La reordenaci�n de la propiedad de la tierra fue una de las demandas m�s urgentes de los campesinos de todo el pa�s, pero el problema presentaba caracter�sticas diferentes seg�n la regi�n de que se tratara. Una modalidad del asunto, que se present� en muchos estados de la Rep�blica, era la restituci�n de las tierras arrebatadas por los hacendados a las comunidades. Otra era la dotaci�n de tierras a los campesinos que no las ten�an, y que no pod�a llevarse a cabo sin afectar las grandes propiedades, aunque fuesen legalmente adquiridas. La dotaci�n se realiz� de dos maneras: se formaron ejidos en los que la propiedad de la tierra era colectiva y se establecieron colonias agr�colas en las que los colonos recib�an la tierra en propiedad privada.
Los gobiernos revolucionarios elaboraron una amplia legislaci�n para efectuar la reforma agraria. Ya hemos hablado del art�culo 27 de la Constituci�n de 1917, que dio fundamento a la reordenaci�n de la propiedad de la tierra, pero debemos citar otras leyes que tambi�n influyeron en el reparto agrario. La primera fue la que el presidente Venustiano Carranza emiti� en Veracruz el 6 de enero de 1915, que anulaba las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, hechas a partir del a�o 1856, y tambi�n ordenaba restituir y dotar de tierras a los pueblos. Esta misma ley cre� la Comisi�n Nacional Agraria, organismo oficial encargado de su aplicaci�n. La comisi�n emiti� la circular del 11 de octubre de 1922, que defini� la instituci�n del ejido con propiedad colectiva e inalienable de la tierra; y que rigi� hasta 1992, cuando se transform� el ejido y se abri� la posibilidad de privatizar la propiedad de las tierras. La tercera disposici�n legal de la reforma agraria fue la Ley de Colonizaci�n promulgada por el presidente Plutarco El�as Calles en 1923, cuyo objetivo era la formaci�n de colonias agr�colas de peque�os propietarios mexicanos. La ley tambi�n fij� los l�mites de la peque�a propiedad, a saber, hasta 150 hect�reas en tierras de riego, 250 hect�reas en tierras de temporal y hasta 500 hect�reas en tierras de agostadero, y dispuso que el gobierno federal ayudara con cr�ditos baratos a los agricultores que quisieran establecer una colonia.
En Sinaloa el problema agrario presentaba ciertas peculiaridades. Hab�a tierras usurpadas a las comunidades de los indios mayos, pero s�lo en el valle del Fuerte, porque en el resto del estado ya no exist�an las comunidades ind�genas. Tambi�n hubo latifundios, con la caracter�stica de que produc�an y que los m�s importantes eran propiedad de compa��as o particulares estadunidenses. Mucha gente aspiraba a ser dotada de tierras, hab�a un gran excedente de tierras no cultivadas por carecer de infraestructura para el riego o por falta de mercado para sus productos, pero tambi�n agua en abundancia que pod�a ser aprovechada para regar las tierras agr�colas. Por otra parte, los jefes revolucionarios de Sinaloa no consideraron la reforma agraria como un problema capital; por el contrario, fueron partidarios de la gran propiedad, si su explotaci�n era eficiente; y se opusieron al reparto de tierras, aun a la restituci�n que demandaban los indios mayos, a quienes se les hab�a prometido a cambio de su participaci�n en la guerra. Los gobernadores Ram�n F. Iturbe y �ngel Flores se resistieron a la aplicaci�n de la ley del 6 de enero de 1915.
Era evidente que la soluci�n al problema de la reordenaci�n de la propiedad de la tierra en nuestro estado consist�a en abrir nuevas tierras al cultivo y dotar con ellas a ejidatarios y a peque�os propietarios, pero era una soluci�n a largo plazo y que exig�a grandes inversiones en infraestructura hidr�ulica, as� que, por razones pol�ticas y sociales, era impostergable la afectaci�n de los latifundios y el reparto de las tierras. La historia de la reforma agraria en Sinaloa se divide en tres etapas: la primera abarca de 1915 a 1934, que son las fechas del inicio de la reforma agraria y el comienzo de la presidencia de L�zaro C�rdenas. La segunda es la de C�rdenas y corresponde a los seis a�os de su mandato, es decir, de 1934 a 1940. La tercera va de 1940 a 1992, cuando el presidente Carlos Salinas dio por concluida la reforma agraria en todo el pa�s.
El primer periodo comprende los 20 a�os de resistencia a la reforma agraria. Ya se�alamos que en julio de 1915 el gobernador Manuel Rodr�guez Guti�rrez trat� de ejecutar la ley del 6 de enero, en Tepuche, municipio de Culiac�n, pero que fue frenado por los latifundistas. El mismo a�o tuvo lugar la rebeli�n de los indios mayos por la restituci�n de sus tierras, pero el gobierno federal opt� por la soluci�n militar y aplast� a los alzados. El gobernador Macario Gaxiola (1929-1932) fue m�s sensible a las demandas populares y favoreci� la reforma agraria por medio de dotaciones de ejidos y la formaci�n de colonias agr�colas.
Durante su gubernatura el general Macario Gaxiola impuls� la reforma agraria, el trabajo pol�tico que desarroll� en Sinaloa la Confederaci�n Revolucionaria de Obreros Mexicanos (CROM) entre los trabajadores de los ingenios, pues logr� organizarlos y darles suficiente fuerza pol�tica para alternar con otras organizaciones estatales. Ante las Ligas Agrarias municipales que organiz� el gobernador Gaxiola y el avance de la CROM entre los trabajadores agr�colas de los ingenios, algunos latifundistas optaron por vender parte de sus propiedades y formar colonias agr�colas, e incluso contaron con cr�dito del gobierno federal. En estos primeros 20 a�os de reforma agraria en Sinaloa se repartieron 122 367 hect�reas, es decir, un promedio de 6 118 hect�reas por a�o, cifra muy baja en relaci�n con los otros periodos.
Durante el sexenio del general L�zaro C�rdenas (1934-1940) transcurri� la etapa m�s activa de la reforma agraria en Sinaloa, que respond�a a la necesidad de reordenar la propiedad de la tierra, pero tambi�n a un plan pol�tico, econ�mico y social del gobierno federal. C�rdenas buscaba la desaparici�n de los latifundistas como grupo social y pol�tico, y tambi�n quer�a cambiar el modelo de producci�n de los empresarios agr�colas, pues deseaba que, en lugar de cultivar productos para la exportaci�n, produjera lo que el pa�s necesitaba. L�zaro C�rdenas logr� el reparto de los mayores latifundios en los valles de los r�os Fuertes, Sinaloa y Culiac�n, pero no alcanz� los otros objetivos que se propuso. Para llevar a cabo la reforma, se apoy� en el vigoroso movimiento de los trabajadores de los ingenios azucareros, quienes fueron los beneficiarios de la expropiaci�n de los latifundios ca�eros; sin embargo, muchos de estos ejidatarios quedaron ligados a sus antiguos patrones, pues deb�an producir ca�a de az�car para el ingenio. En el periodo cardenista se repartieron en Sinaloa 622 135 hect�reas, es decir, 103 700 hect�reas anuales, promedio muy superior a cualquier otro en el estado.
La reforma agraria de C�rdenas tuvo tambi�n cierto tinte nacionalista en Sinaloa, de acuerdo con la ideolog�a revolucionaria, porque muchos de los latifundios afectados eran propiedad de extranjeros. La reforma no pretend�a eliminar la propiedad privada, pues aun en su etapa m�s radical el gobierno favoreci� la formaci�n de colonias agr�colas. La reforma agraria fue tambi�n un fen�meno de las tierras bajas, es decir, de los valles irrigables, porque en las tierras altas la dotaci�n de tierras fue menor, fen�meno que no ha sido suficientemente estudiado.
