Los gobiernos que se sucedieron en Zacatecas durante la década de 1920 en muy corta medida dieron cauce a los reclamos que se habían manifestado en la revolución. Donato Moreno encabezó una administración personalista que hizo del poder legislativo un aparato incondicional a sus intereses. Con la complicidad del congreso local, Moreno emprendió sonados actos de represión contra grupos campesinos y autoridades municipales que rechazaban a la camarilla política del gobernador.
Las elecciones realizadas en 1923 para renovar parcialmente el Congreso local generaron cierta inestabilidad en el estado, que renació al año siguiente con motivo de la campaña presidencial. Los grupos conservadores locales apoyaron entonces la candidatura del general Ángel Flores, quien ofrecía una opción considerablemente menos radical que la de Calles en cuestión de reparto agrario, derechos laborales y relaciones con el clero. Durante la jornada electoral de julio de ese año se dieron algunos actos de violencia entre florístas y callistas, y para sofocarlos fue necesario el envío de tropas federales a instancias del gobernador.
Para este momento parecía evidente que el conservadurismo había sentado sus reales en Zacatecas. El gobernador Aurelio Castañeda, alguna vez miembro del Partido Católico Nacional, se encargaba personalmente de disolver todos aquellos ayuntamientos afiliados al Partido Laborista Mexicano y de sustituirlos por elementos conservadores, y solapaba abiertamente las provocaciones de los grupos católicos, que llegaban a adoptar actitudes de franca rebelión frente a las disposiciones del gobierno central. Desde mediados de 1923, la situación de Zacatecas era crítica en cuanto a la actitud de los católicos en contra del gobierno, y los grupos liberales esperaban un levantamiento armado en la capital del estado instigado por la Iglesia. La situación era aún más grave en el campo, donde el conflicto religioso se mezclaba con el problema del reparto de la tierra. Para 1925 la tranquilidad en Zacatecas era tensa y sólo se necesitaba de un detonador que estallara la conflagración. En marzo de 1926 se decretó la clausura de los conventos y las escuelas confesionales, pero el detonador se activó cuando Calles, subestimando la fuerza de los católicos, expidió la ley que reglamentaba el artículo 130 de la Constitución.
Pocos días después de haberse dictado la Ley Calles, se dieron algunos incidentes en Chalchihuites y Valparaíso, que fueron sofocados mediante la represión. El pueblo de Chalchihuites proclamó entonces a un pastor de cabras, Pedro Quintanar, como defensor de sus derechos. Quintanar se levantó en armas el 15 de septiembre de 1926, y al mes siguiente se inició la organización del movimiento cristero en Concepción del Oro y Aranzazú; para finales de ese año Valparaíso, Jalpa, Tenayuca, El Plateado y Villanueva se hallaban en abierta sublevación.
Los hechos de guerra se extendieron durante los siguientes años sin que alguno de los bandos pudiera predominar definitivamente sobre el otro. En los primeros meses de 1929 el dominio de los cristeros en Zacatecas fue prácticamente total, pero disminuyó cuando el gobierno incrementó el número de tropas combatientes e inició conversaciones con los altos jerarcas de la Iglesia con el fin de solucionar la cuestión religiosa. En la contienda armada perdió la vida Enrique Gorostieta, una de las cabezas del movimiento cristero, y en las conversaciones con la jerarquía eclesiástica el gobierno federal acordó reanudar el culto. Ambos acontecimientos restaron fuerza y legitimidad a la causa cristera, y a la postre la condenaron a la desaparición.
A fines de 1929 se llevaron a cabo elecciones extraordinarias para gobernador en Zacatecas, de donde salió triunfante Luis Reyes con un sufragio sospechosamente unánime. Pero la persistencia de las divisiones en el seno del estado se manifestó en las elecciones legislativas de 1931, en las que dos congresos se declararon victoriosos y funcionaron paralelamente durante algunos meses.
A partir de los primeros años de la década de los treinta la mayoría de los grupos políticos zacatecanos se hallaban aglutinados alrededor de núcleos que pronto se integrarían al Partido Nacional Revolucionario. La disidencia continuaría y en ocasiones con fuertes tendencias proclericales; sin embargo, ninguno de los integrantes de la clase política de la entidad se encontraba en una posición totalmente alejada de los postulados básicos de la Revolución.
El 16 de septiembre de 1932 el general Matías Ramos tomó posesión de la gubernatura de Zacatecas. Revolucionario convencido, de filiación callista, Ramos emprendió un proyecto que poseía cuatro objetivos fundamentales: la elevación del nivel de vida de la población trabajadora; una redistribución de la propiedad y del ingreso que condujera a la formación de una amplia clase de pequeños productores; la constitución de asociaciones sectoriales de campesinos, obreros y empleados públicos mediante las cuales éstos obtuvieran un mayor poder de negociación a través de mecanismos convenientemente institucionalizados, y una reforma educativa que permitiera el acceso de toda la población a una enseñanza laica e integral.
Vale la pena destacar que para el logro de los dos primeros objetivos el general Ramos organizó todo tipo de cooperativas, las cuales recibieron impulso mediante la dotación de tierras, la creación de obras de irrigación y el apoyo técnico y financiero del gobierno. Su funcionamiento se vio opacado, sin embargo, por el manejo corrupto de funcionarios e intermediarios, que usaron las cooperativas como medio para el enriquecimiento individual o para el control político de sectores localizados de la clase obrera y el campesinado.
Matías Ramos fue sucedido por un cardenista cabal: Félix Bañuelos, quien continuó las realizaciones de su predecesor en el medio propicio creado por la confianza que el presidente Cárdenas depositaba en él. Sin embargo, lo logró sólo parcialmente. Aunque el proyecto cooperativista continuó y hasta puede decirse que recibió un nuevo impulso en virtud de las dotaciones de tierra dispuestas por mandato presidencial, las tendencias que lo desvirtuaban también prosiguieron, y en algunos casos rebasaron la capacidad de control por parte del gobierno. Por otra parte, aunque la causa del popular régimen de Cárdenas fue generalmente respaldada por los habitantes del estado, ello no impidió la emergencia de dificultades que dividían y enfrentaban a los trabajadores entre sí, con sus empleadores y con el propio gobierno estatal, como sucedió en el caso del conflicto magisterial.
En fin, el resurgimiento de brotes de rebelión protagonizados por viejos o nuevos cristeros y la sublevación cedillista, cuyo escenario era el vecino estado de San Luis Potosí, crearon en Zacatecas un clima de tensión que no fue superado durante estos años. El ambiente potencialmente explosivo que se respiraba en Zacatecas al finalizar la década de 1930 parecía poner a sus dirigentes ante la disyuntiva de profundizar el alcance de las tareas revolucionarias emprendidas o redefinir el cauce del desarrollo del estado. Para bien o para mal, el general Bañuelos terminaría su periodo al frente del gobierno de Zacatecas sin enfrentar ese momento de decisión crucial.
