A causa del decaimiento económico de la corona española, Felipe IV recurrió a diversos medios para allegarse fondos: indulto de delincuentes "por graves que sean sus delitos"; legitimación de hijos naturales; otorgamiento de títulos nobiliarios; concesión de títulos de ciudades a las villas. Otro recurso fue el de vender los cargos públicos al mejor postor, modalidad que acarreó serios abusos.
En 1705, el rey nombró gobernador de Nuevo León a José Anzaldo de Peralta porque donó 3000 escudos de plata, que le serían restituidos si por muerte u otro impedimento no tomaba posesión. Como no llegó a gobernar, en 1708 pagó otros 3000 escudos, para traspasar el nombramiento a Francisco Beaumont; éste tampoco pudo pasar a Nuevo León, y en 1710 fue autorizado, por 3000 escudos, a transferir el cargo a Gregorio de Lucena, previo pago. Como Lucena estuvo impedido de tomar posesión, por igual cantidad fue autorizado para traspasarlo, en 1722, a Juan de Arriaga y Brambila, quien por cierto, fue de los más malos y funestos gobernantes. En este lapso de más de quince años, Nuevo León había tenido otros gobernadores que habían hecho iguales o mayores "donativos".
El sistema rayó en el abuso. El general Luis García de Pruneda, además de haber comprado en 1708 el cargo de gobernador, obtuvo en remate los oficios de juez provincial de la Santa Hermandad y de regidor perpetuo. Más tarde compró los de comisario de pólvora, comisario de tierras, alguacil mayor y escribano público. Uno de los cargos lo adquirió para uno de sus hijos, que tenía doce años de edad. Al fin de atender cada cargo, consiguió facultad de nombrar tenientes con otro "donativo". Por supuesto que designó a todos sus parientes y de este modo durante largos años impuso su voluntad en Nuevo León. En un documento de la época se dice que García de Pruneda llegó a tener "todo el círculo dilatado de autoridad en este reino".
