En contraste con la efervescencia política que privó desde la independencia, la era de Francisco Cañedo fue de estabilidad, pues de los nueve periodos gubernamentales que hubo entre 1876 y 1909, siete fueron ejercidos por el general y sólo dos (1880-1884, 1888-1892) por el ingeniero Mariano Martínez de Castro, su leal colaborador. Pero más que conformidad de los sinaloenses o indiferencia hacia la política, este hecho revela la eficiente represión de Cañedo en el estado.
El primer periodo en el gobierno de Francisco Cañedo (1877-1880) se caracterizó por el gran número de asesinatos y ejecuciones tras un simulacro de juicio, algunos por ser delincuentes, los más por ser desafectos al gobernador. Entre estos asesinatos sobresalieron los de dos personajes de la vida pública sinaloense: el periodista José Cayetano Valadés y el general Jesús Ramírez Terrón.
José Cayetano Valadés era un combativo periodista mazatleco, editor de La Tarántula, quien en sus artículos denunciaba las arbitrariedades de Cañedo y la corrupción de su régimen. Valadés fue apuñalado en las calles de Mazatlán la noche del 27 de enero de 1879, y la indignación del pueblo estalló en un motín de grandes proporciones. Cañedo declaró el estado de sitio para que el ejército federal restableciera el orden. Como se le acusaba abiertamente de ser el autor intelectual del homicidio, el Congreso local lo suspendió y sometió a juicio, pero los diputados —amigos y compadres del gobernador— lo absolvieron y restituyeron en su puesto.
El general Jesús Ramírez Terrón había sido el dirigente militar de la revuelta tuxtepecana en Sinaloa y esperaba la gubernatura del estado en recompensa por sus servicios. En 1876, en las primeras elecciones después del triunfo de los insurrectos, Ramírez Terrón no pudo participar como candidato porque ocupaba el puesto de gobernador provisional y la constitución del estado inhabilitaba para contender en las elecciones a quien ocupara el poder Ejecutivo, es decir, prohibía la reelección para un periodo inmediato. Ramírez Terrón esperaba ser el triunfador en las elecciones de 1880, pero no fue así. Desde el año anterior a la sucesión vio que el sucesor de Cañedo sería Martínez de Castro, aprobado por el presidente Porfirio Díaz. El defraudado general logró aglutinar a numerosos opositores a Cañedo y se levantó en armas en Copala el 2 de noviembre de 1879. Ramírez Terrón era un peligroso opositor por el prestigio de que gozaba entre los militares. Como no pudo vencerlo por las armas, Cañedo recurrió a la traición e hizo que fuera asesinado en El Salto, cerca de Mazatlán, el 22 de septiembre de 1880.
En marzo de 1880 se celebraron las elecciones. Como estaba previsto, triunfó Martínez de Castro, y como diputados quedaron los mismos existentes, pues interesaba al gobernador dejar en el poder a los legisladores que lo habían absuelto del asunto de Valadés, y que eran sus cómplices en la defraudación de las rentas públicas", según escribió Eustaquio Buelna.
Cañedo también nombró a los adeptos a su persona para que ocuparan los puestos estratégicos en el control de la población, los diputados locales, los prefectos, los directores políticos y los alcaldes. En aquel entonces, el estado de Sinaloa se dividía en nueve distritos: El Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y El Rosario, y al frente de cada uno estaba un prefecto; los distritos se dividían en directorias a cargo de un director político, y en cada cabecera de distrito había un ayuntamiento. Así, prefectos, directores y alcaldes eran de gran importancia para vigilar y reprimir a los inconformes y para controlar las elecciones, que eran indirectas. En 1880, Cañedo hizo reformar la constitución para que el gobernador nombrara y removiera libremente a prefectos y directores y para que el tribunal de justicia nombrara a los alcaldes. Estos puestos eran de elección popular antes de la reforma de 1880.
Con estos mecanismos de control, Cañedo logró la elección del ingeniero Martínez de Castro, a quien encargó la gubernatura mientras él iba a México para ocupar una curul en el Senado. En 1884, Martínez de Castro devolvió la gubernatura a Cañedo, y en 1888 volvió a alternar con el general. En el año de 1892, Cañedo asumió de nuevo la gubernatura y modificó la constitución para suprimir el artículo 46 que prohibía la reelección inmediata del gobernador. En adelante, ya no dejaría el poder sino hasta su muerte.
Francisco Cañedo nació en el cantón de Tepic el año de 1839, pero desde joven vivió en Mazatlán y en Culiacán como dependiente de mostrador en varios comercios. De ahí pasó a la milicia del estado, donde su carrera militar dejó mucho que desear, pues, a decir de sus contemporáneos, la lista de servicios de Cañedo "cabía en media hoja tamaño carta", pero alcanzó el grado de coronel en 1876 y el de general en 1883. La habilidad de Cañedo fue política, pero la del político sin escrúpulos que recurría a cualquier medio para lograr sus objetivos. Tal vez fue ésta la cualidad que Porfirio Díaz más estimaba de Cañedo, por lo que lo apoyó para que fuera el ejecutor de la política porfiriana en Sinaloa, como de hecho lo fue. Por su parte, Cañedo siempre guardó lealtad a Porfirio Díaz.
Otro importante aspecto de la vida política sinaloense en este periodo es el de las relaciones entre el estado y la federación, o más bien, entre el poder estatal (Cañedo) y el poder federal (Porfirio Díaz). Este aspecto es difícil de estudiar porque tales relaciones se llevaron a cabo conforme a reglas no escritas, ni siquiera dichas con claridad, pero que rigieron en Sinaloa y en el resto de la República Mexicana. En términos generales, podemos decir que el gobierno federal aumentó su injerencia en los asuntos del estado de manera más constante y más firme que en épocas anteriores. Dijimos en el capítulo anterior que el presidente Benito Juárez inició el proceso de centralización del poder político en la ciudad de México, poder que se había debilitado desde las reformas borbónicas y la independencia. Los gobiernos posteriores a Juárez, los de Lerdo, Porfirio Díaz y Manuel González, prosiguieron esta política.
La federación se hacía presente en Sinaloa por distintos medios, unos antiguos y otros de nueva creación, que concurrían para fortalecer el poder del gobierno federal y la ejecución de sus decisiones. Una de las principales dependencias federales era la aduana de Mazatlán, que regulaba la puerta grande del comercio sinaloense y recaudaba una considerable porción de los ingresos del gobierno federal. En el periodo que ahora nos ocupa, la aduana quedó libre de la presión de los comerciantes extranjeros y cumplió sus funciones con menos irregularidades. Junto con la aduana, la administración del puerto también quedó bajo la jurisdicción federal; en apoyo de ambos estaba un fuerte destacamento del ejército federal, cuyo jefe era también el comandante militar del estado, con la facultad de asumir las funciones de gobernador en el caso de que se declarara el estado de sitio. Así, las entradas y salidas del comercio exterior sinaloense estaban bajo el control de la federación, tanto en Mazatlán como en Altata y en Topolobampo. Es cierto que durante el porfiriato el ejército federal cumplió sus funciones con profesionalismo y disciplina, y ya no fue la pesadilla de los gobernadores de Sinaloa ni el árbitro de los problemas políticos internos; sin embargo, este ejército no sujeto al poder del estado era un recordatorio de la presencia del poder de la federación. Por otra parte, el gobernador Cañedo restringió el tamaño y las funciones de la guardia nacional, esto es, de los ciudadanos armados e integrados en las milicias del estado; y prefirió dar más importancia a la temida policía rural, porque era uno de los elementos de su aparato represor. También es necesario tomar en cuenta que las modificaciones en la aduana y el ejército federal repercutieron en el fortalecimiento del gobierno estatal, dieron mayor confianza a los comerciantes e inversionistas y, en general, ayudaron a consolidar la estabilidad económica del estado.
El gobierno de Porfirio Díaz encontró también nuevos caminos para intervenir en el ámbito propio del poder estatal y restringir su soberanía en los rubros de terrenos baldíos, colonización, recursos hidráulicos y comunicaciones, cuatro aspectos de capital importancia para la economía y el control político del estado que quedaron reservados al fuero federal. Fue el presidente Juárez, como señalamos, quien luchó para reservar al gobierno federal la competencia legal en estos rubros, aunque careció de medios para aplicar estos principios jurídicos.
Los terrenos baldíos o tierras nacionales eran aquellas que, por no tener propietario legalmente reconocido, podían ser entregadas en propiedad privada a los particulares que las solicitaran. La colonización fue un fenómeno característico del porfiriato y consistió en otorgar las mayores facilidades para el establecimiento de colonos extranjeros que quisieran venir a México para cultivar las tierras ociosas. Ambos asuntos, el de la colonización y el de las tierras baldías, estaban enlazados porque la concesión de tierras nacionales tenía por objetivo su colonización; la ley federal que reglamentó estos asuntos fue expedida el 15 de diciembre de 1883 y amparó a las tristemente célebres compañías deslindadoras que se dedicaron a crear latifundios sin cumplir el objetivo de colonizar las tierras. En 1880, Porfirio Díaz consiguió del Congreso nacional la exclusividad del gobierno federal para regular los asuntos ferroviarios que, en ese tiempo, eran el medio de comunicación terrestre más importante. Lo mismo ocurrió con el control de los telégrafos y con la concesión de uso del agua de los ríos nacionales, es decir, los que desembocan en el mar.
No es difícil comprender el efecto que la política del gobierno federal tuvo en Sinaloa, pues afectó los puntos estratégicos de nuestra economía. Hemos señalado que el cambio más profundo en el periodo cañedista fue el inicio de la agricultura intensiva; pero tanto la concesión de tierras como del agua para riego fueron de jurisdicción federal y no estatal. La colonización que tan bien funcionó en Sinaloa, como lo veremos en el siguiente apartado, fue asimismo una concesión del gobierno federal. El ferrocarril que introdujo sustanciales cambios en los mercados locales también fue concesionado, trazado y operado bajo jurisdicción federal y no estatal, así como los puertos de altura y sus aduanas. Así, el gobierno federal logró introducirse en los puntos neurálgicos de la economía sinaloense y, aunque no podemos afirmar que ejerciera control absoluto, sí fue un imprescindible actor en la historia de la economía sinaloense.
A la luz de estos comentarios podemos observar cómo se transformó la relación entre el poder federal y el poder estatal. Durante el porfiriato hubo en la ciudad de México un gobierno con suficiente fuerza para poner límites al poder estatal, aunque no lo suplantara o lo anulara. Esta pérdida de soberanía indica que Sinaloa se integraba cada vez más a la nación, o, en otras palabras, que avanzaba la conformación de México como nación, pues muchas de las decisiones de gobierno debían tomarse en función de las necesidades generales del país y no de alguna de sus regiones. Asuntos como el comercio exterior, la defensa nacional, las comunicaciones, los recursos hidráulicos y la concesión de las tierras nacionales superaban el ámbito de los intereses locales, por lo que no era posible dejar su administración a los gobiernos estatales, sino que era preciso que una instancia superior se ocupara de gobernarlos. Por otra parte, no podemos ignorar que el general Cañedo aceptó las nuevas condiciones y las aprovechó para obtener no pocos beneficios personales y para sus amigos.
