La reordenación de la propiedad de la tierra fue una de las demandas más urgentes de los campesinos de todo el país, pero el problema presentaba características diferentes según la región de que se tratara. Una modalidad del asunto, que se presentó en muchos estados de la República, era la restitución de las tierras arrebatadas por los hacendados a las comunidades. Otra era la dotación de tierras a los campesinos que no las tenían, y que no podía llevarse a cabo sin afectar las grandes propiedades, aunque fuesen legalmente adquiridas. La dotación se realizó de dos maneras: se formaron ejidos en los que la propiedad de la tierra era colectiva y se establecieron colonias agrícolas en las que los colonos recibían la tierra en propiedad privada.
Los gobiernos revolucionarios elaboraron una amplia legislación para efectuar la reforma agraria. Ya hemos hablado del artículo 27 de la Constitución de 1917, que dio fundamento a la reordenación de la propiedad de la tierra, pero debemos citar otras leyes que también influyeron en el reparto agrario. La primera fue la que el presidente Venustiano Carranza emitió en Veracruz el 6 de enero de 1915, que anulaba las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, hechas a partir del año 1856, y también ordenaba restituir y dotar de tierras a los pueblos. Esta misma ley creó la Comisión Nacional Agraria, organismo oficial encargado de su aplicación. La comisión emitió la circular del 11 de octubre de 1922, que definió la institución del ejido con propiedad colectiva e inalienable de la tierra; y que rigió hasta 1992, cuando se transformó el ejido y se abrió la posibilidad de privatizar la propiedad de las tierras. La tercera disposición legal de la reforma agraria fue la Ley de Colonización promulgada por el presidente Plutarco Elías Calles en 1923, cuyo objetivo era la formación de colonias agrícolas de pequeños propietarios mexicanos. La ley también fijó los límites de la pequeña propiedad, a saber, hasta 150 hectáreas en tierras de riego, 250 hectáreas en tierras de temporal y hasta 500 hectáreas en tierras de agostadero, y dispuso que el gobierno federal ayudara con créditos baratos a los agricultores que quisieran establecer una colonia.
En Sinaloa el problema agrario presentaba ciertas peculiaridades. Había tierras usurpadas a las comunidades de los indios mayos, pero sólo en el valle del Fuerte, porque en el resto del estado ya no existían las comunidades indígenas. También hubo latifundios, con la característica de que producían y que los más importantes eran propiedad de compañías o particulares estadunidenses. Mucha gente aspiraba a ser dotada de tierras, había un gran excedente de tierras no cultivadas por carecer de infraestructura para el riego o por falta de mercado para sus productos, pero también agua en abundancia que podía ser aprovechada para regar las tierras agrícolas. Por otra parte, los jefes revolucionarios de Sinaloa no consideraron la reforma agraria como un problema capital; por el contrario, fueron partidarios de la gran propiedad, si su explotación era eficiente; y se opusieron al reparto de tierras, aun a la restitución que demandaban los indios mayos, a quienes se les había prometido a cambio de su participación en la guerra. Los gobernadores Ramón F. Iturbe y Ángel Flores se resistieron a la aplicación de la ley del 6 de enero de 1915.
Era evidente que la solución al problema de la reordenación de la propiedad de la tierra en nuestro estado consistía en abrir nuevas tierras al cultivo y dotar con ellas a ejidatarios y a pequeños propietarios, pero era una solución a largo plazo y que exigía grandes inversiones en infraestructura hidráulica, así que, por razones políticas y sociales, era impostergable la afectación de los latifundios y el reparto de las tierras. La historia de la reforma agraria en Sinaloa se divide en tres etapas: la primera abarca de 1915 a 1934, que son las fechas del inicio de la reforma agraria y el comienzo de la presidencia de Lázaro Cárdenas. La segunda es la de Cárdenas y corresponde a los seis años de su mandato, es decir, de 1934 a 1940. La tercera va de 1940 a 1992, cuando el presidente Carlos Salinas dio por concluida la reforma agraria en todo el país.
El primer periodo comprende los 20 años de resistencia a la reforma agraria. Ya señalamos que en julio de 1915 el gobernador Manuel Rodríguez Gutiérrez trató de ejecutar la ley del 6 de enero, en Tepuche, municipio de Culiacán, pero que fue frenado por los latifundistas. El mismo año tuvo lugar la rebelión de los indios mayos por la restitución de sus tierras, pero el gobierno federal optó por la solución militar y aplastó a los alzados. El gobernador Macario Gaxiola (1929-1932) fue más sensible a las demandas populares y favoreció la reforma agraria por medio de dotaciones de ejidos y la formación de colonias agrícolas.
Durante su gubernatura el general Macario Gaxiola impulsó la reforma agraria, el trabajo político que desarrolló en Sinaloa la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos (CROM) entre los trabajadores de los ingenios, pues logró organizarlos y darles suficiente fuerza política para alternar con otras organizaciones estatales. Ante las Ligas Agrarias municipales que organizó el gobernador Gaxiola y el avance de la CROM entre los trabajadores agrícolas de los ingenios, algunos latifundistas optaron por vender parte de sus propiedades y formar colonias agrícolas, e incluso contaron con crédito del gobierno federal. En estos primeros 20 años de reforma agraria en Sinaloa se repartieron 122 367 hectáreas, es decir, un promedio de 6 118 hectáreas por año, cifra muy baja en relación con los otros periodos.
Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas (1934-1940) transcurrió la etapa más activa de la reforma agraria en Sinaloa, que respondía a la necesidad de reordenar la propiedad de la tierra, pero también a un plan político, económico y social del gobierno federal. Cárdenas buscaba la desaparición de los latifundistas como grupo social y político, y también quería cambiar el modelo de producción de los empresarios agrícolas, pues deseaba que, en lugar de cultivar productos para la exportación, produjera lo que el país necesitaba. Lázaro Cárdenas logró el reparto de los mayores latifundios en los valles de los ríos Fuertes, Sinaloa y Culiacán, pero no alcanzó los otros objetivos que se propuso. Para llevar a cabo la reforma, se apoyó en el vigoroso movimiento de los trabajadores de los ingenios azucareros, quienes fueron los beneficiarios de la expropiación de los latifundios cañeros; sin embargo, muchos de estos ejidatarios quedaron ligados a sus antiguos patrones, pues debían producir caña de azúcar para el ingenio. En el periodo cardenista se repartieron en Sinaloa 622 135 hectáreas, es decir, 103 700 hectáreas anuales, promedio muy superior a cualquier otro en el estado.
La reforma agraria de Cárdenas tuvo también cierto tinte nacionalista en Sinaloa, de acuerdo con la ideología revolucionaria, porque muchos de los latifundios afectados eran propiedad de extranjeros. La reforma no pretendía eliminar la propiedad privada, pues aun en su etapa más radical el gobierno favoreció la formación de colonias agrícolas. La reforma agraria fue también un fenómeno de las tierras bajas, es decir, de los valles irrigables, porque en las tierras altas la dotación de tierras fue menor, fenómeno que no ha sido suficientemente estudiado.
