En el presente cap�tulo hemos expuesto con alg�n detenimiento cu�les fueron los cambios que el visitador Jos� de G�lvez inici� en el noroeste de la Nueva Espa�a y que hemos llamado las reformas borb�nicas. En este apartado presentaremos algunas reflexiones sobre el fen�meno hist�rico considerado en su conjunto, porque se trata de una combinaci�n de acontecimientos que incidieron profundamente en la sociedad regional y modificaron el rumbo de su evoluci�n al alterar las relaciones entre sus grupos internos y tambi�n las relaciones con las sociedades regionales vecinas y con la capital del virreinato e, incluso, con el extranjero. Fueron tan importantes los cambios inducidos por las reformas borb�nicas que podemos considerarlas como un hito en el proceso hist�rico regional del noroeste en general y de Sinaloa en particular.
Las reformas borb�nicas llegaron del exterior, concretamente de la corte imperial de Madrid; llegaron de fuera como lleg� la conquista en el siglo XVI. Afectaron todo el imperio, pues no eran s�lo para la Nueva Espa�a y menos privativas del noroeste. El objetivo �ltimo de los monarcas de Borb�n era la sujeci�n de las colonias para beneficio econ�mico de la metr�poli: corregir las fugas fiscales y promover la producci�n para aumentar as� la recaudaci�n de impuestos. Para lograrlo se necesitaba reformar instituciones y procedimientos viciados —a juicio de los reformadores— que se hab�an incrustado en las sociedades coloniales y con los que ciertos grupos de privilegiados medraban al amparo de la debilidad de los gobernantes de la casa de Habsburgo. El Consulado de Comerciantes, algunas corporaciones religiosas como la Compa��a de Jes�s y la misma instituci�n del virreinato fueron el blanco de los golpes de los reformadores.
Los cambios llamados de "libre comercio" minaron las bases en las que se apoyaba el monopolio de los comerciantes almaceneros del Consulado de M�xico y resquebrajaron su poder econ�mico y pol�tico. La otrora corporaci�n m�s poderosa de la Nueva Espa�a vino a menos; sigui� como la asociaci�n m�s importante en la Colonia, pero ya no fue la �nica, ni la rectora de la pol�tica comercial del virreinato ni la acaparadora de la riqueza colonial. La expulsi�n de los religiosos de la Compa��a de Jes�s elimin� de la pol�tica imperial a un opositor temible por su poder econ�mico y su influencia en los estratos ilustrados de la sociedad; adem�s, la confiscaci�n de sus bienes produjo considerables ingresos a la hacienda del rey.
La implantaci�n del sistema de intendencias pretend�a que, desde la metr�poli, se ejerciera un control m�s directo y efectivo sobre las regiones del imperio. El intendente era un funcionario de la m�s alta jerarqu�a, con un sueldo equiparable al del virrey y revestido de amplios poderes en todos los ramos de la administraci�n p�blica dentro del territorio de su intendencia. El intendente era nombrado por el rey y a �l deb�a responder de su gesti�n. Aunque no se dijo de manera expresa, de hecho el sistema de intendencias ven�a a suplantar la antigua instituci�n del virreinato; o, en otras palabras, en el sistema de intendencias el virrey no era necesario. Resulta muy interesante observar que Antonio Mar�a de Bucareli y el segundo conde de Revillagigedo, virreyes de intachable lealtad al monarca, respondieron con disgusto a la limitaci�n de su autoridad y la disminuci�n de sus funciones. Ciertamente, la ley segu�a otorg�ndoles los omn�modos poderes que sus antecesores ejercieron en todo el virreinato, pero ahora s�lo a trav�s de los intendentes pod�an hacer uso de tales poderes, y los intendentes no depend�an del virrey. Por esto, los virreyes consideraron al intendente como una cu�a que hab�a puesto el monarca para minar su poder.
La creaci�n del ej�rcito profesional fue tambi�n una de las reformas mas borb�nicas, y su objetivo fue contar con una fuerza represiva disciplinada y leal al rey. Las reformas lesionaron muchos y muy fuertes intereses, as� que el monarca deb�a tener a mano el instrumento para reducir a los inconformes. El ej�rcito profesional fue objeto de los m�ximos privilegios concedidos por el rey, y era tanta su confianza en los altos cuadros del ej�rcito que casi todos los intendentes fueron oficiales de alta graduaci�n.
Veamos la magnitud de los cambios producidos en la gobernaci�n de Sinaloa y Sonora que se transform� en la Intendencia de Arizpe. La primera reforma de consideraci�n fue la expulsi�n de los jesuitas que elimin� de tajo una de las m�s importantes fuerzas econ�micas y pol�ticas de la regi�n, con el aplauso de mineros, alcaldes mayores y comerciantes, pues quedaba despejado el campo para que los ricos de la regi�n recibieran m�s trabajadores ind�genas y tuvieran acceso a la propiedad de la tierra y el agua. La pol�tica de incentivos a la miner�a tambi�n benefici� a este grupo social, que aument� la producci�n de plata en forma considerable.
La creaci�n de la Intendencia de Arizpe dot� a la regi�n de un aparato burocr�tico que no ten�a; una autoridad superior en la persona del intendente y un grupo de subdelegados nombrados por �l y s�lo dependientes de �l, a trav�s de los cuales pod�a ejercer su autoridad en todos los puntos de la intendencia; un aparato para la recaudaci�n fiscal que extendi� su campo de acci�n hasta el cobro de diezmos y tributos (y el intendente ten�a injerencia en la administraci�n de estos ingresos). Por medio de esta burocracia, el intendente pod�a tambi�n ejercer funciones militares, judiciales y de fomento de la econom�a regional. Y es de notar que este aparato burocr�tico se articul� en la misma regi�n, del intendente hacia abajo; ya no hubo alcaldes mayores cuya lealtad estaba comprometida con los comerciantes de M�xico. A pesar de las fallas y confusiones, cosa explicable en un organismo nuevo y sin antecedentes en la regi�n, este aparato sirvi� bien al desarrollo de los intereses locales.
La ruptura del monopolio comercial de la ciudad de M�xico puso t�rmino al m�s gravoso mecanismo de explotaci�n de la regi�n. De manera simult�nea, la llegada de comerciantes extranjeros abri� la oportunidad para que los comerciantes locales, antes sujetos a los almaceneros de M�xico, pudieran operar por su propia cuenta y evitar que las ganancias generadas por el comercio fluyeran hacia la ciudad de M�xico. Los capitales mercantiles acumulados podr�an invertirse en la regi�n para estimular el crecimiento de las actividades productivas.
El gobierno de los intendentes de Arizpe favoreci� al grupo regional privilegiado, como se puede observar en la pol�tica de privatizaci�n de la tenencia de la tierra, tanto de la bald�a como la de las comunidades ind�genas. El empe�o por repartir las tierras comunales conduc�a a favorecer tambi�n a ese grupo, pues si bien la tierra se entregaba a indios y mestizos a la larga pasar�a a manos de los ricos, ya por compraventa o por despojo. Sa�l Jer�nimo Romero ha estudiado este fen�meno en su libro De las misiones a los ranchos y haciendas. La privatizaci�n de la tierra en Sonora, 1740-1860, en el que muestra con detalle el acaparamiento de las tierras y aguas por un reducido grupo de pudientes en lo econ�mico e influyentes en lo pol�tico. La actitud de los intendentes fue muy favorable con los comerciantes, como se observa con claridad en la tolerancia o permisividad del contrabando de ingleses y estadunideneses, a despecho de las leyes que prohib�an el comercio con extranjeros.
Este comportamiento de los intendentes resulta explicable si consideramos que necesitaban una base de sustentaci�n regional si quer�an conservar su puesto y ejercer sus funciones. El intendente era un forastero que llegaba a la regi�n respaldado por la autoridad de un rey muy lejano y amenazado por la enemistad de un virrey m�s cercano, as� que al hacer causa com�n con los importantes de la intendencia de Arizpe encontraba un s�lido asidero que le permit�a desafiar incluso la autoridad del virrey.
Esta cadena de cambios en la pol�tica y la econom�a del noroeste novohispano produjo el debilitamiento de las relaciones comerciales y pol�ticas con la ciudad de M�xico, y por consiguiente la organizaci�n de la econom�a tendi� a reforzar su sentido regional, para beneficio de quienes habitaban la regi�n o al menos para cierto grupo. Antes, la zona depend�a de M�xico en todos los aspectos: las decisiones pol�ticas, econ�micas y religiosas para la regi�n se tomaban all�. Los gobernantes reg�an al noroeste, principalmente, para beneficio de ciertas gentes de la capital; el noroeste era una "colonia" de los almaceneros del Consulado de M�xico. En este periodo se debilit� mucho esta asim�trica relaci�n que supeditaba nuestra regi�n a los intereses de algunas personas del centro. �ste es un hecho que no debemos perder de vista en el curso de los sucesos posteriores.
En cap�tulos anteriores dijimos que a finales del siglo XVII se hab�an delineado con precisi�n los tres principales grupos sociales surgidos de la conquista y colonizaci�n de las provincias del noroeste. Un grupo de prominentes, peque�o en n�mero pero grande en poder econ�mico y pol�tico, formado por autoridades, comerciantes, mineros, capitanes de presidio y religiosos jesuitas, todos ellos espa�oles aunque s�lo algunos peninsulares. El segundo grupo, el m�s numeroso, formado por los indios, especialmente aquellos que estaban integrados en comunidades misionales, que eran propietarios colectivos de la tierra y del agua y cuya organizaci�n les daba fuerza econ�mica y pol�tica, bajo la tutela de los jesuitas. El tercer grupo social, el de los mestizos, mulatos y negros, era el intermedio por el n�mero de sus integrantes, que viv�an del alquiler de su trabajo a los due�os de las minas y de las tierras o bien eran artesanos independientes.
Con la repercusi�n de las reformas borb�nicas se inici� una transformaci�n profunda en el concierto de estos grupos sociales. Del grupo de los espa�oles desapareci� el poderoso sector de los religiosos jesuitas, se integraron otros cl�rigos, como los p�rrocos seculares, los misioneros franciscanos y el nuevo obispo, pero su influencia no alcanz� el grado que hab�a tenido el poder de los jesuitas. Los integrantes de este grupo (autoridades de la intendencia, propietarios de tierras, mineros y otros empresarios) trabajaron en armon�a y con sus intereses m�s centrados en la regi�n que en M�xico.
El segundo grupo, el de los indios de comunidad, result� muy afectado por las reformas borb�nicas que aniquilaron el sistema de misiones jesu�ticas. La pol�tica reformista tend�a a la anulaci�n de la propiedad comunitaria y a la implantaci�n de la propiedad privada de los recursos de la comunidad. Se inici� un lento pero irreversible proceso de cambio que tend�a a la destrucci�n de las comunidades y a la asimilaci�n de los indios al tercer grupo social, el de los despose�dos.
El grupo de los mestizos y mulatos fue el que creci� m�s entre 1767 y 1821, pero no result� beneficiado por las reformas borb�nicas, sino que fue mejor controlado y objeto de las exacciones fiscales de una burocracia m�s amplia y eficiente.
