En el cap�tulo anterior dijimos que la expulsi�n de los misioneros jesuitas de las provincias del noroeste fue un acontecimiento con profundas repercusiones en la historia de la regi�n. La expulsi�n de estos religiosos del imperio espa�ol fue una de las reformas borb�nicas, y la primera que afect� al noroeste. La Compa��a de Jes�s hab�a provocado la animadversi�n y desconfianza del rey Carlos III tanto en Espa�a como en diversas colonias del imperio. Esta orden era en extremo poderosa por las propiedades acumuladas y por la influencia pol�tica que hab�a alcanzado. Los jesuitas fueron los educadores de las elites del imperio espa�ol y sus alumnos les guardaban respeto y admiraci�n. Adem�s, el rey recelaba de la fidelidad de los jesuitas porque no aceptaban la pol�tica de imponer la voluntad del rey sobre la Iglesia, aun por encima de la autoridad del papa.
Los monarcas de Portugal y de Francia tambi�n tuvieron conflictos con la Compa��a de Jes�s, que resolvieron expulsando a los religiosos y confiscando sus bienes. Carlos III opt� por la misma v�a y, el 27 de febrero de 1767, firm� la orden de expulsi�n de los jesuitas de todos los dominios de Espa�a y la confiscaci�n de sus propiedades. En M�xico y en otras ciudades de la Nueva Espa�a la orden se cumpli� entre el 25 y el 28 de junio del mismo a�o, pero en las provincias remotas se realiz� m�s tarde, a mediados de julio en el noroeste: 52 misioneros fueron concentrados en Guaymas y 10 meses m�s tarde deportados por mar a San Blas, salieron por Veracruz hacia el destierro en diversos pa�ses europeos.
La expulsi�n de los misioneros fue s�bita y violenta en las provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora, lo que provoc� efectos inmediatos en las comunidades ind�genas. Los jesuitas daban coherencia y unidad al sistema de misiones que, con una administraci�n centralizada, presentaba un solo frente a los colonos que buscaban su desaparici�n. La salida de los misioneros desarticul� la organizaci�n de los pueblos ind�genas y los redujo a comunidades aisladas y vulnerables al asedio de los colonos. Desapareci� tambi�n la disciplina misional que normaba la vida interna de las comunidades y, aunque esta supresi�n gust� a muchos indios, la falta de direcci�n provoc� la p�rdida de los bienes de comunidad.
Se hab�a previsto secularizar las misiones luego de la expulsi�n de los jesuitas, pero el obispo de Durango, a cuya di�cesis pertenec�a la gobernaci�n de Sinaloa y Sonora, s�lo tuvo suficientes cl�rigos para atender las 14 misiones de Sinaloa y Ostimuri. Para administrar las 25 misiones de la provincia de Sonora hubo que llamar a los frailes franciscanos, pero ni los cl�rigos ni los religiosos recibieron autorizaci�n para intervenir en la vida econ�mica y pol�tica de las comunidades, como lo hab�an hecho los jesuitas.
Sobre estas comunidades desarticuladas y en su mayor parte carentes de direcci�n incidieron otras disposiciones del gobierno colonial que resultaron muy perjudiciales para los indios. El 23 de junio de 1769, el visitador general Jos� de G�lvez orden� que las tierras de las misiones, que eran propiedad colectiva de cada comunidad, se fraccionaran en parcelas y se repartieran en propiedad privada. Los primeros adjudicatarios ser�an los indios, pero tambi�n los espa�oles y mestizos podr�an recibir tierras si deseaban quedarse a vivir en los pueblos de indios. El intendente Pedro Corbal�n (1770-1778) aplic� la disposici�n de G�lvez, con cierto �xito en la provincia de Sonora, pero con fuerte resistencia de los indios cahitas de Ostimuri y Sinaloa. El comandante Pedro de Nava, con objeto de obligar a los indios a que aceptaran la propiedad privada, en 1794 declar� abolida la propiedad comunitaria de la tierra y el agua; es decir, las comunidades ind�genas quedaron desprovistas del t�tulo legal que amparaba la propiedad de sus tierras y aguas; si no aceptaban la propiedad privada las tierras pasaban a ser realengas, o sea propiedad del rey, y pod�an ser entregadas a quien las solicitase.
Los cambios que trataban de imponer las autoridades coloniales en las comunidades ind�genas fueron graves y de profundas consecuencias. La introducci�n de espa�oles mestizos y mulatos en las comunidades tend�a a promover la aculturaci�n de los indios, es decir, a debilitar la identidad cultural de las comunidades. En la tradici�n de los ind�genas la tierra y el agua no eran patrimonio individual y menos aun mercanc�as susceptibles de compraventa. Por otra parte, faltaba saber si los indios podr�an conservar la tierra y el agua, aunque les expidieran un t�tulo de propiedad privada. Lo previsible era que, desprovistos del apoyo de su comunidad, fueran obligados por los colonos a vender su tierra o que por fraude o violencia fueran despojados, y que as� la tierra y el agua pasaran a manos de blancos y mestizos. As�, en este periodo (1767-1821) comenz� la destrucci�n de las comunidades ind�genas, la p�rdida de la propiedad de la tierra y del agua, la p�rdida incluso de la cultura propia. Desprovistos de su comunidad, de su tierra y de su cultura, los ind�genas no tuvieron otra alternativa que alquilarse como peones al servicio de los colonos. �ste es el profundo cambio social que se inici� a ra�z de la expulsi�n de los misioneros jesuitas.
