Aunque de corta duraci�n, el periodo del estado interno de Occidente (1824-1830) fue de cambios significativos en la estructura de la sociedad, una secuela de las profundas modificaciones que vivi� la regi�n con las reformas borb�nicas.
El peque�o grupo que constitu�a la elite de la sociedad regional fue de hecho el que m�s cambi� despu�s de dos siglos de relativa estabilidad. Entre sus principales representantes se hab�an contado las autoridades coloniales que llegaban a la regi�n con nombramientos civiles o militares, pero con la independencia y hacia 1824 este grupo hab�a desaparecido. El espacio que dejaron fue ocupado por los notables de la regi�n, que iniciaban su ascenso a los puestos p�blicos. Otro sector de la elite era el clero, que tambi�n sufri� modificaciones: las funciones econ�micas y pol�ticas de los misioneros franciscanos, dentro de las comunidades ind�genas, estaban muy limitadas; adem�s sufrieron otro golpe con la ley de expulsi�n de espa�oles de 1828, pues, como veremos, oblig� a salir del estado a 14 de los 18 misioneros que hab�a. Los cl�rigos seculares, encabezados por el obispo, mostraron mucha actividad pol�tica en el periodo, pues ocuparon puestos importantes en los congresos local y nacional; sin embargo, todav�a queda por dilucidar si su influencia pol�tica y social se deb�a a su calidad de cl�rigos o de notables, porque todos los que participaban en pol�tica tambi�n eran miembros de las familias distinguidas. A mi parecer, hay que inclinarse por la segunda posibilidad, pues no se nota, por lo menos en este periodo, que formaran un grupo homog�neo, sino que hubo entre ellos las rivalidades y los conflictos que se dieron entre los notables.
En efecto, este sector a�adi� al poder econ�mico, que ya pose�a, el poder pol�tico al ocupar puestos en los ayuntamientos, en los congresos, en la gubernatura, en las jefaturas pol�ticas, en el poder judicial, en la administraci�n p�blica y en las milicias, pero ten�a fracturas por las disensiones y rivalidades entre las familias distinguidas, y entre sus correspondientes grupos de paniaguados. Las desavenencias, que en las �pocas anteriores se mantuvieron ocultas, se hicieron manifiestas e irreconciliables, hecho que tendr�a graves consecuencias en la historia del estado de Occidente y, por tanto, en la historia de Sinaloa.
En el periodo 1824-1830 empez� a formarse un nuevo sector de la elite: el de los comerciantes extranjeros establecidos en Guaymas y en Mazatl�n, que, si bien no participaron en la pol�tica del estado interno de Occidente, despu�s lo hicieron gracias al poder econ�mico de las casas comerciales que representaban. Algunos se integraron a la sociedad local por lazos familiares, otros permanecieron como extranjeros y formaron grupos de presi�n econ�mica y pol�tica, como veremos. As�, la elite de la sociedad del estado interno de Occidente se transform� gracias al reacomodo de sus sectores, un reacomodo que origin� rivalidades y fracturas entre las familias de los notables.
Hab�amos dicho que la pol�tica reformadora de los borbones, a partir de la expulsi�n de los jesuitas, hab�a afectado a los ind�genas. En este periodo (1824-1830), los nuevos dirigentes mantuvieron la misma pol�tica, y con menos tacto que los funcionarios de la corona espa�ola. Los notables del norte y del centro del estado interno de Occidente compart�an la ideolog�a liberal borb�nica de Jos� de G�lvez ("liberal", porque ten�a elementos de lo que m�s tarde ser�a el liberalismo mexicano, como por ejemplo la imposici�n de la propiedad privada de la tierra y la eliminaci�n de la propiedad corporativa). Esta pol�tica se mostr� en las leyes expedidas por la legislatura local, cuya aplicaci�n provoc� graves conflictos. Examinemos sus aspectos principales, uno referente a las misiones y otro a la privatizaci�n de la tenencia de la tierra.
Ni la constituci�n federal de 1824 ni la del estado interno de Occidente reconoc�an expl�citamente la propiedad colectiva de la tierra ni la personalidad jur�dica de las comunidades ind�genas. Los indios eran ciudadanos con derecho a la propiedad privada y deb�an establecerse en pueblos, seg�n el r�gimen municipal, sin distinci�n entre indios y no indios. Como la constituci�n federal dej� en manos de los estados lo relativo a la propiedad de la tierra, los notables de Sinaloa y Sonora pudieron actuar libremente para continuar con la privatizaci�n de la tenencia de la tierra.
El Congreso del estado legisl� sobre la adjudicaci�n de predios urbanos en las poblaciones que fueron misiones y tambi�n sobre el reparto de las tierras comunes de las antiguas misiones y la adjudicaci�n de tierras bald�as. La legislaci�n de predios urbanos ten�a por objeto legalizar la propiedad de los solares que ocupaban los que sin ser ind�genas se hab�an avecindado en las antiguas misiones y en los pueblos de misi�n administrados por los religiosos franciscanos. La repartici�n de las tierras de comunidad pretend�a eliminar la propiedad colectiva y socavar las bases de las comunidades ind�genas; la adjudicaci�n de tierras bald�as buscaba entregar a los notables las grandes extensiones de terrenos que hab�a, sobre todo, en el norte del estado. Es evidente que �stos hicieron leyes que los beneficiaban abiertamente, pues para obtener los predios se requer�a una buena cantidad de dinero, a fin de pagar el precio de la tierra, los derechos de traslado de dominio y cubrir los onerosos gastos de ejecuci�n de los tr�mites administrativos.
Estas leyes provocaron violentas reacciones de los ind�genas. Los �patas del centro de Sonora, que se hab�an rebelado contra el gobierno espa�ol en 1820, ahora, en 1824, se sublevaron contra el estado interno de Occidente y propusieron la creaci�n de un gobierno ind�gena independiente del de los blancos.
En el mismo a�o, las autoridades estatales quisieron obligar a los yaquis a pagar impuestos y a repartir sus tierras. Los ind�genas se negaron y presentaron su inconformidad. La respuesta del gobierno fue enviar tropas al R�o Yaqui y fusilar a los representantes de las demandas de la comunidad. Los yaquis se lanzaron entonces a la guerra contra los yoris capitaneados por Juan Banderas, quien logr� establecer alianzas con los �patas y su caudillo Dolores Guti�rrez, y tambi�n con los mayos de los r�os Mayo y Fuerte. Las guerrillas ind�genas atacaban y saqueaban ranchos y pueblos de yoris en una amplia zona que abarcaba desde Horcasitas y Oposura por el norte, hasta El Fuerte por el sur. La capital del estado y su gobierno se trasladaron a Cosal� mientras pasaba el peligro. Las milicias sonorenses recibieron refuerzos de Chihuahua y de otros estados, con los que lograron contener a los sublevados, mas no lograron vencerlos. En 1827 los ind�genas y el gobierno llegaron a un arreglo por el que los primeros depon�an las armas y el gobierno reconoc�a la autonom�a —de hecho— de sus comunidades; sin embargo, s�lo fue una tregua temporal, porque el gobierno no cej� en su prop�sito de repartir las tierras de los indios y s�lo cambi� de t�ctica.
Como parte del proyecto de privatizaci�n de la tenencia de la tierra, los notables de Sonora y Sinaloa tambi�n impulsaron una campa�a de restricciones al r�gimen misional con la intenci�n de secularizar las pocas misiones restantes; s�lo quer�an conservar las de la Pimer�a Alta (actual estado de Arizona) porque eran �tiles para controlar a los indios pimas, los que a su vez eran la mejor defensa del estado en contra de los apaches que ven�an del norte. A la destrucci�n de las misiones ayud� la ley de expulsi�n de espa�oles expedida por el gobierno federal en diciembre de 1827, que afectaba a la mayor�a de los misioneros franciscanos. En el estado interno de Occidente la ley se aplic� de manera selectiva; se oblig� a salir del estado a los espa�oles que pod�an estorbar los planes de los notables, pero no se molest� a aquellos cuya presencia les era �til. De los 18 misioneros que quedaban en Sonora, 14 salieron del pa�s y dejaron las misiones de los �patas en completo abandono o en manos de comisarios gubernamentales; este golpe signific�, de hecho, la secularizaci�n de las misiones de la opater�a. Los cuatro franciscanos que quedaron en el estado se concentraron en la Pimer�a Alta para prolongar, por dos d�cadas m�s, la agon�a del sistema misional del noroeste.
En cuanto al grupo de los mestizos y mulatos, aunque legalmente fueran ciudadanos, habitualmente eran excluidos de la propiedad de los bienes ra�ces y ten�an que ganarse la vida con el trabajo manual, ya como asalariados, como sirvientes o como artesanos. Para este grupo, ni las reformas borb�nicas ni la independencia significaron alguna mejor�a en sus condiciones de vida. Pero su n�mero aumentaba a medida que desaparec�an las comunidades y los indios perd�an la propiedad de la tierra.
