La prosperidad de las minas y el comercio generó una importante etapa de construcciones,
creaciones artísticas, culturales y, en especial, arquitectónicas. Los incipientes
centros urbanos en el estado empezaron a mudar su fisonomía desde finales del
siglo XVII y, según Alfonso Martínez Rosales, ésta "alcanzó su
expresión delirante entre 1749 y 1764, y murió con el siglo [...] A lo largo
de toda la época hubo un ambiente propicio para la construcción y hombres capaces
e interesados en ella".
Los adustos estilos coloniales, los sistemas constructivos pragmáticos y, hasta cierto punto, improvisados, habían dado paso a esa expresión barroca, compleja, aglutinante, que encuentra su momento más alto en el arte americano de ese siglo, primera formulación artística original después de la conquista y en la que conviven en extrema libertad, confrontamiento y albedrío la imaginación europea, la indígena y la de las castas, mezclados unos y otros en las distintas labores materiales, intelectuales y espirituales de las obras.
Alcanzan gran notoriedad y originalidad muchas de las construcciones erigidas
en San Luis durante el siglo XVIII: las capillas de Aranzazú y
de Nuestra Señora de los Remedios, en el conjunto arquitectónico de San Francisco;
la Capilla de Loreto, anexa al templo de la Compañía de Jesús; la capilla de
Nuestra Señora de la Salud o del Rosario: el templo de Nuestra Señora de Guadalupe
del Santo Desierto; la nueva parroquia de la ciudad de San Luis; las nuevas
casas reales y la alhóndiga; el Beaterio de Niñas Educandas de San Nicolás Obispo;
la torre del templo de San Agustín, el nuevo Santuario para la Virgen de Guadalupe,
entre otras. Sin embargo, la que más llama nuestra atención, por su amalgama
de tendencias artísticas, por su fastuosidad, sus orígenes y la expresión de
sus espacios, es el templo del Carmen.
Esta compleja imagen que aportan los artistas, los constructores y los hombres
encargados de asentar la religión y su axiología es también el asiento de las
expectativas, el plan de un deseado tejido social, espiritual y político que
pudiera sostener un mundo en donde las tensiones entre los aspectos materiales
y espirituales de la vida detonaban en una crisis constante y al parecer irreconciliable.
Se podría decir que los estilos expresivos habían alcanzado ya una apertura
a la altura de las circunstancias; por ejemplo, tomemos estos versos de Francisco
Javier Molina (1708-1767):
| No hay fortaleza al fuego inexpugnable, aunque sea de diamante su cortina porque el flamante polvo de una mina al viento hace volar lo más estable... |
Sin embargo, ahí donde parecía convalecer hasta cierto punto la herida de la conquista, donde se vislumbraban los espacios que posibilitarían el ejercicio de un lenguaje de usos más amplios, drenaba en el terreno de las necesidades sociales y económicas más apremiantes el tajo de la inequidad y la injusticia, particularmente sobre la población indígena originaria. El maltrato constante que recibían los indios y la invasión de sus tierras por parte de los estancieros españoles siguió minando el diálogo social.
Entre 1709 y 1715, en la región del Río Verde, Pánuco, Tampico y el Nuevo Reino de León los indios que vivían entre las dos Tamaulipas, la pacificada y la que aún estaba en pie de guerra, se precipitaron en masa sobre los poblados, mataron a muchas personas y robaron los ganados. Para completar el cuadro, en 1712 el obispo Diego Camacho y Ávila intentó, con cierto éxito, secularizar las misiones de los franciscanos, que eran los únicos en la región que defendían a los indios de los abusos de los españoles, los escolteros y los pastores. Con la desaparición de esta estructura social, muchos indígenas abandonaron los pueblos así como las actividades con las que ya se habían familiarizado.
Aunque formalmente se daba por hecho la pacificación del territorio, los distintos grupos chichimecas no fueron reducidos del todo. Aun aquellos que se habían asentado mediante negociaciones, al verse nuevamente hostigados mostraron su inconformidad. A fines de agosto de 1714, los indígenas amenazaron a los pobladores vecinos a la ciudad de San Luis Potosí. La constante hostilidad en las fronteras de Tampico, Pánuco, Villa de los Valles, Guadalcázar, Charcas y el Nuevo Reino de León llevaron al virrey conde de Revillagigedo a encomendar a José de Escandón, en septiembre de 1746, un nuevo plan de pacificación de la costa del seno mexicano. El proceso fue largo y lleno de una variada gama de negociaciones e incidentes.
Si bien los disturbios no eran frecuentes en la ciudad de San Luis Potosí, tenemos noticia de algunas revueltas anteriores a los llamados Tumultos de 1767. A fines de 1742, a raíz de un conflicto por tierras, hubo un fuerte enfrentamiento entre los tlaxcaltecas y los principales del pueblo de Santiago apoyados por el alcalde ordinario Antonio Gómez de Casa Ferniza.
Por haber sido uno de los acontecimientos más relevantes en la vida de San Luis Potosí, merece la pena prestar especial atención a Los Tumultos, levantamientos ocurridos entre mayo y octubre de 1767 en la ciudad de San Luis Potosí y pueblos de su jurisdicción. Coinciden con los motines de Apatzingán, Uruapan, Pátzcuaro, Guanajuato, San Luis de la Paz y San Felipe, a los que generalmente se les atribuye como causas el establecimiento del estanco del tabaco y la expulsión de los jesuitas; sin embargo, en San Luis Potosí el caso revela matices de carácter social que lo hacen singular.
Los disturbios comenzaron en el barrio de San Sebastián en mayo de ese año. A fines del mes los vecinos y mineros del Cerro de San Pedro, denominados "los serranos" invadieron la ciudad; se quejaban de que se les quitaba un real mensual por cada marco de plata, supuestamente destinado para el adorno de la iglesia. No sabían quién tenía el dinero ni en qué se aplicaba, pues el templo estaba por derrumbarse y carecía de adornos. Se quejaban también de las restricciones que se les imponían para el uso de madera, palma, leña y agua requeridas en el beneficio de los metales así como del cobro de rentas por el aprovechamiento de tierras que juzgaban pertenecientes a la minería. Demandaban que se les mostrasen las cédulas reales y papeles asentados en los archivos gubernamentales en los que constaban sus facultades y privilegios de mineros.
Como los dueños no trabajaban las minas, los mineros pobres lo hacían a pequeña escala, por su cuenta y con grandes dificultades para obtener los avíos necesarios. Cuando alcanzaban buenos resultados, los dueños se aprovechaban de ellos.
Los serranos tenían como aliados naturales, y por los mismos motivos, a los vecinos de San Nicolás del Armadillo, rancheros de la Soledad, Concepción y otros. Con ellos volvieron a invadir la ciudad a principios de junio y presentaron por escrito sus peticiones: que se extinguiera el estanco del tabaco, se les vendiera sin mezclas y al mismo precio (en la ciudad de San Luis Potosí no se cosechaba tabaco y las familias que hacían cigarros no se mezclaron en el conflicto; cabe suponer, pues, que los comerciantes de tabaco fueron en realidad quienes influyeron en esta petición); que no se les cobrara tributo, ni alcabala de leña, carbón, liga y greta ni la manifestación de las carnes que mataran; que el alcalde mayor nombrara su teniente en el Cerro; que se les diera facultad para cargar armas y que se liberara a los presos. El alcalde mayor cedió a sus presiones, pero no tuvo la capacidad suficiente para dominar la situación.
La expulsión de los jesuitas de todo el imperio español en junio de 1767 aumentó las tensiones en San Luis Potosí. Los serranos habían preparado una conspiración que debía estallar el día del Apóstol Santiago y unidos con los mineros y operarios del Cerro, la plebe de la ciudad y los indios de los barrios, a excepción del de Tlaxcala, capitaneados todos por un herrero español, vecino de la Soledad, cortaron los tirantes a las mulas de los coches en los que salían los jesuitas. Pedían un nuevo gobierno, pretendían elegir un rey y propusieron al conde de Santiago. Los gobernadores de San Sebastián, Santiago y San Nicolás del Armadillo amenazaron con matar al alcalde mayor si insistía en sacar a los jesuitas de la ciudad; liberaron a los presos y la sedición fue incontrolable. La expulsión de los jesuitas les dio motivo y les granjeó alianzas con todos los indios, mulatos y mestizos, y el movimiento se convirtió en defensa religiosa. Tanto el provincial de los franciscanos como el capitán Francisco de Mora trataron de apaciguar los ánimos; celebraron juntas con los gobernadores y firmaron acuerdos de paz. Mientras tanto, Mora escribió pidiendo apoyo a los pueblos y haciendas de la jurisdicción. La petición no tuvo la respuesta esperada; antes bien, hubo una rebelión en el Valle de San Francisco.
Los rebelados intentaban organizar un nuevo gobierno y se inclinaban por la expulsión de todos los blancos; sin embargo, sus opiniones estaban divididas, faltaban líderes y entre ellos mismos hubo intrigas y todos se unieron contra los de Tlaxcala, por no haber querido participar en el movimiento. La sedición se extendió desde San Felipe hasta Fresnillo, Bolaños, Matehuala y Saltillo. A principios de julio hubo levantamientos en Venado, con apoyo de los indios de San Jerónimo de la Hedionda. El alcalde mayor de las Reales Salinas, Charcas y Sierra de Pinos organizó la tropa para pacificar la revuelta.
Finalmente, el capitán Mora logró restituir el orden mediante la reiteración de negociaciones y acuerdos. Este hecho, aunado a su contribución al lado de José de Escandón en la pacificación del seno mexicano, le valió el ascenso a coronel y la exención perpetua de los derechos de lanzas y la media anata, es decir, el impuesto anual que se debería pagar por el título de Castilla, conde de Nuestra Señora de Guadalupe del Peñasco, otorgado en enero de 1768.
A pesar de los acuerdos y negociaciones, la actitud del gobierno fue por completo intransigente. El castigo por la rebelión lo aplicó el visitador José de Gálvez, quien llegó a San Luis Potosí el 24 de julio de 1768. De inmediato hizo salir a los jesuitas de la ciudad con rumbo a Xalapa, escoltados por la tropa, pues eran los únicos que quedaban en la Nueva España. Cabe agregar que por cédula real de 25 de abril de 1776 se prohibió escribir, hablar o disputar sobre la extinción de la Compañía de Jesús en el imperio español.
La distribución de los castigos no se hizo esperar: condenas a muerte, mutilación de cadáveres, confiscación de bienes, destrucción de casas, expulsión de familias, condenas a presidio perpetuo y trabajos forzados con destino a las obras reales de la plaza de la Habana o de la fortaleza de San Juan de Ulúa, azotes y multas. Privó, de manera perpetua, a todos los habitantes de los pueblos que intervinieron en la rebelión de prerrogativas y privilegios de pueblo; se les prohibió portar cualquier clase de armas, usar el traje de españoles con que vestían, traer los cabellos largos y se les obligó a vestir con tilma, so pena de cien azotes y un mes de cárcel la primera vez y destierro perpetuo de la provincia en caso de reincidencia. Condenó al común del pueblo a trabajar en las obras públicas que iban a hacerse y ayudar a pagar el costo del armamento de las tropas provinciales de infantería y caballería ligera que se estaban formando en la provincia. También declaró incorporadas a la Corona las tierras que habían poseído; sólo les dejó una legua por cada viento y las propiedades privadas amparadas con título legítimo; el resto de las tierras debía ser repartido entre los españoles "honrados". Mandó que pagaran el tributo y los diezmos que debían y les cobró el tabaco robado del Real Estanco. Meses después, publicó un bando en que concedía el perdón general a todos los que no habían sido procesados.
La multitud y la naturaleza de las demandas que originaron los conflictos, así como su desarrollo, impiden ver con toda claridad sus motivaciones verdaderas, pero una revisión más profunda nos señalaría que su origen estuvo vinculado al creciente problema de la falta de tierras.
El ayuntamiento y los diputados de la minería se quejaban de la falta de ejidos para que pastaran los ganados del vecindario y las muladas necesarias para el transporte de los metales. Estudiada la situación, resolvieron, según anota Primo Feliciano Velázquez,
que el dominio directo de todo el terreno comprehendido en la circunferencia de esta Ciudad y en el distrito de dos leguas por cada viento de ella, le pertenece justamente y a su común de Minería y vecindario, comprehendiéndose en éste los siete pueblos y barrios suyos; y que quedando éstos sin novedad, como actualmente lo tienen, el dominio útil de las tierras que posee cada barrio y sus naturales en particular y en común, no han de impedir a los ciudadanos el disfrute de los pastos que son de todos los vecinos en las tierras no cercadas, aunque sean de labor, después de alzado el fruto; dejándoles libres también en aquellas que los naturales de los barrios no tengan como heredades particulares y de privado dominio, el corte y aprovechamiento de la leña; y respecto a que los del barrio de San Cristóbal carecen de terreno en que hacer sus siembras, se señalará a cada uno de los naturales en las tierras inmediatas una suerte moderada, obligándose a pagar a la Ciudad el censo anual a razón del tres por ciento de su capital.
Sin embargo, para los pueblos vecinos que se levantaron una de las sanciones fue, como ya hemos visto, el despojo de tierras, dejándoles solamente "una legua de tierra... y 200 varas para su población". El objetivo de Gálvez era propiciar la pronta población y evitar desórdenes en lo sucesivo con el reparto por arrendamiento a su majestad de poca tierra a muchas personas.
Los Tumultos de 1767 dieron lugar a que se reiteraran o disolvieran las diversas lealtades de algunos individuos con la Corona: miembros de la Iglesia, alcaldes, capitanes, comerciantes, estancieros y una nueva aristocracia. Miguel de Berrio y Zaldívar fue recompensado por el rey con el título de marqués del Jaral de Berrio, por haber facilitado a su costa el alojamiento y manutención de la tropa, así como por el donativo de 600 caballos, en San Luis, durante el movimiento popular de 1767. Había prestado también otros servicios, como el socorro a la población de las ciudades de Guanajuato y San Luis Potosí con carnes y semillas durante la hambruna de 1750.
Quedó cada vez más clara la existencia de una brecha de comunicación entre los diversos sectores sociales, las élites económicas y políticas y el propio gobierno virreinal. Las legislaciones de colonización y pacificación fueron quedando de lado para dar lugar a una serie de privilegios y conductas cuya base podría encontrarse más en las relaciones personales de lealtad y mutuas conveniencias que en la búsqueda de una mayor integración social. Este cambio se decidió en España, cuya función hegemónica en la lucha de los poderes europeos había entrado en decadencia y se hallaba gobernada por los intereses de una nueva casa reinante, la de los borbones.
Por su movilización geográfica, por sus protagonistas y motivaciones, por sus propuestas de autonomía y las corrientes subterráneas de rebeldía que generaron, los Tumultos de 1767 podrían prefigurar en el plano de la experiencia social la lucha insurgente que habría de llevarse a cabo en el actual territorio de San Luis Potosí 50 años más tarde.
