La Constitución de 1917


Cuando Felipe Riveros abandonó el estado de Sinaloa, en octubre de 1914, Carranza nombró gobernador provisional a Manuel Rodríguez Gutiérrez, cuyo régimen se caracterizó por la importancia que concedió al problema agrario y las tentativas para resolverlo. El gobernador estaba convencido de que la rebelión de los indígenas mayos tenía por origen el despojo de las tierras que pertenecían a las comunidades y trazó un plan de reforma agraria para responder a las demandas de los campesinos sinaloenses. Rodríguez Gutiérrez inició el reparto agrario el 20 de julio de 1915, en favor de los campesinos de Tepuche, municipio de Culiacán, conforme a la Ley Agraria expedida por Carranza el 6 de enero. También seguía el ejemplo de otros jefes constitucionalistas que habían hecho lo mismo en diversos estados de la república; sin embargo, los terratenientes de Sinaloa lo vieron con desagrado y pidieron a Carranza que lo retirara del estado, con el pretexto de que era coahuilense. Carranza aceptó y Manuel Rodríguez Gutiérrez fue removido de la gubernatura en marzo de 1916. En los siguientes 15 meses, Sinaloa tuvo cinco gobernadores provisionales: Isauro Ibáñez (marzo 21 a abril 31 de 1916), Ángel Flores (1o. de mayo a 22 de octubre de 1916), Manuel Mezta (22 de octubre de 1916 a 7 de enero de 1917), Ángel Flores (7 de enero a 24 de abril de 1917) y el sonorense Ignacio Pesqueira (24 de abril a 26 de julio de 1917).

A mediados de 1916, el presidente Carranza dispuso que se celebraran elecciones municipales (3 de septiembre) y que se suprimiera el cargo de jefe político. Expidió también la convocatoria para la celebración de un Congreso constituyente que reformara la Constitución de 1857 e introdujera los principios por los que habían luchado los revolucionarios (19 de septiembre). El 22 de octubre se llevó a cabo la elección de los diputados constituyentes y el Congreso se instaló en la ciudad de Querétaro el 1º de diciembre. Los representantes electos por el pueblo sinaloense fueron Pedro Zavala por el distrito de Culiacán, Andrés Magallón por el de Mazatlán, Carlos M. Ezquerro por el de Concordia, Emiliano C. García por el distrito de El Fuerte y Cándido Avilés por el de Mocorito. El Congreso trabajó desde el día de su instalación hasta el 31 de enero de 1917, cuando dio por concluidas sus tareas y se firmó el texto constitucional, que fue promulgado el día 5 de febrero siguiente.

La obra legislativa del Congreso convocado por Carranza consistió en refrendar algunos principios liberales de 1857, como la forma de gobierno republicano y representativo, con división de poderes, la organización de la nación como federación de estados libres y soberanos, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y las restricciones a la Iglesia y al clero en materia política. También quedaron incluidos nuevos principios como la no reelección del presidente de la República y de los gobernadores de los estados, la educación primaria gratuita y obligatoria para todos los mexicanos. Pero lo más importante fue su definición —en contra del liberalismo— del papel del Estado en los asuntos económicos y sociales en los artículos 27 y 123.

El artículo 27 afirmaba el dominio original de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas en su territorio, su derecho a transferir ese dominio en propiedad privada y a imponer a la propiedad las modalidades convenientes según lo pidiera la utilidad pública. Este artículo también sentó las bases de la reforma agraria y devolvió a la nación la propiedad del subsuelo y de sus riquezas. El artículo 27 de la Constitución de 1917 fue la bandera agrarista de la revolución, hasta que fue reformado por el presidente Carlos Salinas de Gortari (6 de enero de 1992), que dio por concluida la reforma agraria. El artículo 123 enunciaba los principios legislativos para normar las relaciones laborales y definió los derechos fundamentales de los trabajadores.

Promulgada la nueva constitución federal, hubo elecciones en los estados para la restauración de los poderes locales y el orden legal en toda la nación. En Sinaloa, las elecciones se llevaron a cabo el 5 de junio de 1917, y contendieron los generales Ángel Flores y Ramón F. Iturbe como principales candidatos. El voto favoreció al general Iturbe, pero fue desconocido por la mayor parte de los ayuntamientos porque no cumplía con los requisitos señalados en la constitución local. La rebelión duró hasta el mes de agosto del mismo año, cuando ambas partes llegaron a un acuerdo e Iturbe fue reconocido como gobernador constitucional de Sinaloa.

Durante la gubernatura del general Iturbe, el Congreso local reformó la constitución de nuestro estado para adecuarla a la Constitución federal; la nueva ley fue promulgada el 25 de agosto de 1917. Respecto de la constitución local anterior, que era la de 1894, difería por la supresión de las prefecturas políticas y de los directores políticos y por la prohibición de la reelección del gobernador. El artículo 15 señalaba los 16 municipios en los que se dividía el estado, que ya casi eran los actuales, pues sólo faltaban los municipios de Salvador Alvarado y de Navolato. El municipio de Salvador Alvarado fue segregado del de Mocorito el día 10 de marzo de 1962 y el de Navolato fue separado del de Culiacán el día 27 de agosto de 1982.

El período gubernamental de Iturbe expiraba en 1920, pero no pudo concluirlo por el rompimiento entre Obregón y Carranza. La mayor parte de los generales sinaloenses se adhirió a Obregón, mientras que Iturbe, Carrasco y Mena permanecieron fieles a Carranza. Carrasco y Mezta murieron en la lucha que siguió mientras que Iturbe logró huir a los Estados Unidos, donde permaneció hasta 1928. Ángel Flores fue electo gobernador en 1920, pero renunció en 1924, antes de concluir su periodo, para contender en las elecciones presidenciales contra Plutarco Elías Calles. Flores impulsó las obras de irrigación en el valle de Culiacán, pero no respondió a los sinaloenses pobres, pues no permitió el reparto de tierras e impidió la formación de organizaciones obreras. Su campaña presidencial fue un fracaso político que lo desprestigió como figura pública, y después de su derrota se dedicó a las labores agrícolas. Murió al poco tiempo en la ciudad de Culiacán, el 31 de mayo de 1926. El rumor popular afirmó que fue envenenado, pero nunca se confirmó esta versión.

La inestabilidad política de Sinaloa en la etapa posrevolucionaria se puede observar en la debilidad de los gobernadores, que no podían permanecer en su puesto. En el lapso de 1925 a 1928 hubo tres: Alejandro R. Vega, Juan de Dios Bátiz y Manuel Páez, sin contar a los interinos que ocuparon la gubernatura por muy breve tiempo. El general Macario Gaxiola fue electo gobernador para el periodo del 1º de enero de 1929 al 31 de diciembre de 1932, y para el cuatrienio comprendido entre 1933 y 1936, el profesor de farmacia Manuel Páez. Gaxiola completó su periodo, aunque con muchas interrupciones breves; Páez dejó la gubernatura un año antes y la completó el general Gabriel Leyva Velázquez. Para el periodo 1937-1940 fue electo el coronel Alfredo Delgado.

Los vaivenes de la política sinaloense se debieron a pugnas internas, pero también a ciertos asuntos nacionales, como el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, porque los militares sinaloenses eran sus adeptos y participaron en la rebelión escobarista (1929) en contra de Plutarco Elías Calles. En estas mismas fechas se fundó el Partido Nacional Revolucionario, creado por Calles como instrumento para controlar las ambiciones personales de los numerosos jefes revolucionarios, y también como un medio para perpetuarse en el poder como jefe máximo de la revolución. La guerra cristera que sacudió al centro de la República entre 1926 y 1929 también afectó al sur de nuestro estado, aunque no de manera tan profunda como en otras entidades. La crisis del sistema económico internacional al final de la década de los veinte también afectó a Sinaloa, como lo veremos en otro apartado.


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