A causa del decaimiento econ�mico de la corona espa�ola, Felipe IV recurri� a diversos medios para allegarse fondos: indulto de delincuentes "por graves que sean sus delitos"; legitimaci�n de hijos naturales; otorgamiento de t�tulos nobiliarios; concesi�n de t�tulos de ciudades a las villas. Otro recurso fue el de vender los cargos p�blicos al mejor postor, modalidad que acarre� serios abusos.
En 1705, el rey nombr� gobernador de Nuevo Le�n a Jos� Anzaldo de Peralta porque don� 3000 escudos de plata, que le ser�an restituidos si por muerte u otro impedimento no tomaba posesi�n. Como no lleg� a gobernar, en 1708 pag� otros 3000 escudos, para traspasar el nombramiento a Francisco Beaumont; �ste tampoco pudo pasar a Nuevo Le�n, y en 1710 fue autorizado, por 3000 escudos, a transferir el cargo a Gregorio de Lucena, previo pago. Como Lucena estuvo impedido de tomar posesi�n, por igual cantidad fue autorizado para traspasarlo, en 1722, a Juan de Arriaga y Brambila, quien por cierto, fue de los m�s malos y funestos gobernantes. En este lapso de m�s de quince a�os, Nuevo Le�n hab�a tenido otros gobernadores que hab�an hecho iguales o mayores "donativos".
El sistema ray� en el abuso. El general Luis Garc�a de Pruneda, adem�s de haber comprado en 1708 el cargo de gobernador, obtuvo en remate los oficios de juez provincial de la Santa Hermandad y de regidor perpetuo. M�s tarde compr� los de comisario de p�lvora, comisario de tierras, alguacil mayor y escribano p�blico. Uno de los cargos lo adquiri� para uno de sus hijos, que ten�a doce a�os de edad. Al fin de atender cada cargo, consigui� facultad de nombrar tenientes con otro "donativo". Por supuesto que design� a todos sus parientes y de este modo durante largos a�os impuso su voluntad en Nuevo Le�n. En un documento de la �poca se dice que Garc�a de Pruneda lleg� a tener "todo el c�rculo dilatado de autoridad en este reino".