La lucha por la tierra, con distintas apariencias, se convirtió en el principal
escenario social del siglo XVIII.
Aunque no todos los procesos de restitución de propiedades fueron desatendidos por la Corona, la mayor parte de la tierra productiva de lo que hoy ocupa el estado de San Luis Potosí quedó, en poco tiempo, en manos de los mineros más prósperos, comerciantes y concesionarios virreinales; por ejemplo, los propietarios de las haciendas cercanas a la villa del Dulce Nombre de Jesús o pueblo de Santa Elena, próximo a Rioverde, despojaron a sus vecinos de las tierras que tenían mercedadas así como del agua para el riego de sus exiguos terrenos. Desde 1710 comenzaron los trámites para la restitución de las tierras, y que en 1758 aún no concluía.
En ese año, la mayor parte de los pueblos huastecos y pames se habían quedado sin tierras; las perdieron cuando los españoles y su descendencia criolla ensancharon sus propiedades sin que la autoridad se preocupara por dar a los pueblos el fundo y el ejido a que tenían derecho de acuerdo con la legislación virreinal. El remate de las tierras y bienes de Manuel Antonio Rojo y Vieyra, arzobispo de Manila, gobernador y capitán general de las Filipinas —acusado de traición por haber capitulado ante los ingleses en Manila— nos puede dar una idea de la extensión de las grandes propiedades en la región. El remate se hizo en 1787 y las propiedades fueron adquiridas —con intervención de Félix Calleja— por Felipe Barragán, criollo, propietario, ganadero y comerciante de Valle del Maíz, vinculado por sus relaciones comerciales con la metrópoli virreinal. Las propiedades, entre otras, eran las siguientes: en la región de Rioverde, Valle del Maíz y Alaquines, las haciendas de San Diego (27 000 hectáreas), San Rafael de Minas Viejas (49 000 hectáreas) y Terrenos del Valle (54 000 hectáreas); en la región norte de la Huasteca, la hacienda de San Juan Evangelista del Mezquite tenía alrededor de 450 000 hectáreas. A la muerte de Barragán, en 1797, la propiedad se fraccionó entre sus descendientes; no obstante, las tierras repartidas cubrían grandes extensiones —la mitad del terreno productivo del actual estado de San Luis Potosí— e incluían una gran cantidad de pueblos y recursos.
Las antiguas tierras anexadas a las misiones para conformar unidades de producción agrícola, en estrecha relación con los indígenas, también habían desaparecido, con excepción de algunos lugares como Rioverde y Lagunillas en donde los cultivos de los pames, al abrigo de las misiones, lograron cierto desarrollo. Encontramos otro caso en el que se respetaron y fomentaron las viejas recomendaciones de la colonización: el capitán criollo Francisco de Mora, con evidentes motivos políticos, compró la hacienda de Santa Rosa de la Angostura, en donde existía una congregación de más de 100 familias de indios pames y fundó con José de Escandón, en marzo de 1757, la congregación de la Divina Pastora. Asignó tierras a los indios, ministró maíz, bueyes y aperos de labranza, paramentos sagrados y una imagen de talla para la capilla. Sin embargo, tal y como indican la crónica y los registros de propiedad de la época, la tendencia general fue el acaparamiento y los despojos.
Durante todo el siglo XVIII, los graves conflictos por la tenencia
de la tierra se sumaban a los derivados de su jurisdicción. Quienes sufrían
las consecuencias de estas disputas eran los vecinos de cada lugar. Un caso
—entre muchos— que ilustra este problema constante fue la desavenencia
entre el asentista de las Salinas de Santa María y Peñol Blanco y el alcalde
mayor de San Luis Potosí que, si bien se resolvió a favor de éste, el asentista
de las Salinas conservó, gracias al apoyo de los vecinos españoles, sus atribuciones
de costumbre. El alcalde mayor de San Luis no podía visitar el pueblo del Venado,
a pesar de que tenía jurisdicción sobre él. Los indígenas del pueblo quedaron
atrapados en el conflicto, sin protección legal y a merced de los estancieros.
El conflicto de las jurisdicciones se convirtió también en un serio problema político que en no pocas ocasiones obstaculizó la puntual aplicación de la ley, la consolidación de instituciones y el suministro de bienes y servicios a los más necesitados y a la población en general.
