El periodo de nuestra historia que se identifica con el general Porfirio Díaz, y que por lo mismo se llama frecuentemente Porfiriato, va del año de 1876, cuando Díaz triunfa con el Plan de Tuxtepec y se convierte por primera vez en presidente de la república en 1877, hasta el de 1911, cuando el general abandona el país y se exilia en Francia.
Se trata de una época muy interesante y contradictoria. Por un lado, la nación por fin se pacificó y la gente se pudo poner a trabajar. Gracias a los capitales que llegaron de otros países, sobre todo de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, se desarrollaron muchas ramas de la economía. Se construyó un gran sistema ferrocarrilero, que tenía su centro en la ciudad de México y que comunicaba muchas de las más importantes ciudades. Al mismo tiempo, ese moderno medio de transportación alentó el desarrollo de la minería, que había sido el eje de la economía colonial y en la cual se habían fincado de nuevo grandes esperanzas.
Al mismo tiempo se fundaron muchos bancos, algunos con oficinas en toda la república, como el Nacional de México y el de Londres y México, y otros de carácter regional o estatal, como el de San Luis Potosí, el de Zacatecas y el de Aguascalientes. Esos bancos, al favorecer el ahorro y el crédito, contribuyeron a modernizar la economía.
Lo criticable, sin embargo, es que esos y otros muchos progresos se dieron junto con la degradación de la vida política y la burla de la voluntad de los ciudadanos. Don Porfirio y sus hombres se erigieron en los dueños del país y en los únicos intérpretes posibles de su voluntad. La vida democrática perdió su sustancia y se convirtió en una serie de formulismos sin ningún interés para los ciudadanos. A los cargos más importantes sólo tuvieron acceso los amigos e incondicionales del general Díaz. Él nombraba gobernadores de los estados, ministros para la Suprema Corte de Justicia, y diputados y senadores para el Congreso de la Unión.
Además, el desarrollo económico no resultó benéfico para todos. Al lado de los grandes magnates, que con la ayuda de los políticos creaban fábricas e inundaban los mercados de productos novedosos, estaban los trabajadores, que a cambio de jornadas de 12 o más horas al día recibían salarios miserables, con los que no podían dar a sus familias lo más indispensable ni educar a sus hijos. En el campo, la situación de los peones era tal vez peor. Las grandes haciendas acaparaban las mejores tierras y el agua. El trabajo de los campesinos muchas veces ni siquiera era pagado con dinero en efectivo, sino con raciones de maíz que apenas garantizaban su sobrevivencia.
Los que se atrevían a protestar eran encarcelados y muchas veces deportados a las plantaciones del sureste, en donde se encontraban con condiciones de trabajo aún más duras y, muchas veces, con la muerte. La gente no tenía posibilidades de organizarse ni de publicar periódicos con ideas diferentes a las del gobierno. Las elecciones se llevaban a cabo periódicamente, pero siempre triunfaban los candidatos oficiales. Eso era muy importante para el régimen, porque al mismo tiempo que se respetaban las formas se garantizaba la imposición de la voluntad del general Díaz.
Los políticos que controlaron el estado de Aguascalientes durante el Porfiriato formaban un grupo muy bien identificado y compacto, a cuya cabeza estaban Francisco Gómez Hornedo, Alejandro Vázquez del Mercado, Miguel Guinchard, Rafael Arellano y Carlos Sagredo, gobernadores todos ellos. Después venían algunos personajes que ocuparon posiciones menos importantes, como los licenciados Alberto M. Dávalos y Fernando Cruz, y los médicos Jesús Díaz de León, Manuel Gómez Portugal, Carlos M. López e Ignacio Marín, que fueron varias veces diputados y que periódicamente se repartían los cargos públicos de mayor importancia en el estado. Gómez Portugal, por ejemplo, era el director perpetuo del Hospital Hidalgo, de la misma manera que Ignacio Marín lo fue del Instituto de Ciencias.
El indiscutido jefe local del porfirismo era Gómez Hornedo, que al triunfo de la revolución de Tuxtepec se convirtió de inmediato en gobernador del estado. Durante su gestión, que abarcó los años de 1877 a 1879, procuró el saneamiento de las finanzas públicas, la construcción del Salón de Exposiciones, la apertura del Liceo de Niñas y la reunificación del partido liberal, terreno en el que cosechó muchos éxitos, lo que le valió erigirse en la primera figura política de la localidad.
Le sucedió Miguel Guinchard, un simpático personaje que contaba con la confianza del doctor Ignacio T. Chávez, que desde su cargo de senador de la república seguía ejerciendo una gran influencia en la vida política local. Por razones de salud, sin embargo, Guinchard renunció al cargo en mayo de 1881, por lo que debieron celebrarse elecciones extraordinarias.
