses empresariales de la ciudad de Puebla. También pudo ser importante para la sobrevivencia política de estos gobernadores tlaxcaltecas el hecho de que sus periodos de gobierno coincidieran con los presidenciales; igualmente lo fueron (1923-1924 y 1927-1928) tanto las campañas de movilización política y las electorales como los esfuerzos de los nuevos mandatarios por consolidar su poder.
En 1922, una coalición del Partido Nacional Cooperativista con los partidos Agrarista y Laboral logró quitar al PLC su posición dominante en el Congreso federal. Como consecuencia, en varios estados los partidos pelecistas fueron vencidos. Sin embargo, Apango y Mendoza tuvieron la suerte de que el intento por derrocarlos coincidiera en sus momentos decisivos, a mediados de 1923, con la crisis del Partido Cooperativista en torno a la sucesión presidencial. Esta embestida en contra de los políticos tlaxcaltecas fue encabezada por el dirigente del Partido Cooperativista y gobernador de Puebla, Froylan C. Manjarrez. Éste hizo una intensa propaganda en favor de su íntimo amigo Adolfo de la Huerta, y es muy posible que el presidente Obregón no haya querido desplazar al confiable grupo gobernante de Tlaxcala por causa de un amigo del sublevado De la Huerta.
En 1925, Plutarco Elías Calles parece haber tenido buenas razones para respaldar a Mendoza frente a lo que parecía una insurrección popular. Los partidos nacionales Agrarista y Laboral agitaban en contra del "tiranuelo" Mendoza y apoyaban desde Puebla a los agraristas y laboristas tlaxcaltecas del sur y Centro de la entidad. El estallido de la rebelión huertista en 1923 robusteció el poder de dichos partidos, que junto con la CROM cerraron filas con la oposición tlaxcalteca para derrotar a los mendocistas y a su partido oficial, que, se decía, "marchaba con el clero y los terratenientes".
En las elecciones para gobernador y diputados de 1924, Mendoza tuvo que enfrentarse con una Alianza de Partidos Revolucionarios que agrupaba al Partido Agrarista y Laboral tlaxcalteca, al partido ex arenista (el PLT), a la federación local de la CROM y a la Liga de Comunidades Agrarias. Esta alianza estaba respaldada por los partidos nacionales dominantes y por grupos radicales de obreros y agraristas de Puebla. Incluso, el jefe de la zona militar respectiva, el general ex zapatista Genovevo de la O, no ocultaba sus simpatías por esa movilización.
Después de una campaña violenta por parte de ambos bandos, la mayoría pelecista en la legislatura estatal reconoció la victoria de Mendoza. Pero los de la alianza se alzaron en protesta, y el gobernador electo tuvo que pedir apoyo al presidente Calles argumentando que su gobierno "carecía del respeto que por la ley se le debe". A Calles, quien apenas llevaba un mes en la presidencia, le convenía un gobierno estable en Tlaxcala. En Puebla se habían gestado varios brotes de rebeldía a fines de 1924, pero el gobierno federal casi no podía controlarlos; de ahí que Luis N. Morones, miembro del gabinete presidencial, advirtiera a los representantes de 43 pueblos y ocho fábricas tlaxcaltecas que el sabotaje contra el gobierno de Mendoza olía a rebelión y no sería tolerado por el presidente Calles. Después de la visita de Morones al estado, la federación local de la CROM y el Partido Laborista de Tlaxcala hicieron las paces con Mendoza, en tanto que muchos de sus enemigos y algunos jefes agraristas salían del estado.
Apango, pero especialmente Mendoza y Vázquez, fueron hasta cierto grado precursores de las políticas sonorenses que, sobre todo con Calles, pretendían implantar gobiernos estatales más dependientes del centro, reconstruir la economía siguiendo líneas capitalistas y reestructurar la sociedad en forma limitada. Apango consideraba el radicalismo agrario como "una perpetua lucha en contra de las autoridades" y como un lastre para la recuperación económica del estado. "Apango no ha hecho gran cosa en lo referente a la división de la tierra —afirmaba el periódico Excélsior —, y esto se debe a que los agraristas frenéticos no toman en cuenta que, como Tlaxcala es puramente agrícola, sería imprudente cortar la única fuente de ingresos que tiene..." Por ello, su sucesor, el gobernador Mendoza, no quiso estimular el agrarismo en el norte del estado. De ahí venía buena parte de los ingresos para su gobierno.
Los gobernadores Mendoza y Vázquez no eran agraristas, pero aprovecharon las oportunidades que les daba la formación de ejidos, denominados por el ideólogo agrarista Antonio Díaz Soto y Gama como "un instrumento de política". A raíz de las ágiles resoluciones presidenciales efectuadas entre 1920 y 1925, casi 40 pueblos recibieron alrededor de 10 000 hectáreas. Aunque la mayoría de estos ejidos había sido solicitada antes de 1920, su tardía distribución ofreció a Apango y a Mendoza el campo fértil para poner en práctica la política clientelar que tanto había faltado a Rojas. Las peticiones de tierra, su distribución, los trámites, así como las obligaciones impuestas por la ley, volvieron a los campesinos más dependientes del gobierno. Para obtener, retener o ampliar una parcela ejidal, o para conseguir la condonación de contribuciones ejidales, se necesitaba la ayuda de un grupo con suficiente poder. Para satisfacer esas demandas, el partido oficial local —que desde 1925 tomó el nombre de Partido Socialista de Tlaxcala— extendió su red de clubes por todos los pueblos, y procuró controlarlos mediante sus diputados locales. De esta manera el mencionado partido pudo recuperar el reparto de ejidos como un instrumento político que, anteriormente, se hallaba en manos de la oposición.
Entre 1920 y 1933 —periodo del cacicazgo mendocista— se repartieron 53 870 hectáreas que beneficiaron a 20 900 campesinos. Si se toma en consideración el número promedio de integrantes que tenía entonces cada familia rural, puede calcularse que unos 100 000 tlaxcaltecas —casi la mitad de la población total— contaba con un modesto medio de sostén cotidiano, gracias a la reforma agraria realizada antes de la administración cardenista.
El cacicazgo mendocista se mantuvo en la línea agraria presidencial de Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio. Los hacendados del norte habían quedado tranquilos, aunque con el auge de la dotación ejidal promovida por Portes Gil, el gobernador Vázquez concedió ejidos provisionales a unos 30 pueblos, algunos de esa región. Las poblaciones beneficiadas fueron sobre todo las que se habían adherido al gobernante Partido Socialista. En 1932, cuando el gobernador Vázquez dio por concluida la reforma agraria en Tlaxcala por orden de Ortiz Rubio, el partido oficial controlaba alrededor de 110 ejidos.
El grupo de Mendoza y su Partido Socialista se debilitaron después de 1930, debido sobre todo a la creciente interferencia del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en los asuntos de Tlaxcala. Cuando el presidente Ortiz Rubio y el jefe máximo, Calles, discreparon acerca del sucesor de Vázquez en 1932, el PNR estimuló a la oposición tlaxcalteca en el exilio para que se uniera y lanzara su propio candidato a gobernador. Tras una intensa lucha electoral, y como producto del fuerte apoyo del PNR y de la intervención federal, el Partido Reconstructor Antirreeleccionista Tlaxcalteca (PRAT), y su candidato Adolfo Bonilla, el antiguo jefe arenista, derrotó al Partido Socialista y acabó con la estructura política y clientelar del otrora grupo dominante.
