El periodo en la vida política de México independiente que corre del triunfo del movimiento trigarante (27 de septiembre de 1821) a la proclamación de la primera república federal (20 de diciembre de 1823), estuvo dominado por la actividad de los políticos provinciales de todo el país, a quienes la constitución española dotó de los instrumentos aptos para la acción, que fueron el ayuntamiento y la diputación provincial. En febrero de 1822, la junta Provisional Gubernativa expidió la convocatoria para que se reuniera el Congreso constituyente que daría cumplimiento al Plan de Iguala, y fue ésta la oportunidad para que los grupos prominentes de cada provincia eligieran a los diputados que representarían sus intereses en el Congreso nacional. Por primera vez en la historia de esta sociedad, los grupos provinciales tenían representación para alegar en favor de sus intereses y participar de alguna manera en las decisiones que afectarían toda la nación. El Congreso quedó instalado el día 24 del mismo mes, y es de notar que desde la primera sesión los políticos provinciales reclamaron para el Congreso la soberanía nacional que detentaba la junta Provisional Gubernativa. Había tres tendencias principales entre los diputados constituyentes: los borbonistas, que deseaban ver en el trono mexicano a un príncipe de la casa de Borbón; los iturbidistas, que querían entronizar a su líder Agustín de Iturbide, y los republicanos, que rechazaban el Plan de Iguala y querían implantar el régimen republicano. A finales de febrero, las cortes españolas repudiaron el Tratado de Córdoba, con lo que quedó eliminada la opción de traer un príncipe español, y quedó definitivamente consumada la separación política entre México y España.
En mayo de 1822, por medio de motines y de presiones militares, Iturbide se hizo del trono con el título de emperador de México, e inició su gobierno en pugna con el Congreso, al que disolvió, y dispuso el encarcelamiento de los diputados que se oponían al caudillo. Surgieron varias insurrecciones en las provincias, que fueron sofocadas por el ejército, excepto la que encabezó Antonio López de Santa Anna en Veracruz, pues este militar llegó a un entendimiento con el general Echávarri, quien comandaba las fuerzas imperiales que lo combatían. Por acuerdo de ambos jefes se proclamó el Plan de Casa Mata el 1° de febrero de 1823, que desconocía el Imperio y pedía la reunión de un nuevo Congreso constituyente. Los sublevados enviaron su propuesta a las diputaciones provinciales y solicitaron su adhesión. En el curso de sólo seis semanas el Plan de Casa Mata había llegado a lugares remotos, como Texas, y se habían adherido casi todas las provincias. En cuanto una diputación provincial aceptaba el Plan de Casa Mata, se retiraba de la obediencia al gobierno imperial y asumía la actitud de poder soberano dentro de su provincia. Agustín de Iturbide quedó aislado sin más apoyo que la ciudad de México y algunas fracciones del ejército, por lo que reinstaló el disuelto Congreso constituyente, abdicó a la corona y se expatrió en marzo de 1823.
Un aspecto muy interesante de estos acontecimientos fue la conjunción de las ideas e intereses de los políticos provinciales, que pareció responder a un acuerdo anterior entre ellos. Lucas Alamán, quien fuera testigo presencial de los hechos, sugiere que en todo este movimiento hubo la decisiva intervención de las logias masónicas, sólidamente establecidas en las provincias, que actuaron como transmisoras de la información y unificadoras de los criterios políticos. Si, como suponen algunos historiadores, el movimiento de Iguala que encumbró a Iturbide y el de Casa Mata que lo derrocó, fueron concebidos y ejecutados por las logias masónicas, estos hechos serían más comprensibles.
Para el caso de la diputación provincial de Arizpe todavía no tenemos estudios suficientes para conocer su participación en este movimiento general de las provincias en contra del centro. Sabemos que Juan Miguel Riesgo fue el diputado representante de la provincia de Sonora y Sinaloa en el Congreso constituyente, pero no conocemos más de su actuación política. Pero si el movimiento fue dirigido y animado por los masones, lo más probable es que la diputación provincial de Arizpe haya tenido una actuación semejante, porque también aquí la masonería estaba bien establecida. Este movimiento político de las provincias contrasta con la situación que ordinariamente vivían en el tiempo de la Colonia, pues de entidades subordinadas al gobierno central de México se erigieron en provincias autónomas para frustrar un proyecto que prometía continuar el esquema colonial.
Destruido el Imperio de Iturbide, las provincias autónomas nombraron nuevos diputados al segundo Congreso constituyente, muchos de los cuales llegaron con la instrucción de pugnar por el establecimiento de un régimen republicano que protegiera la autonomía que, de hecho, las provincias ya habían logrado. Así el 20 de diciembre de 1823, estas diputaciones provinciales votaron por la implantación de la república federada.
Entre la abdicación de Iturbide y la aceptación de la república federal ocurrieron en el noroeste algunos sucesos que fueron la expresión de la situación política que se vivía en la provincia de Sonora y Sinaloa. Al menos desde mediados del siglo XVIII, hubo en la región quienes opinaran que el territorio de la gobernación —y después de la intendencia— era demasiado grande para que lo atendiera un solo gobierno, así que proponían su división en dos provincias, la de Sonora y la de Sinaloa, para que se rigieran de manera separada. Estas ideas se debatieron nuevamente en 1822 y 1823, tanto en el noroeste como en la capital, de modo que llegaron al primer Congreso constituyente, ya reinstalado, el cual decretó la separación de Sonora y Sinaloa el 19 de junio de 1823 y autorizó la elección de sendas diputaciones provinciales, la de Sonora con sede en Ures y la de Sinaloa con residencia en Culiacán, que en esta coyuntura fue declarada ciudad.
La diputación provincial de Sinaloa quedó integrada por Francisco de Iriarte, Antonio Fernández Rojo, Ignacio Fletes, Bernardo Andrade, Jesús Almada, Francisco Delgado y Luis Martínez de Vea; los diputados suplentes fueron José Ignacio Verdugo, Bartolomé Salido y Salvador Tirado. Como jefe político superior de la provincia de Sinaloa fue designado Fernando Espinosa de los Monteros. Este nuevo gobierno provincial entró en funciones en octubre de 1823, al mismo tiempo que se eligió al diputado que representaría a Sinaloa en el segundo congreso constituyente de la nación, Manuel Antonio Martínez de Vea.
Al mismo tiempo que la separación de las provincias de Sinaloa y Sonora, ocurrió un movimiento que trató de unir a las dos provincias en una sola entidad. Tal fue el proyecto que propuso e impulsó el coronel Mariano de Urrea, quien llegó al noroeste a fines de junio de 1823 con el nombramiento de jefe político superior y comandante general expedido por el gobierno de México. El coronel Urrea era originario de Sonora y había hecho carrera militar como subordinado de Alejo García Conde y después con Iturbide y con Santa Anna. También había desempeñado puestos políticos en la provincia de Durango. Cuando Urrea llegó a El Rosario se encontró con el cura párroco, fray Agustín José Chirlín, y ambos fraguaron el proyecto de proclamar el estado libre de Sonora, formado por las provincias de Sinaloa y Sonora, como integrante de la federación mexicana cuando ésta se constituyera. En ese momento numerosas provincias del extinto Imperio mexicano se erigían en soberanas y se declaraban estados independientes para forzar al segundo Congreso constituyente a que optara por la república federada como forma de organización política.
A principios de julio de 1823 se proclamó solemnemente el estado libre de Sonora en el Real de El Rosario. Urrea recibió el nombramiento de gobernador y publicó un decreto con las bases constitucionales del nuevo estado, copiadas de una constitución elaborada en la provincia de Jalisco. Como el proyecto de Chirlín y Urrea no tuviera eco en el resto del noroeste, Urrea terminó por cancelarlo y se fue a Arizpe a tomar posesión del nombramiento recibido en México.
Aunque este episodio tiene visos de oportunista, ilustra bien el ambiente político del noroeste en 1823, cuando se debatía la forma de constituir la nación y la región. En cuanto a la organización política, las opiniones se dividieron en dos posiciones: la unión de Sonora y Sinaloa en una sola entidad, como lo era desde un siglo antes, o bien, la separación. Cuando se reunió el segundo Congreso constituyente, en noviembre de 1823, parecía que la opción de la separación era la aceptada; sin embargo, al proclamarse el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana en enero de 1824, las provincias de Sinaloa y Sonora quedaron unidas en una sola entidad federativa con el nombre de estado interno de occidente. Aún no conocemos cuáles fueron las razones que tuvo el segundo Congreso constituyente para desconocer el decreto del primero que separaba ambas provincias. De la historia del estado interno de Occidente nos ocuparemos en seguida, después de un necesario paréntesis para conocer más de cerca a los protagonistas de esta fase de nuestra historia, que fueron los notables de Sinaloa y Sonora.
