Vimos en el apartado anterior que los misioneros jesuitas y los soldados presidiales actuaron concertadamente, y que de esta manera lograron establecer comunidades indígenas disciplinadas y ejercer el control sobre los cahitas antes seminómadas; sin embargo, para los intereses del gobierno español era un paso para obtener el dominio completo sobre la región. Hacía falta que llegaran colonos españoles para establecer empresas productivas y, con el trabajo de los indios sometidos, crearan la riqueza que beneficiaría principalmente a un reducido grupo de poderosos y al gobierno español. Colonizar era volver "colonia" un territorio, es decir, hacerlo producir riquezas por medio de la explotación de sus recursos naturales y humanos.
En la segunda parte del capítulo veremos de qué manera se establecieron esos colonos en los territorios de la actual Sinaloa, cómo se organizaron para desempeñar sus actividades económicas, aprovecharon los recursos naturales de la región y procedieron para ordenar el trabajo de los peones y de otros operarios. Empezaremos por exponer cómo se reorganizó la región desde el punto de vista político y administrativo, y señalaremos los movimientos de población que hubo durante el siglo, ya que estos datos servirán de referencia para relatar la historia del establecimiento de los colonos en Sinaloa.
La unidad territorial básica para el gobierno y la administración de los dominios españoles fue la provincia, de la que ya hemos hablado al tratar de Chametla, Culiacán, Sinaloa y San Sebastián. La inestabilidad de la provincia de Chametla, después de San Sebastián, se debió, por una parte, a la escasa población y a la poca rentabilidad de sus minas y, por otra, a la disputa entre Nueva Galicia y Nueva Vizcaya por controlar la zona. Las disputas de poder iniciadas en el siglo XVI continuaron en el XVII, y tanto las autoridades de Nueva Vizcaya como de Nueva Galicia nombraban alcaldes para la antigua provincia de Chametla, circunstancia que perjudicaba a los colonos por la ambigüedad o duplicidad de autoridades locales que, incluso, los obligaban a pagar impuestos y exacciones por partida doble.
Fue hacia 1682 cuando se reconoció definitivamente la jurisdicción de Nueva Vizcaya sobre la provincia de San Sebastián que Francisco de Ibarra fundara en el siglo anterior, y fue también por esas fechas cuando se determinó que serían tres las provincias de esta zona: Maloya, Copala y El Rosario, con los imprecisos límites que aparecen en el Mapa IV.3. Esta delimitación territorial fue definitiva; los cambios posteriores tendieron a unificar a las provincias del noroeste, como veremos más tarde.
Cada provincia era gobernada por un alcalde mayor, nombrado por el gobernador de Nueva Vizcaya para Sinaloa, Maloya, Copala y El Rosario, y por la Audiencia de Guadalajara para Culiacán, En su provincia, el alcalde mayor tenía funciones de gobernador, juez, recaudador de impuestos y capitán de guerra. Si la provincia era muy extensa o muy poblada, podía nombrar a un teniente para que en su nombre ejerciera sus funciones en una demarcación menor.
Toda persona que aspirara al cargo de alcalde mayor, además de tener antecedentes honorables, debía pagar al rey el precio en que se tasaba la alcaldía según su riqueza; debía también depositar una fianza en la Real Hacienda para garantizar la entrega de los impuestos que cobraría en su jurisdicción y pagar por adelantado el impuesto llamado media anata, que era su contribución como vasallo del rey. A todo esto hay que añadir que el salario del alcalde mayor era bajo, pues en el noroeste excepcionalmente alcanzaban los 300 pesos anuales que ganaba un misionero. Así, quien recibía el nombramiento llegaba a la provincia con el ánimo de recuperar con creces lo que había gastado, lo que se traducía en abusos y exacciones en perjuicio de los habitantes, en especial de los más débiles. Este procedimiento para la provisión de alcaldías también propició que los ricos comerciantes de México colocaran como alcaldes mayores a personas de sus confianzas para que fueran sus agentes comerciales en la provincia a su mando. De tal modo, a pesar de que las leyes lo prohibían los alcaldes mayores eran los principales comerciantes de cada provincia y apoyaban los negocios con el peso de su autoridad.
Los alcaldes mayores llegaron a ser el símbolo de la arbitrariedad y del abuso, pero su autoridad fue importante en provincias alejadas del centro del poder español, como eran las del noroeste, pues del desempeño de sus funciones dependía el avance o retroceso de las actividades económicas así como la defensa de las provincias frente al peligro que representaban los indios no del todo sometidos. La figura del alcalde mayor fue contrastante símbolo a la vez del despotismo y de la autoridad imperial, temido por sus súbditos y tolerado por las autoridades superiores.
En las cinco provincias de Sinaloa, Culiacán, Maloya, Copala y El Rosario se desarrolló la vida de nuestros antepasados del siglo XVII. Provincias vecinas, con similitudes geográficas pero también con diferencias en cuanto a sus recursos naturales, como indicamos en el capítulo 1, y sobre todo en cuanto al número y la composición étnica de la población de cada una, punto al que nos referimos en el cuadro IV.2.
Los datos del cuadro IV.2 indican que en las cinco provincias la población indígena no decrecía a un ritmo tan acelerado como en el siglo anterior, pero que todavía era importante. En las provincias de Maloya, Copala y El Rosario ya prácticamente no había indios totorames; quedaban los xiximes y su número disminuía. En la provincia de Culiacán los tahues avanzaban hacia su extinción. En Sinaloa, la población indígena era muy superior a la de las otras provincias; sin embargo, se redujo aceleradamente de 70 000 a 14 600 indígenas en el curso de 95 años. Este descenso se debió principalmente a las enfermedades contagiadas por los españoles, que se habían vuelto endémicas en la región, aunque también hubo otros factores como el mestizaje, porque los hijos de español e india, es decir, los mestizos, ya no eran indios.
Es muy poca la información que ofrece Peter Gerhard acerca de la población no indígena de estas provincias. Afirma que en 1600 había 600 habitantes no indígenas en el área ocupada por los españoles, que iba del Río de Las Cañas al Sinaloa, y que en 1700 sumaban 15 000 en todo el noroeste, es decir, incluidas también las provincias de Ostimuri y Sonora. No podemos indicar cuántos correspondían a las cinco provincias que aquí nos interesan; sólo sabemos que la mayor parte estaba en las provincias de Culiacán, Maloya, Copala y El Rosario.
Sobre la composición étnica y social de esa población sabemos que una mínima parte era de españoles europeos, entre los que se encontraban las autoridades, los clérigos, los comerciantes y los oficiales militares; otra parte estaba compuesta por españoles nacidos en la Nueva España, llamados "criollos" en otras regiones, pero que en el noroeste eran simplemente españoles. La mayoría de estos 15 000 individuos estaba formada por mestizos, mulatos y negros que llegaron de otras provincias de la Colonia, como Guadalajara, Zacatecas y Durango. Asimismo, podemos observar que en la provincia de Sinaloa el número de indígenas superaba con mucho al de los otros grupos sociales, mientras que en las cuatro provincias restantes los indios eran la minoría. La diferente composición étnica y social de la población influyó sobre las formas de vida de cada provincia.
A diferencia de lo ocurrido en el siglo anterior, en el XVII hubo gran afluencia de pobladores no indígenas hacia el noroeste. ¿Qué era lo que atraía a estos colonos? ¿Qué buscaban en las lejanas provincias de la costa noroeste? A grandes rasgos podemos responder que uno de los principales imanes fue la plata, como sucedió en otras provincias de la Nueva España. En el curso del siglo XVII las cinco provincias se volvieron mineras en mayor o menor grado. Los tres grandes centros productores de plata, Álamos, en la provincia de Sinaloa; Cosalá, en la de Culiacán, y El Rosario, en la provincia de su nombre, se descubrieron en ese siglo y estuvieron en actividad por muchos años.
Además de la minería, a los colonos que establecieron empresas productivas les interesó la pesca de perlas en el Golfo de California, el comercio en el interior de las provincias, en las aledañas y con los principales centros mercantiles, que eran las ciudades de México, Guadalajara, Durango y Parral. La arriería era en aquella época una ocupación de primera importancia, que implicaba mucha responsabilidad y daba prestigio a quienes la practicaban. La cría de ganado mayor y menor, la explotación de las salinas, las pesquerías y la producción de pescado seco, así como la fabricación de artesanías, fueron también actividades económicas de los colonos españoles y mestizos.
En cambio, la agricultura resultó ser una ocupación poco atractiva para los colonos del siglo XVII; hubo agricultores españoles, pero este ramo era atendido sobre todo por los indios. Los mestizos y los mulatos trabajaban como jornaleros al servicio de las empresas de españoles.
Además de sus ocupaciones habituales, los colonos debían servir en las milicias. Como no había ejército profesional, fuera de las guarniciones presidiales, los mismos vecinos debían velar por la seguridad de sus familias y de sus propiedades, que podían ser amenazadas en cualquier momento.
El real de minas
El trabajo
La organización eclesiástica
